Camilo Alzate / Comunicaciones CIVP /

Los periódicos del mundo abrieron esta semana con una mala noticia para el Pacífico: el precio del oro está disparado en los mercados internacionales y la onza, que ahora se cotiza sobre los 1.500 dólares, podría subir hasta un record histórico de 1.700 a finales de este año. En tiempos de zozobra económica, dicen, los grandes inversionistas suelen comprar oro. Siempre habrá alguien dispuesto a arrancar hasta el último gramo de aquel metal del fondo de la tierra, aunque para eso tenga que arrasar selvas y envenenar ríos. Siempre habrá alguien dispuesto a comprarlo, aunque sepa que con su dinero está pagando la devastación de regiones enteras del planeta. Eso es lo que los economistas neoliberales llaman «la mano invisible del mercado».

El Pacífico y sus gentes llevan quinientos años sufriendo por el oro. Sufrieron el exterminio los indígenas Noanamaes, Citaraes y Chocoes con la conquista española en pos de las minas y luego sufrieron los africanos esclavizados que morían de paludismo y azotes en los enclaves mineros de Nóvita y Barbacoas. Sufrieron los negros en Condoto y Andagoya cuando la empresa norteamericana Pacífico Mining Company dragó el fondo de sus ríos dejando sólo cascotes, sólo miserias. Y siguen sufriendo en Puerto Conto o Paimadó, en el San Juan o en río Quito. Ahora las dragas son operadas por brasileros y mercenarios de cualquier parte del país que vienen a hacer fortuna a costa de la destrucción del territorio ancestral de las comunidades.

Se calcula que sólo el 20% de la producción aurífera en Colombia es legal. El grueso del oro que exporta el país proviene de entables ilegales a gran escala, sin ningún respeto por el medio ambiente ni por las comunidades aledañas. La utilización de dragas, retroexcavadoras e insumos como cianuro y mercurio, han convertido muchos ríos del Pacífico en cauces venenosos con graves afectaciones para los habitantes y la naturaleza. Antioquia y Chocó concentran la mayor parte de esta producción. Con frecuencia estos entables pertenecen a inversionistas ligados a mafias del narcotráfico, además, la minería ilegal ha sido uno de los medios habituales de financiamiento de los diferentes grupos armados en el marco del conflicto las últimas dos décadas.

Sin embargo, la ilegalidad sólo es una parte del problema. El incremento del valor del oro en los mercados internacionales aumenta la presión que ejercen las grandes compañías multinacionales por apoderarse de los territorios del Pacífico. Varias compañías obtuvieron títulos mineros durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe con millones de hectáreas en concesión para realizar explotaciones de yacimientos a lo largo y ancho de todo el país. Según datos recopilados por el Observatorio Pacífico y Territorio, en la región del Pacífico estas empresas poseen 270 títulos mineros que abarcan 724.166 hectáreas, la mitad de esta inmensa área se encuentra sobre resguardos indígenas o tierras colectivas de las comunidades negras, también existen 80 solicitudes en curso más 49 bloques de Áreas Estratégicas Mineras que según la ley podrían ser entregadas a particulares. Si estas explotaciones (que son legales) llegan a materializarse, aquello significará un desastre incalculable para los ecosistemas y las comunidades.

Los impactos de la minería y su relación con el conflicto armado serán tema de investigación en varios de los casos que la Comisión Interétnica de la Verdad ha priorizado para las subregiones del Pacífico, puesto que la minería a gran escala es uno de los factores de daño al territorio que más han contribuido al desmembramiento social y cultural de las comunidades.

A continuación compartimos una impresionante serie del fotógrafo norteamericano Seteve Cagan, quien retrata la devastación que ha dejado la minería a gran escala en los ríos Quito, Bebará y Bebaramá, todos afluentes del Atrato en el Chocó.

Fotografías de Steve Cagan.