La suerte de las 62.000 personas que componen los pueblos Awá de Nariño y Putumayo y Embera y Senú en Antioquia debería estremecer a Colombia: 427 de sus miembros han perecido desde 2002 víctimas de masacres, homicidios selectivos y minas antipersonales.
Con el objetivo de llamar la atención de las autoridades para que se ponga freno a este desangre que se ha cometido en la más grande impunidad, el Programa Presidencial Indígena presentó en una audiencia pública la semana pasada un informe sobre la dramática suerte de esos tres grupos.
Uno de los pueblos indígenas más golpeados en Colombia por el conflicto armado es el de los Awá.
Sus escasos 36.000 habitantes han sufrido 344 homicidios en los dos departamentos donde viven, Nariño y Putumayo, entre 2002 y julio de este año. Si se hiciera un promedio anual, los Awá tendrían una de las tasas de asesinatos más altas del mundo.
La aplastante mayoría de esos hechos ha tenido lugar en Nariño, sobre todo en los municipios de Barbacoas y Ricaurte, centros de la confrontación donde las Farc han minado los caminos al punto que, en ocasiones, obligan a los habitantes a no transitar después de las seis de la tarde, hora en que ponen las minas.
Los Awá han padecido siete masacres, con 56 muertos. Otros 42 fallecieron víctimas de minas. Los demás han sido asesinados selectivamente. Entre las víctimas mortales hay 20 niños y 34 mujeres. Aunque vienen disminuyendo desde 2009, el año más crítico, cuando hubo 78, las muertes han continuado. En este año van 11.
A las Farc se atribuyen la masacre más terrible y casi un centenar de asesinatos, 40 a los grupos sucesores de los paramilitares y 20 a las Fuerzas Militares. Cerca de la mitad del total, sin embargo, no tiene autor atribuido.
Según el informe presentado en la audiencia, en Antioquia 83 Embera (20.000 personas) y Senú (unos 6.500 en el departamento) fueron asesinados en el mismo periodo. Muchos de los muertos son líderes y gobernadores. Junto con los Awá, estos pueblos figuran entre los 34 grupos indígenas que la Corte Constitucional, en su auto 004 de 2009, declaró en peligro de extinción por el conflicto armado al tiempo que exigió al Estado protegerlos.
Para la ONIC, los pueblos en riesgo son casi el doble y cobijarían a 900.000 personas. La triste constatación, hecha también en otra audiencia que tuvo lugar esta semana en la Corte, es que esa protección brilla por su ausencia.
De ahí el llamado del programa. “Si no aunamos esfuerzos todas las entidades públicas y las autoridades indígenas, seguiremos registrando vulneraciones sin que nada cambie”, dijo el día de la audiencia Gabriel Muyuy, director del mismo. El gran problema es que esta situación no es nueva y, no solo en el caso de estos tres grupos sino de varios otros, viene de años atrás. Pueblos como los Kankuamos en la Sierra Nevada, los nasa en Cauca y otros han sido diezmados por los grupos armados y la guerra.
Uno de los elementos más preocupantes del informe presentado por el Programa Presidencial es la débil actuación de la Justicia. Por todos los hechos de violencia registrados en los tres pueblos en cuestión se han abierto 150 procesos penales. Solo cuatro han llegado a sentencia y, aparte de una absolución, apenas en tres casos fueron condenados los autores de los homicidios.
El informe registra que, en la Fiscalía Especializada de Tumaco, un fiscal y un secretario tienen cerca de 6.500 casos. En Pasto, los fiscales especializados tienen un investigador hasta para 2.000 procesos.
En la audiencia se hicieron recomendaciones a las instituciones involucradas, en particular a la Fiscalía, y fueron acogidas. El problema es que, con la patética situación presupuestaria y de personal de la Justicia, no está claro que esta logre responder al inmenso desafío de proteger a estos pequeños pueblos que están en primera línea de la guerra, literalmente como carne de cañón.
