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Han tenido que pasar 17 años para que las víctimas de Bojayá retornen a su tierra y sean sepultadas según los usos y costumbres ancestrales del pueblo negro del Atrato. Después de un largo procesos de exhumaciones y equívocos, Medicina Legal y la Fiscalía culminaron la identificación de 72 cuerpos de los 84 restos que quedaron tras la masacre.

Los restos, que fueron exhumados de cementerios y fosas comunes en Bellavista, Pogue, Napipí y Vigía del Fuerte, regresaron al Atrato el 11 de noviembre en 98 cofres de madera que hicieron un recorrido simbólico en bote para ser velados en el pueblo durante una semana, antes del sepelio colectivo, que ocurrió el lunes 18 de noviembre a partir del mediodía. Conmovedoras escenas de dolor se vivieron durante todos estos días en Bellavista, donde las familias recibieron los restos con las explicaciones técnicas de los peritos de la Fiscalía.

Bojayá tienes tristes records en la historia del país. Allí ocurrió una de las peores masacres de nuestra historia, el 2 de mayo de 2002, cuando la guerrilla de las FARC disparó una pipeta bomba contra un comando paramilitar atrincherado en el pueblo, pero la bomba cayó en la mitad de la iglesia, donde había más de quinientos civiles resguardándose del fuego cruzado. 79 personas murieron y 220 quedaron heridas, muchos más morirían después por secuelas a raíz de ese hecho. La comunidad habla de 98 víctimas, incluyendo a 9 niños no nacidos que estaban en el vientre de sus madres. Ahora en Bojayá se realiza la mayor entrega colectiva de restos en la historia del país.

“No podemos olvidar que la responsabilidad acá es de tres actores”, dijo durante el acto público en Bellavista el 17 de noviembre Leyner Palacios, secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Palacios se refería a la responsabilidad del Estado en estos hechos, por la omisión al cumplir su rol de protector de las comunidades. Además, luego se probó que el ejército colombiano actuaba en franca connivencia y complicidad con los grupos paramilitares, que también habían cometido atrocidades contra la población. Palacios, nativo de Pogue, un caserío adentro del río Bojayá, perdió a 32 familiares con la masacre y hoy es un reconocido líder y gestor de paz en el país.

Aunque las FARC pidieron perdón por estos hechos en 2015 y realizaron acciones de reparación colectiva con la comunidad, ni el Estado ni los paramilitares han asumido su responsabilidad en la masacre. Por eso las víctimas esperan que los militares tengan que declarar sobre estos hechos ante la Justicia Especial para la Paz, en uno de los casos colectivos que fue presentado ante este tribunal en días recientes. Es la oportunidad de que los bojayaceños y el resto del país conozcan por fin toda la verdad.