A los departamentos del litoral les llegó tarde el conflicto. Pero les llegó.
En poco más de un mes, en Buenaventura, el mar ha arrojado a orillas y esteros los cadáveres de cuatro hombres. Las olas sacaron la semana pasada los restos descuartizados de un joven a la calle Guarapera del barrio Lleras. El lunes flotó el cuerpo de un universitario.
La sangría enmudece a los casi 500.000 habitantes del puerto. También aparecen mutilados o baleados en callejones empedrados, rodeados de casitas humildes, como en el barrio Bolívar.
Esos crímenes, en una ciudad donde opera el puerto más movido del comercio exterior de Colombia mientras la pesca agoniza, hacen parte de una saga violenta de la última década en los cuatro departamentos (Valle, Cauca, Nariño y Chocó) del Pacífico. Ya no solo es el narcotráfico y el comercio de armas, sino la confrontación de grupos armados por la minería ilegal y el contrabando.
La mortandad resulta silenciosa. Solo los obispos denuncian. El docente e investigador de la universidad del Valle Carlos Augusto Viáfara dice que el país no se ha enterado del crudo momento que vive el Pacífico colombiano. En su opinión, en todos los ámbitos, la condición étnico-racial incide en ese olvido como en las profundas desigualdades de la población afrocolombiana frente a la no afrocolombiana.
Hay quienes sostienen que, como todo, el conflicto llegó tarde al litoral. Aunque hubo campanazos, como el de diciembre de 1997 cuando paramilitares, para reducir a un fortín guerrillero, dejaron regueros de muertos por sospecha en Riosucio (Chocó).
Buenaventura y Tumaco (Nariño), el otro puerto pacífico, fueron las ciudades colombianas donde más se disparó la criminalidad a partir del 2001. Las cifras coinciden con el trasteo de los cultivos de coca del Putumayo, a donde llegaba la acción del ‘Plan Colombia’.
Chocó se enredó desde entonces en un torbellino entre los desplazamientos y las ‘fronteras’ marcadas por grupos armados. El oro lo acaparan inmigrantes antioqueños y se revende en Medellín. La coca es objeto de una sangrienta pugna. El gobernador chocoano Hugo Tobar admite que allí están todos los grupos armados del país. “Hay avances en seguridad, pero reducir la deuda histórica con Chocó requiere no solo aumentar pie de fuerza, sino la inversión social”.
Los tumaqueños se dieron cuenta de la ‘invasión’ ordenada por ‘don Berna’ y luego por ‘Macaco’, el 19 de septiembre del 2001. A plena luz del día y en el centro urbano, de ocho disparos, sicarios asesinaron a la directora de la Pastoral Social de la Diócesis, Yolanda Cerón, luchadora de los derechos de la población.
El puerto nariñense es escenario de todas las fases del negocio coquero y minero. La situación ha empeorado, como lo admite el gobernador de Nariño, Raúl Delgado. “Si hay una región que necesita la paz esa es Nariño”, dice.
Los más de 330.000 habitantes de los municipios nariñenses de Barbacoas, El Charco, Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco padecen ese cuadro. El proyecto Instituciones ad hoc para Municipios en Colombia, impulsado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung e Idea Internacional, en su análisis de 2001-2011, advierte que Tumaco reportó 2.063 homicidios, 13 masacres, 45 víctimas de minas y 56.092 desplazamientos. Detrás de este inventario siniestro están los frentes 29, 48 y la columna móvil ‘Daniel Aldana’ de las Farc; la columna ‘Mariscal Sucre’ del Eln, y ‘paras’ que no se salieron de la región tras las desmovilizaciones de las Auc y se bautizaron ‘Rastrojos’ y ‘Águilas Negras’.
La Policía, el Ejército y la Armada no bajan la guardia pero son territorios extensos de geografía laberíntica.
La minería ha crecido en los tres últimos años, según el comandante de la IV Brigada de Infantería Marina, coronel Carlos Castillo, quien dice que la fiebre del oro recrudeció en Santa Bárbara, El Charco y Barbacoas.
En el litoral caucano, unos 60.000 pobladores de Guapi, Timbiquí y López de Micay sufren la violencia que se extendió cuando el glifosato les corría la cerca a cultivos ilícitos en Nariño.
En zona rural de Timbiquí, hombres de camuflado y armados, como una nueva generación de paramilitares, custodian las minas y los turnos de trabajo. “Una zona de muy difícil acceso, casi cuatro horas en lancha río arriba, donde hay entables más grandes que un estadio, donde en cada uno hay entre 500 y 600 personas en minas de cielo abierto”, señala un investigador.
El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, dice que el litoral caucano es visto desde el gobierno central “como si fuera otra Colombia. A su vez, el padre Hilario Cuero, del Vicariato Apostólico de Guapi, anota que “la gente está cansada de las problemáticas de miseria”. La riqueza no se queda por allá.
Buenaventura recibió la andanada violenta desde fines de los 90, pero la pugna entre las Farc y los paramilitares, para dominar rutas a Ecuador y Panamá, ardió en el 2004. Las Fuerzas Armadas anunciaron el 15 de junio de 2007 la muerte de Milton Sierra, alias ‘JJ’, líder del Frente Manuel Cepeda de las Farc, al que se le atribuye el secuestro de los 12 diputados del Valle; y luego de Neftalí Umensa ‘Mincho’, del Frente 30, muerto el 20 de octubre de 2011.
En el narcotráfico, antes mandaban los Patiño Fómeque, el ‘Joven’ o ‘W’ u ‘Olmes’. Luego aparecieron ‘cartelitos’, liderados por ‘paras’ de los bloques Pacífico y Calima. Por esos días, en septiembre del 2009 incautaron 22,4 millones de dólares en contenedores en el puerto, que venían de México. Se presume que eran de los hermanos ‘Comba’.
La coca se ha extendido en los ríos Raposo, Yurumanguí y San Juan. ‘La Empresa’ y ‘los Urabeños’ cuando no se alían, se matan entre sí.
Son dos monstruos de mil cabezas que extorsionan en las cinco plazas a vendedores de plátanos, gallinas, pescado o cocadas, con cuotas así sea de mil pesos día, so pena de morir.
Les sucedió en Bellavista a los comerciantes de queso Wilson Ortega, de 51 años, y Arley Queny Riascos, de 27, el 16 de junio. Por ese doble homicidio, en agosto, el comandante de la Policía Valle, coronel Mariano Botero, reportó la captura de alias ‘Pibe’, ‘Maelo’, ‘Iver’ y dos mujeres, presuntos ‘Urabeños’. El oficial convoca a denunciar a esos grupos.
Solo en reserva se habla de las casas ‘de pique’ para descuartizamientos. Nadie cuenta las desapariciones, muchas sin denunciar y no pocas que se ocultan en el mar.
En Buenaventura, ya los muchachos no sueñan con ser polizones en la panza de buques, rumbo a los ‘Yores’. Hoy se juegan la vida por hacer ‘mandados’ (crímenes) o por llevar cocaína fuera de la bahía a lanchas y a los semisumergibles de la banda ‘los Culimochos’. Los que no, buscan fortuna en el oro, que tiñe de cianuro, mercurio y sangre las cuencas de los ríos.
‘Asesinar no es nada raro en Tumaco’
El obispo de Tumaco, Gustavo Girón, revela que en los 10 municipios del Pacífico de Nariño el conflicto no se ha frenado ni con más batallones.
¿A qué se debe esa violencia?
Uno de los generadores es la pobreza; otro, los grupos armados; y la política, pues hay elementos de corrupción; y, a veces, la inoperancia de las autoridades frente a los problemas.
¿Qué tanto influyen las bandas criminales?
Muchas de esas bandas se han ubicado en el área por ser fronteriza con el Ecuador, con pocas vías y cerca del mar.
¿Sí han sido eficaces las estrategias contra la coca?
No lo creo, porque el narcotráfico encuentra poca vigilancia, fácil comunicación marítima y corrupción.
¿Sirvieron los batallones y el aumento del pie de fuerza?
Han beneficiado, aunque lamentablemente no frenan los elementos generadores de violencia. Hay normas legales que hacen que ni el Ejército ni la Policía puedan actuar. Veo como una pugna entre fuerza pública y digamos la fuerza legal, por corrupción, a veces, de instancias judiciales.
¿Qué tanto colaboran las comunidades?
El miedo es algo que no se puede evitar y no es gratuito. De hecho, el asesinar no es una cosa rara aquí. La fuerza pública protege hasta cierto punto. Nuestro mensaje es el de la paz, pero sabemos que tenemos que estar en guardia y que el peligro continúa.
La crisis de Buenaventura
Desde hace nueve años, cuando monseñor Héctor Epalza llegó como obispo de Buenaventura, se convirtió en un crítico de la falta de políticas sociales para una región golpeada por la extrema pobreza y la violencia.
¿Qué se ha hecho desde la Diócesis de Buenaventura?
En todos los niveles del Gobierno hemos hecho esas denuncias. Esa situación todo el mundo la sabe y creo que tenemos un eco internacional y nacional, porque se quiere que Buenaventura sea como un espacio de estudio de atención especial de toda esta crisis humanitaria que se vive en Colombia. El reclutamiento forzado de menores ha sido denunciado por diferentes organizaciones, pero la comunidad calla.
¿Qué sabe de ese fenómeno?
El reclutamiento sigue. Hace unos 15 días, actores al margen de la ley fueron hasta una institución a sacar a dos jóvenes para obligarlos a entrar a sus filas y la comunidad reaccionó y logró quitárselos. El problema es que con el desempleo de Buenaventura para algunos es una tentación la propuesta de meterse de sicarios por unos pesos. En los barrios de bajamar hay miedo, al despacho llegan madres con sus hijos e hijas que viven el drama diario de ser intimidados con armas.
