Después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las farc, en Tumaco la violencia muestra el peor rostro de la degradación del conflicto armado, situación que ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afros poniendo en riesgo la construcción de autonomía territorial y política.
Por: Jesús Alfonso Flórez López, asesor de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico
El Pacífico colombiano concentra la mayor diversidad biológica por unidad de área en el planeta, aunque siempre que se piensa en este factor la mirada se torna hacia la Amazonia. Esta riqueza endémica dialoga con el componente humano que se caracteriza por la pluralidad étnica y cultural de los pueblos indígenas awá, eperara siapidara, katio, chamí, wounaan, embera dobidá y tule; del pueblo afrocolombiano con sus múltiples expresiones, y de los asentamientos de moradores del interior del país.
En el Pacífico también está el área más grande de territorio colectivo titulado a la población afrocolombiana, que junto con los resguardos indígenas conforman un área aproximada de 7 millones de hectáreas separadas del mercado, pues se caracterizan legalmente por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.
En el caso específico del municipio de Tumaco (Nariño), la titulación colectiva se refleja en 15 resguardos indígenas conformados por 72.912 hectáreas, y a su vez existen 15 títulos colectivos de comunidades negras con 175.570 hectáreas. Según los datos del Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Alcaldía, esto representa el 19 % de los indígenas en relación con el área municipal y el 46,47 % de la población afrocolombiana, para un total de titulación colectiva étnica del 65,5 %.
Desde mediados de los años noventa esta región se constituyó en el último escenario de ampliación y copamiento del conflicto armado que aún no termina en el país a pesar del Acuerdo Final de Paz vigente entre las farc y el Gobierno. En ese lugar la violencia ha mostrado su degradación y profundización más severas, poniendo en crisis los procesos étnico-territoriales de construcción de autonomía territorial y política por parte de los consejos comunitarios de las comunidades negras y los cabildos indígenas con sus organizaciones.
Sin embargo estos pueblos se han apropiado de la construcción de paz, por ello han tomado muy en serio la aplicación del Capítulo Étnico del Acuerdo. Dentro de este ejercicio se ha hecho necesario aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, a través de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico (civp), creada por organizaciones sociales para trabajar de manera complementaria con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Esta tiene el propósito de esclarecer el daño causado al territorio en el marco del conflicto armado, entendiendo y asumiendo que este es el conjunto de la vida biológica y cultural, y que por ende es un ser vivo y sujeto de derechos; por ello se parte del principio –según sus cosmovisiones– de que la principal víctima es el territorio.
Abandono del Estado
Para llevar a cabo este ejercicio investigativo de la civp, el territorio se ha organizado en 10 subregiones: 5 en Chocó, 1 en el Valle del Cauca, 1 en Cauca y 3 en el Pacífico nariñense, estas últimas conformadas así: Telembí (municipios de Roberto Payán, Magüí y Barbacoas) Sanquianga (Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Olaya Herrera y Mosquera) y Pacífico sur (Francisco Pizarro y Tumaco).
Dichas subregiones presentan indicadores sociales que reflejan el histórico olvido de la región por parte del Estado. Los datos recogidos por el secretario de pastoral social de la Diócesis de Tumaco muestran que en Sanquianga el índice de necesidades básicas insatisfechas (nbi) es del 81 %, en Telembí del 76 % y en el Pacífico sur del 50 %, lo cual refleja las dificultades para el acceso a derechos como la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda y el empleo.
En cuanto a la cobertura en educación, en la zona del Telembí es del 5,50 %, en Sanquianga del 5,7 % y en el Pacífico sur del 12,7 %. En calidad educativa estos municipios están cinco puntos por debajo de la media departamental.
Con respecto al agua potable, los municipios del Pacífico nariñense presentan una cobertura por debajo del promedio departamental, que está en 67,7 %, en Telembí es del 18,67 %, en Sanquianga del 6,16 % y en el Pacífico sur del 35,1 %. La evidencia de los datos convierte a estas carencias en la simiente de un conflicto que parece interminable.
Desplazamiento, desapariciones y asesinatos
El esclarecimiento de la verdad sobre el daño al territorio en Nariño constata que aunque Tumaco concentra la atención de lo que acontece en el Pacífico en este departamento, también refleja el conjunto del conflicto armado en todas las subregiones. Este municipio es el ejemplo más claro de lo compleja que ha sido la consolidación del posacuerdo en Colombia; aunque allí se construyó un espacio territorial de capacitación y reincorporación (etcr), tanto los excombatientes como las deserciones y los cumplimientos del Gobierno lo han ido desconfigurando.
La fuerza pública no tuvo en la región una ocupación organizada y efectiva de los territorios dejados por las farc, aunque se sabía que desde hace tres décadas el flagelo del narcotráfico golpeaba intensamente este territorio.
La realidad que afronta el puerto nariñense es una de las razones por las que la violencia no se haya detenido con la firma del Acuerdo de Paz, sino que, por el contrario, se haya ampliado, pues se liberó el control y se diversificó el control de los cultivos. Ello ha provocado una mayor desestabilización, como lo indican los datos que registra la civp en un documento entregado el pasado 7 de enero al presidente de la República, Iván Duque Márquez: Los habitantes la Región Pacífica nariñense, en especial los líderes sociales, afrontan el incremento de los hechos de violencia y la violación a los Derechos Humanos, como lo reflejan los hechos sucedidos entre octubre de 2019 y enero de 2020: el asesinato el 30 de octubre en el corregimiento La Guayacana de Huber Cortes Vallecilla, fiscal de la Junta del Consejo Comunitario Unión de Cuenca del municipio Roberto Payán, adscrito a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño (Asocoetnar).
El desplazamiento forzado de unas 100 familias el 29 de noviembre de 2019; los enfrentamientos entre grupos armados los días 5 y 6 de diciembre en el municipio de Roberto Payán que provocaron el desplazamiento de 300 familias; son algunas del miedo, el desarraigo y la zozobra que provocan tales hechos en la población negra e indígena de esta región; además de la violación a sus derechos personales y como grupo étnico.
Otro foco sobre el cual se debe centrar la mirada es a la desaparición forzada, cuyos datos ascendieron en 2018 a 577 de personas, como lo ha registrado el Centro Nacional de Memoria Histórica.
No obstante tales hechos, hay acciones que están contribuyendo a aminorar los efectos del posacuerdo en la región; por ejemplo, el acompañamiento que lidera la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco al proceso de desmovilización de un grupo de jóvenes agrupados en pandillas urbanas al servicio de los diversos actores violentos. Este, como otros esfuerzos realizados por diversas organizaciones sociales, indica que las comunidades locales siguen creyendo que la construcción de paz negociada es el camino propio para superar este conflicto prolongado.
*Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Este artículo fue publicado originalmente en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia, edición No. 224, marzo de 2020.
