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TEXTO DE LOCUCIÓN: En el Pacífico colombiano, la historia minera ha sido de abundancia y saqueo. En el siglo 17, el actual territorio colombiano produjo oro y lo envió a España a razón de tres, cuatro o más toneladas métricas por año, aproximadamente el 25% del oro que circulaba en Europa.
En 1727 había ya 3.500 esclavizados negros en las minas del Chocó, que junto con Barbacoas en Nariño, eran los productores más importantes durante el segundo ciclo de oro de la Colonia. Y aunque en el siglo 19 la producción de oro bajó, tuvo un repunte a partir de 1916, año de la llegada de la compañía Chocó Pacífico.
Entre 1948 y 1972, la Chocó Pacífico extrajo metales por valor superior a 196 millones de dólares. Durante 1964, una sola draga remitió a New York 90.000 onzas de platino, mientras las regalías para los municipios, escasamente sobrepasaron los ciento cuarenta mil pesos.
El espejismo consiste en poseer un territorio lleno de riquezas, pensar que se pueden aprovechar, pero al final, por acción de políticas de los gobiernos son los foráneos quienes las disfrutan. Esto lo demuestra la situación que han vivido los pobladores del Pacífico colombiano, con los índices más altos de pobreza, desempleo, analfabetismo e insalubridad.
El drama diario de miles de mineros y mineras tradicionales por buscar el mineral para la supervivencia de sus familias, es la acción que los separa del Estado, en tanto no son ciudadanos-empresarios productores de excedentes y generadores de impuestos, pero si habitantes de un territorio potencialmente rico.
El Estado, por su parte, ha hecho una apuesta económica basada en el poder de las mineras multinacionales, para responder a los requerimientos internacionales, plasmados en los tratados de libre comercio.
La administración de Álvaro Uribe Vélez, a través de Ingeominas, se caracterizó por entregar cerca de nueve mil concesiones mineras en Colombia, aún en sitios vedados: En los parques nacionales, en los páramos, en reservas forestales protectoras, que son las que garantizan el agua de consumo de los colombianos, y en áreas Ramsar reconocidas para proteger humedales.
En cuanto a las concesiones en los territorios indígenas y afrocolombianosfueron otorgadas sin consentimiento previo, violando disposiciones internacionales.
Solamente la empresa Anglo Gold Ashanti posee 389 títulos registrados en diversos municipios colombianos, de los cuales 67 se encuentran en el Chocó y Atrato antioqueño, en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas. En el alto Atrato tiene cerca de 55 mil hectáreas en territorios de la organización afrocolombiana COCOMOPOCA, ubicados en Bagadó y Lloró. Igual suerte corren los consejos comunitarios y cabildos indígenas de los municipios litorales de Nariño, Cauca y Valle, con las concesiones a otras empresas.
El otorgamiento de títulos mineros en el cerro Careperro a la Anglo Gold Ashanti, pero principalmente a la empresa Muriel Mining Corporation que empezó trabajos de exploración sin cumplir con los requisitos legales, ha afrontado la resistencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
El proyecto Mandé Norte fue concesionado a la empresa La Muriel para la explotación de oro, molibdeno y cobre, y abarca principalmente el Cerro sagrado de los Embera.
El primero de enero de 2009, La Muriel inició trabajos de exploración con el respaldo de las brigadas del ejército XV y XVII, quienes afrontan denuncias por asesinatos y desapariciones de habitantes de estas comunidades.
Desde ese entonces se hallan desaparecidas tres personas. En los mismos operativos quemaron ocho tambos indígenas. En los años 2007 y 2008 el ejército bombardeó las comunidades de Islas y Coredó.
En razón a estas violaciones y a que La Muriel no realizó de manera debida la consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de los trabajos de minería hasta tanto no se salvaguarde el Derecho a la Vida, y se realice la consulta previa.
Desde principios de este siglo, el boom de las retroexcavadoras y dragas invadió el Pacífico, empujadas por la nueva fiebre del oro provocada por su elevado precio internacional.
Los innumerables ríos fueron invadidos por las retroexcavadoras y detrás de ellas el negocio de la prostitución, las apuestas y las armas. En Lloró, por ejemplo, pasaron de dos en el 2007 a más de 70 en el año 2009.
Un caso emblemático fue el de Zaragoza, en el río Dagua, cerca a Buenaventura.
La política del uso de las retroexcavadoras deja algunos interrogantes. ¿Hasta dónde el gobierno nacional está ilegalizando el uso de este tipo de minería para poder imponer las multinacionales, sin plantearse los correctivos ambientales y sociales? ¿Si son ilegales, por qué los alcaldes, la fuerza pública y la autoridad ambiental no han puesto freno al sinnúmero de retroexcavadoras? ¿Qué papel han jugado los consejos comunitarios en el control de su territorio con respecto a la presencia de estas maquinarias?
La precaria situación económica de muchos municipios del Pacífico y los grados de corrupción los obliga a optar por la explotación minera, de la misma manera que lo hace el gobierno respecto a las multinacionales y los tratados de libre comercio.
El reto de las organizaciones indígenas y afrocolombianas es hacer valer sus derechos como dueños soberanos del territorio y como responsables del futuro de la región. El dilema está en permanecer en el territorio y construir vida desde las propuestas de etnodesarrollo o dejarse atropellar por la locomotora minera aceptando sus espejismos.
