Es una desgracia para nuestro país que las multinacionales, en medio de su arrogancia y poder económico, tiendan barreras con el aval del gobierno para impedir su ejercicio artesanal, actividad de la cual derivan su sustento miles de compatriotas desde hace varios siglos.
Es perfectamente entendible que hay que cumplir con las normas medio ambientales para ejercerla. Sin embargo, de la norma legal a la criminalidad con graves señalamientos de delincuencia organizada, hay mucho trecho y vergonzoso abuso de autoridad.
Esta suspicacia alcanza a verse a simple vista, cuando observamos, que el manejo político y el poder económico se disfrazan de autoridad con prepotencia de hacer cumplir la ley. Tal el caso del Páramo de Santurbán, de Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia donde existe la “majestad” de la mina de níquel de Cerro Matoso, un potencial económico que si algunas obras de infraestructura ha realizado en la región, no se compadece con las inmensas millonadas de regalías a que tienen derecho sus habitantes.
Pero, lo más desastroso está por ocurrir en la Guajira, cuando están por desviar el cauce del río Ranchería, para dar paso a la explotación minera. No les importa dejar sin agua a sus habitantes y a cambio les ofrecen la construcción de un campo de deportes.
Pero, si nos detenemos en las minas de oro de Marmato en el departamento de Caldas, es otro drama que contar: nos damos cuenta de que sus moradores continúan viviendo en la más absoluta miseria. Su explotación les ha traído todo tipo de problemas sociales y de orden público.
No es desde ningún punto de vista justificable que mientras el gobierno dicta medidas extremas para criminalizar el ejercicio de la minería en favorecimiento de las multinacionales, los nativos de los diferentes recursos mineros del país, que por lo regular son gentes de muy limitados recursos económicos, vivan en medio de la pobreza extrema y la frustración al ver que sus recursos naturales adyacentes están afectados por toda una horda de mafias que sin ninguna consideración por el medio ambiente y el más mínimo respeto por la dignidad y la salud de sus moradores cometen los más denigrantes atropellos.
Según estudios recientemente realizados por investigadores expertos en el tema, las multinacionales que en los últimos dos años se han dedicado a la explotación de yacimientos auríferos y mineros en Colombia, han triplicado sus capitales, gracias a la medida de contención dictada por el gobierno para criminalizar el ejercicio de la minería artesanal.
Lo más preocupante es que las normas que regulan esta materia tratan por igual al más humilde minero artesanal y a las poderosas multinacionales, que en un abrir y cerrar de ojos obtienen sus licencias sin el más mínimo problema. Son cientos las solicitudes de los mineros artesanales que se encuentran represadas, puesto que la ley se hizo únicamente para que los potentados puedan cumplirla.
Valdría la pena que, el Ministerio de Minas y Energía, revisara todos estos casos de injusticia social y de clara violación a los más elementales derechos humanos, que se están cometiendo con los pequeños y medianos mineros de nuestro país.
Todos sabemos que después del carbón, el níquel y el oro son los recursos mineros que más aportan regalías, pero lamentablemente también están contribuyendo a la peor desgracia de miles y miles de familias.
La minería en Colombia que reporta el 2.4 % del total de nuestra economía se encuentra en una encrucijada: por su desorganización y la continua persecución del gobierno a los artesanales, ha dado pie para que sector tan importante de nuestra economía esté camino a convertirse en un paraíso de lavado de activos. Esto podría suceder ya que el 25 % del capital de este delito es proveniente de la minería, según investigaciones reveladas por fuentes oficiales.
De no tomarse medidas efectivas para reorganizarla, seguiremos viendo un sainete de pobreza extrema de los habitantes de los yacimientos, la destrucción medio ambiental y el desarrollo del crimen organizado, manejado por mafias tan poderosas que no dan el brazo a torcer, puesto que es la oportunidad de pescar en río revuelto y hacer lavado de activos por más de 10 billones de pesos anuales.
Conclusión: de nada le sirve al gobierno continuar congraciándose con las multinacionales mineras, si es más el daño social que nos están causando con sus prácticas corruptas están generando todo tipo de desastres ambientales y de problemáticas sociales, escuchar los casos de violencia especialmente contra nuestras mujeres que son asesinadas y violadas, son historias de terror, que el gobierno esperamos, no se esté haciendo el de la vista gorda y que todos los colombianos debemos conocer.
Se habla de funcionarios vinculados al alto poder que coadyuvan con las mafias de las multinacionales mineras en contra de la minería artesanal. Es tarea para que la Fiscalía y los organismos de control entren a investigar todas estas arbitrariedades.
No se justifica que un gobierno, que quiere hacerse reelegir a punta de mermelada, esté también cercenado los derechos de los humildes y las gentes más desposeídas de nuestro país.
La mermelada reeleccionista la está repartiendo entre los políticos y gamonales desvergonzados, y el común del pueblo está recibiendo hiel y vinagre. Esto cuando no es el baño de sangre por los continuos asesinatos a que son sometidos por las poderosas mafias de la minería y otros sectores de la producción, avaladas por el poder del alto gobierno.
Defendamos lo nuestro y explotémoslo con los nuestros, no le hagamos más el juego a las multinacionales mineras, señor presidente.
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