Por un lado, el obispo Juan Carlos Barreto, jefe de la diócesis de Quibdó, denunció que las difíciles condiciones de acceso a esa región, así como la permanente presencia del narcotráfico, son factores que “todo el tiempo están fomentando la violencia y no permiten la llegada de los servicios del Estado”.
De acuerdo con monseñor, “allá no tenemos políticas a favor de la producción agrícola legítima y a eso se suman las frecuentes aspersiones con glifosato que hacen las autoridades, que no solo afectan a los cultivos de uso lícito, sino también a los campesinos que viven allí”.
Monseñor Julio Hernando García, obispo de Istmina, agregó que parte de la responsabilidad por los hechos de violencia recae directamente sobre la Fuerza Pública, porque algunos de sus miembros hacen uso de espacios civiles con el fin de protegerse del fuego de los grupos armados ilegales y en ese cruce de disparos caen heridas personas inocentes.
También denunció la existencia de zonas donde los grupos armados ilegales, llámense guerrilla o bandas criminales son “la ley y se debe hacer lo que ellos ordenen”.
“Esta tragedia humanitaria constante no mejora cuando se conoce de la existencia de varios sitios de excavación minera ilegal, de los cuales los actores armados ilegales se benefician económicamente. Estos sitios de excavación generan también grandes perjuicios al ambiente, puesto que contaminan las aguas fluviales con químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio”, dijo monseñor García.
A las denuncias de los religiosos se sumaron las del Foro Interétnico de Solidaridad. Su coordinador Richard Moreno comentó que “mientras se avanza en La Habana en la paz con las Farc, los paramilitares y bandas criminales siguen apoderándose de nuestro territorio”.
Según él, los constantes enfrentamientos entre los paramilitares y el ELN en la región del río Baudó, generan más desplazamientos cada día, tanto por la vía ‘gota a gota’ como de forma masiva. En este sentido, exigió del Gobierno Nacional “una inversión de presupuesto directa y no a través de sus Fuerzas Militares”.
Adicionalmente, la coordinadora de la Mesa Departamental Indígena del Chocó, Lucy Chamorro, denunció que “derechos de básico acceso como la salud y la educación están en condiciones deprimentes en todo el departamento”.
Explicó que los programas de asistencia humanitaria que a veces llegan de parte del Gobierno Nacional y algunas ONG “son absolutamente insuficientes y no sirven para solucionar esta situación en forma definitiva”.
