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El conflicto armado ha causado daños irreparables a las comunidades rurales de gran parte del territorio nacional y es un hecho aceptado que afectó la vida social y la integridad física de millones de personas. Hechos como el desplazamiento masivo de comunidades y regiones enteras, la usurpación de tierras, las masacres y asesinatos selectivos, son lo suficientemente conocidos y documentados.
No obstante, el análisis de cómo ha operado y se ha desarrollado el conflicto armado en los territorios del Pacífico merece una mirada más particular, puesto que si bien todos estos hechos victimizantes han ocurrido de la misma manera que en otras regiones del país, la forma como terminan afectando a las comunidades étnicas de afrocolombianos y pueblos indígenas asentados en el litoral tiene una implicación más amplia, que debe ser valorada con un marco conceptual distinto.
La vida de los pueblos étnicos ocurre enmarcada en la relación con su entorno natural, que es mucho más que un lugar, un río o un pedazo de tierra: es el territorio, es decir, un conjunto de tejidos entre lo natural, lo espiritual y lo social que forma un equilibrio único y que permite que afrocolombianos e indígenas puedan mantener una identidad propia. Es en el territorio donde están enterrados los ombligos de los niños y también los ancestros, es allí donde habitan los espíritus que le dan sentido a la existencia, es allí donde las comunidades obtienen su sustento en la caza, la pesca y la agricultura. El territorio es todo para los pueblos étnicos: es su pasado y su futuro, es su vida, es su cultura, y es también su sustento. Fuera del territorio la existencia de los pueblos étnicos está seriamente amenazada.
Es por ello que la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico ha centrado su análisis del conflicto armado en la región sobre los daños que se han provocado sobre los territorios, daños que amenazan con destruir por completo las relaciones de las comunidades con su entorno, y por lo tanto, son daños que amenazan con provocar un etnocidio.
En este marco de análisis la CIVP entiende que la confrontación armada no causó únicamente daños físicos e individuales a las personas, sino que el accionar de los grupos derivó en toda una política de arrasamiento de la naturaleza y las lógicas propias de las comunidades, destruyendo la forma tradicional de habitar sus tierras que mantenían afros e indígenas. Por ello la CIVP insiste en diferentes factores que, siempre de la mano con los grupos armados y las lógicas del conflicto, terminaron causando graves daños territoriales. Dos ejemplo claros de ello son la minería mecanizada en el Chocó, un daño ambiental que ha destruido ríos enteros, o los proyectos agroindustriales de palma aceitera en Nariño y Cauca, un daño al uso y control del territorio que ha despojado de sus tierras y tradiciones a las comunidades.
Pero hay otros daños menos evidentes que también afectaron de modo drástico la vida de las comunidades, como el daño a la espiritualidad, que ocurrió cuando el conflicto armado impidió prácticas ancestrales como no permitir que se enterraran los muertos según los usos y costumbres después de la masacre de Bojayá, o cuando provocó un desorden de los espíritus indígenas que acabó por motivar oleadas de suicidios entre los jóvenes.
En ese sentido, el mandato de la CIVP es analizar caso por caso las diez subregiones del Pacífico colombiano para esclarecer cómo el conflicto armado generó graves daños al territorio poniendo en riesgo la vida y existencia de las comunidades étnicas.
