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Actualidad

Pobladores de varios municipios del litoral nariñense entre la espada y la pared

By diciembre 31, 1969No Comments

El litoral nariñense con una geografía de mar, esteros, islas y mangle, es una región rica en minerales, biodiversidad y en culturas. Las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas Eperara Siapidara, que en el pasado vivieron en armonía, compartiendo un territorio donde la palabra era ley, y donde la mayor parte de los conflictos  los dirimían mediante el diálogo y la guía de los mayores, hoy están confinados en su propio territorio, amenazados por los grupos armados legales e ilegales, por la minería ilegal y por las permanentes fumigaciones aéreas que afectan no sólo los cultivos ilícitos, sino, y en mayor medida, los cultivos de pancoger.

La llegada del consumismo voraz con nuevos comerciantes «paisas» ofreciendo productos «modernos» fue creando la necesidad de la búsqueda individual de réditos económicos. Estos también fueron ofertados a través del cultivo de coca y la creación de sus laboratorios. De esta manera llegó una bonanza coquera que a la vez que dejaba una estela de electrodomésticos, motores fuera de borda, armas, cantinas y casas de prostitución, provocó que el control territorial lo asumieran los grupos armados ilegales. De esta manera los pobladores fueron testigos de las vendettas por el comercio de la droga, de los muertos que bajaban por los ríos Sanquianga, Salaquí, Patía, Telembí, Tapaje, etc., de la desconfianza entre los pobladores y del desplazamiento.

Algunas lideresas de estos municipios afirman: «Con la llegada de los cultivos de uso ilícito como es la coca al territorio, que traen los foráneos, más conocidos como paisas, se inicia una decadencia o pérdida de arraigos culturales, la alimentación, los jóvenes pierden su dialecto y empiezan a imitar el antioqueño, otros se inician en el consumo de sustancias sicoactivas. Se ha visto en celebraciones de cumpleaños que en las tortas que preparan le adicionan alguna sustancia o a las bebidas alcohólicas, etc.

En el caso de Olaya Herrera, para el año 2007 era uno de los municipios con mayores cultivos de coca. Tres años después las fumigaciones aéreas crearon una crisis en los cultivadores de coca que generó hambre y desplazamiento ante la ausencia de alternativas económicas. Pero no solamente esto, las fumigaciones afectaron los cultivos lícitos, sustento de las familias: fueron fumigadas la naranja, el cacao, el plátano, la papachina, pepepán, aguacate y la caña, entre otros cultivos.  

Hoy el territorio de Olaya herrera pasa de cultivador de coca a zona de acopio, consumidor y cristalizador de coca, traída de los diferentes municipios aledaños como El Charco, La Tola, Roberto Payan, Mosquera, Guapi y Timbiquí. Pero lo preocupante para los padres, madres, líderes comunitarios, y parroquiales y personas que se inquietan un poco de la situación es que los adolescentes, jóvenes y algunos adultos están consumiendo de manera indiscriminada y en muy alto grado las sustancias sicoactivas, en especial perica y pepas. Otra persona nos dice que «jóvenes que toda la semana trabajan arduamente para el fin de semana consumir de $100.000 hasta $200.000 mil pesos en compra de estas sustancias».

Las mujeres olayenses también son botín de guerra. Cuenta una de las lideresas que en el «barrio llamado La Pista, de unos 500 habitantes, el 80% son mujeres y de estas el 67% son madres cabezas de hogar; sus hijos son de policías, guerrilleros, paramilitares y en especial soldados de la Infantería de Marina y Ejercito Nacional».

Los grupos armados son los directos responsables que las niñas de muchos territorios del Pacífico colombiano sigan teniendo hijos/as sin padres; se encuentran jóvenes que comentan desprevenidamente a sus amigas y personas que el papá de su hijo mayor es un soldado, el del segundo es de un paramilitar y el tercero de un guerrillero. La misma lideresa complementa: «Cuando tú les preguntas por qué tienes hijos con estos hombres, ellas manifiestan sin temor alguno y con la sinceridad que las caracteriza `porque a ellos les hacen traslados y uno no puede seguirlos o no les permiten trasladarse con las mujeres`. En muchos casos hay niños/as que son productos de violaciones, en otras ocasiones por el desconocimiento de sus derechos como niñas y mujeres.»

En el municipio de Mosquera, Nariño, de doce mil habitantes aprox., la inseguridad ha desbordado a sus pobladores. Antaño, cuando los visitantes llegaban a este territorio eran recibidos con sonrisas en los rostros, pues Mosquera era tierra de paz. Pero todo ha cambiado, la sonrisa se ha borrado ante la situación difícil de orden público que vive la comunidad.

El día 10 de enero de 2014 un grupo desconocido llega a la casa de un señor prestante, lo amenazan, lo tortura  y lo matan de un golpe en la cabeza, a su mujer la amarran la amedrantan y le exigen información sobre sus recursos económicos y cosas de valor que tienen en su vivienda; este hecho ocurrió en la esquina aledaña a la Estación de Policía Nacional. Ocho días después un joven a plena luz del día roba a una vendedora de chance, el joven es llevado a las autoridades y posteriormente es dejado en libertad sin que se le responsabilice del delito.

En la zona rural de este municipio, caracterizado por ser territorio colectivo de comunidades negras, las personas no pueden salir a realizar sus faenas de pesca. Si salen son atracados dejándoles sin motores, embarcaciones, insumos y en ocasiones les quitan la vida. La situación es grave en la medida que el 80% de sus habitantes viven de la pesca, incluida la concha y otros actividades que se realizan con la marea.

En Pital de la Costa (vereda de Tumaco), y a una hora de Mosquera en un motor de 200 caballos de fuerza, se vive una tensión de conflicto permanente. En el tercer semestre del 2013, Pital estaba dominado por paramilitares de Los Rastrojos; en un acto que repudió toda la población, los paramilitares asesinaron al corregidor del pueblo, persona muy querida por todos. La reacción de algunos pobladores fue apropiarse de dos caletas de armas de los paramilitares y los enfrentaron. Algunos hablan de más de 9 paramilitares muertos. Desde entonces, las FARC dominan ahora la situación en este corregimiento, y los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC se han intensificado aún más. Entre los ataques que han tenido cobertura nacional podemos mencionar el presentado en Pital de la Costa el 30 de marzo donde la columna móvil Daniel Aldana emboscó una patrulla de la Armada dando muerte a un suboficial, hiriendo a otro y a cuatro soldados. Como respuesta, el 2 de abril la Armada abatió a 5 guerrilleros en el río Guisa (Tumaco) relacionados con el anterior ataque.

El 13 de abril, el alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, se hizo presente en este corregimiento para escuchar las necesidades de los pobladores. Allí estuvieron presentes las localidades de Pital de la Costa, Firme los Coimes, Guachal de la Costa, San Juan de la Costa, San Juan Playa, San Sebastián, Pasacaballos y Majagual Playa. Las exigencias eran las mismas: nombramiento de docentes, dotación de plantas de energía para las salas de cómputo de las instituciones educativas y las viviendas, mejoramiento de la atención en salud y registro, más proyectos productivos, integración mediante el deporte, etc. La promesa concreta del alcalde fue nombrar cuatro docentes de manera inmediata, mientras que las otras peticiones debían pasar por estudios previos.

De otro lado, la presencia de las FARC no ha permitido que los Consejos Comunitarios y los Cabildos Indígenas ejerzan plenamente su gobernabilidad. En los municipios de Olaya herrera, Barbacoas, La Tola, Mosquera y Roberto Payán opera las FARC con el Frente 29 y la columna móvil Manuel Aldana. Como una de sus estrategias de propaganda política han puesto afiches alusivos a esa organización y tienen izadas permanentemente banderas en el 80% de sus veredas y lugares de encuentro comunitarios como escuelas, puestos de salud, viviendas, etc. A algunos líderes los obligan a obedecerles y ser portadores de su política revolucionaria, y cuando éstos intentan protestar los han obligado a desplazarse o les han quitado la vida.

Todas estas acciones no permiten que las comunidades hagan el uso adecuado de sus políticas organizativas emanadas de la ley 70/1993. Las comunidades no están ejerciendo la autonomía y control territorial, cada día las amenazas y desapariciones hacen que sus vidas estén en peligro.

En el municipio de Barbacoas, Nariño, se oye decir que es tierra de nadie. O por lo menos no de sus verdaderos dueños: comunidades negras e indígenas. Las torturas, masacres, confinamiento, muertes selectivas, desapariciones, a que han estado sometidas años tras años los habitantes y dueños del territorio es cada día más grave. El día martes 21 enero de 2014 fueron masacradas cinco personas de la comunidad, tres de ellos pertenecientes al Consejo Comunitario Renacer campesino y dos del Consejo Comunitario La Gran Unión del Rio Telpí.

En la primera semana del mes de febrero fueron asesinados dos personas de otra comunidad de este mismo municipio. Lo irónico es que los medios de comunicación masivos no divulgan esta situación de muertes y silenciamiento que viven estas comunidades.

Un líder cuenta que «semanalmente hay un número de muertos, desaparecidos y desplazados gota a gota». Ante la vulnerabilidad permanente, los dirigentes representativos de estas comunidades no pueden ejercer su derecho a la gobernabilidad, autonomía y a la libre expresión en sus territorios colectivos. Muchos Representantes Legales y miembros de la junta de gobierno de los territorios colectivos elegidas en diciembre del 2013 se han visto obligadas a renunciar a sus cargos a cambio de sus vidas y la de sus familias, sólo por negarse a ser portadores de información y estar al servicio de los grupos armados ilegales.

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