Comunicaciones CIVP / Fotografía: Rodrigo Grajales
La primera semana de diciembre se ha conocido una carta pública en la que los obispos de varias diócesis católicas le piden a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y más concretamente al frente de guerra occidental que opera en el Chocó, la la liberación unilateral de tres secuestrados que se encuentran en su poder. El documento es suscrito por Darío Monsalve, Juan Carlos Barreto, Hugo Alberto Torres y Mario de Jesús Álvarez, obispos de Cali, Quibdó, Apartadó e Istmina, respectivamente.
«Este gesto de ustedes [la liberación de los secuestrados] lo consideramos apremiante para impulsar acuerdos de convivencia, tan necesarios en la región», dicen los jerarcas de la iglesia, quienes además se ofrecen como facilitadores. La carta se ha interpretado como un intento de desentrabar los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, que se suma también a los llamamientos hechos al gobierno nacional por reconocidos intelectuales y políticos extranjeros.
A estos llamamientos se suma otra carta dirigida en julio al presidente Iván Duque por Federico Mayor Zaragoza, ex – director de la UNESCO, quién instó al presidente a “suspender temporalmente las órdenes de captura contra las/os emisarios del ELN, para activar ya mismo la Mesa de conversaciones».
La llegada de Iván Duque a la presidencia el 7 de agosto de 2018 terminó de empantanar los diálogos con el ELN sostenidos primero en Quito y luego en La Habana, diálogos que iniciaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Duque no quiso enviar emisarios a Cuba y puso como condición que la guerrilla debía dejar de secuestrar antes de que cualquier funcionario de su gobierno se sentara con ellos a la mesa. Finalmente, el presidente aprovechó un atentado contra la escuela de cadetes de policía en Bogotá para dar por terminadas las negociaciones en enero de este año.
No obstante, la delegación de representantes de esa guerrilla sigue en Cuba y múltiples voces piden a ambos bandos que reinicien los diálogos, o por lo menos, que se respeten los protocolos pactados para su finalización, algo que Iván Duque no ha hecho, pues acusa a Cuba de albergar terroristas y solicita en extradición a la delegación de negociadores del ELN. Recientemente varios académicos e intelectuales, entre los que destacan el prestigioso lingüista norteamericano Noam Chomsky y el premio nobel de paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, pidieron a la Organización de las Naciones Unidas que se salvaguardara al gobierno cubano frente a los hostigamientos diplómaticos de que ha sido víctima desde Bogotá por negarse a extraditar a los negociadores del ELN que permanecen en ese país.
En medio de las tensiones y fricciones diplomáticas, dos declaraciones parecen indicar que hay un ambiente favorable para los diálogos. Una de ellas, la del embajador norteamericano en Colombia, Philip Goldberg, quién dijo en una entrevista con María Isabel Rueda que «en términos generales, sí apoyamos el proceso de paz en el país» y en relación con el ELN aseguró que la decisión estaba en manos del gobierno colombiano. Aquello se interpretó como una clara postura de no entorpecer la negociación, por parte del gobierno de los Estados Unidos. La segunda declaración fue la del comisionado para la paz Miguel Ceballos quién aseguró la primera semana de diciembre que las puertas al diálogo seguían abiertas y las conversaciones se reactivarían si el Ejército de Liberación Nacional dejaba en libertad los secuestrados, que es justamente lo que ahora piden los obispos en su carta a la guerrilla.
Finalmente, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que agrupa a un centenar de organizaciones sociales y étnicas de ese departamento, llamó en un comunicado público del 25 de noviembre a que se reactivara la mesa de diálogos con el ELN, condición imprescindible para aliviar la dura situación humanitaria de las comunidades de esa región del país. Los combates entre esa guerrilla y nuevas estructuras paramilitares en varias regiones del departamento han generado muertes, desplazamientos y confinamientos de comunidades enteras en regiones como el bajo San Juan y el medio y bajo Atrato.
Desde la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico consideramos urgente que se reanuden las conversaciones para aliviar la difícil situación de las comunidades en la región, y así avanzar en una paz completa y duradera que cobije al Pacífico y al resto del país.
