El pasado domingo 10 de octubre, fue enviada una amenaza de muerte por medio de correo electrónico a más de 20 personas y 69 organizaciones sociales y de derechos humanos. La amenaza también fue enviada a la organización internacional de derechos humanos WOLA, con sede en los Estados Unidos, y a los correos electrónicos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en los departamentos de Chocó y Meta.
El autodenominado grupo paramilitar “Bloque Central de las Águilas Negras” señala a las organizaciones sociales y de derechos humanos como “guerrilleros que se cubren el rostro con la fachada de ONG y organizaciones de desplazados y quienes les ayudan bajo el paradigma de defensores de derechos humanos”.
Esta amenaza se suma a otras intimidaciones realizadas también por correos electrónicos en el mes de mayo, cuando muchas de las organizaciones amenazadas ahora fueron también sentenciadas a muerte por parte del mismo grupo paramilitar.
La Campaña nacional e internacional “Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia” hace un llamado urgente a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional frente a estos actos de agresión e intimidación contra organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia, que coartan el legal y legítimo derecho a defender los derechos humanos en nuestro país.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recomendó el pasado 29 de julio al Gobierno colombiano “tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y periodistas”, así como “seguir fortaleciendo el programa de protección del Ministerio del Interior, dotar[lo de] recursos adicionales, conseguir que las medidas de protección tomadas sean coordinadas con las personas beneficiarias y asegurar que agentes de inteligencia no participen en el desarrollo de[l] programa.
La gravedad de esta situación es de tal magnitud, que en sus recomendaciones el Comité también señaló que el Estado “debe proporcionar al Comité información detallada sobre todos los procesos penales relativos a amenazas, ataques violentos y asesinatos de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas en su próximo informe periódico.
Es imperioso que, ante estas amenazas, el Gobierno colombiano adopte las recomendaciones realizada por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cumpla a cabalidad su deber de garantizar la seguridad, integridad y vida de los defensores y defensoras de derechos humanos hostigados por el grupo paramilitar Águilas Negras y por todos aquellos agresores que amenacen el derecho legal y legitimo a defender los derechos humanos en Colombia.
