A las 12:15 del mediodía del 19 de septiembre de 2001 Yolanda Cerón caminaba con un familiar por la esquina de la Iglesia La Merced, frente al Parque Nariño en el centro de Tumaco, cuando un hombre alto le disparó en la nuca, la remató en el piso con cinco tiros más y huyó en motocicleta.
El hombre pertenecía al grupo de sicarios urbanos del Bloque Libertadores del Sur en Tumaco y era conocido con el alias de `Capulina`.
La versión con la que los paramilitares pretenden justificar el asesinato de Yolanda Cerón, es decir que ella era de la guerrilla, pero su versión contrasta con lo que dicen las comunidades afro de Nariño, quienes por su labor han logrado obtener la titulación de casi un millón de hectáreas.
Aunque el autor material del crimen está muerto, Guillermo Pérez Alzate alias `Pablo Sevillano`, ex jefe de las Auc en Nariño, confesó en una versión libre en agosto de 2007 que ordenó el asesinato de Yolanda Cerón porque supuestamente tenía nexos con la guerrilla del Eln.
En julio del año pasado otros ex paramilitares confesaron el asesinato ante un fiscal de Justicia y Paz y no aportaron diferentes datos a los entregados inicialmente por el extraditado jefe paramilitar. Alias `Tribilín` confesó que recogió a alias `Capulina` después de asesinar a la religiosa, y `Sarmiento`, quien fue el segundo al mando de Tumaco, dijo que se cumplieron las órdenes de sus superiores.
Estas confesiones, sin embargo, han dejado abiertos varios interrogantes sobre los verdaderos motivos que tuvo el grupo paramilitar para cometer este crimen.
Para las personas que conocieron a la hermana Yolanda, esas sindicaciones de colaboradora de la guerrilla no son ciertas, y además atentan contra la dignidad, el trabajo y la memoria de la líder religiosa. VerdadAbierta.com estuvo en Tumaco y recogió testimonios sobre las diferentes causas que pudieron acabar con la vida de Yolanda Cerón.
Las versiones detrás del crimen
En ese municipio afirman que la hermana Yolanda se convirtió en un problema para los paramilitares porque denunciaba constantemente su complicidad con agentes de la fuerza pública. “Durante un consejo de seguridad en mayo (de 2001) en el batallón, Yolanda sostuvo las denuncias que hacía. Un oficial le dijo que el lenguaje de sus denuncias era como si hablara una guerrillera”, le contó a VerdadAbierta.com una fuente que pidió mantener en reserva su identidad.
Otras personas sostienen que los paramilitares ingresaban a guarniciones militares y se reunían con miembros de la fuerza pública. Además de esos hechos, los paramilitares asesinaban y delinquían a plena luz del día sin que les pasara nada.
“En 2001 hace su entrada oficialmente el paramilitarismo y lo hace con una escalada terrorista muy degradante. Las personas eran seleccionadas y asesinadas a cualquier hora. Para generar terror asesinaban a plena luz del día. Cayó gente del común, docentes, gente de organizaciones y hasta enfermos mentales”, contó una persona que tuvo que vivir el horror paramilitar hace diez años.
La hermana Yolanda también documentó casos de violaciones de derechos humanos y presentó informes escritos que, en su momento, fueron calificados por algunas “autoridades gubernamentales y de la fuerza pública, como si fueran escritos por la guerrilla”.
“Todo lo que pasaba aquí en los municipios de la costa era denunciado. Por eso, tenemos que decir básicamente que por eso fue su muerte. Por denunciar, por mostrar lo que está sucediendo. Las autoridades querían hacerse los ciegos y ocultar las cosas”, le contó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó con la hermana.
Otra causa que pudo conducir al asesinato de la hermana Yolanda Cerón fue su extenso trabajo organizativo con las comunidades étnicas de la costa pacífica y ser el eje de un proceso de titulación territorios comunitarios. Durante más de 10 años la líder religiosa se dedicó a organizar a las comunidades afro y a difundir la Ley 70, para que éstas formaran consejos comunitarios y les titularan sus territorios.
“El trabajo comunitario a los empresarios los toca. Al estar adjudicados los territorios a las comunidades étnicas, ellos tienen que hacer una consulta previa y dialogar con las comunidades para ver si pueden realizar sus proyectos en el territorio. Eso les genera dificultades”, le explicó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó con la hermana Yolanda en pro de la titulación de tierras.
Otra persona que pidió mantener en reserva su identidad, contó que “por haber denunciado el despojo de tierras para el cultivo de las palmeras de aceite”, la líder comunitaria pudo ser asesinada.
Todas las personas consultadas por VerdadAbierta.com tienen diferentes versiones sobre los posibles móviles del asesinato de la hermana Yolanda. Lo único en lo que no difieren, es en afirmar que su muerte no se dio por los supuestos nexos con la guerrilla, que han señalado los postulados al proceso de Justicia y Paz.
El lento paso de la justicia
La justicia ha avanzado en lo posible para esclarecer y dictar una condena contra los responsables del asesinato de Yolanda Cerón. En 2004 se vinculó formalmente a una investigación penal a `Pablo Sevillano` que llegó hasta a audiencia preparatoria para juicio, pero a raíz de su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, el proceso quedó suspendido.
En cuanto a los postulados que también confesaron el asesinato, sus procesos en la justicia ordinaria fueron suspendidos y trasladados a la jurisdicción de Justicia y Paz.
En el sistema de justicia transicional a `Pablo Sevillano` le fueron imputados cargos durante las audiencias realizadas entre junio de 2009 y noviembre de 2010. El proceso de los otros dos postulados ha avanzado un poco más, y les fueron formulados cargos ante un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz entre finales de marzo y principio de abril de este año. Están a la espera de una futura audiencia de la legalización de cargos y del incidente de reparación, que son las instancias previas para que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz pueda dictar una sentencia.
Por el asesinato de la hermana Yolanda no están siendo investigadas personas por fuera del Bloque Libertadores del Sur, y tampoco han sido mencionadas en las versiones libres, en donde los postulados “señalan sin pruebas” los supuestos vínculos de la religiosa con la subversión. Tampoco se puede hablar de reparación.
En una versión libre, alias `Sarmiento` dijo desconocer las versiones que dio un desertor del Bloque, quien señaló que comerciantes ambulantes le pusieron quejas a `Pablo Sevillano` porque la hermana Yolanda estaba recuperando parte del especio público.
Tras esa «queja», según el desertor, el jefe paramilitar le pidió al periodista Santos Cáceres Martínez que hiciera las investigaciones respectivas, y tiempo después éste le entregó una carpeta con las denuncias que la religiosa estaba haciendo sobre los crímenes de los paramilitares y la complicidad que tenían con algunos miembros de la fuerza pública.
Durante la versión libre el ex paramilitar dijo que no conocía sobre esas reuniones ni documentos, sino que el asesinato se realizó por los supuestos nexos “de la ex religiosa con el Eln”.
En 2004, el periodista había sido procesado por la Fiscalía de Derechos Humanos de Cali. Fuentes le contaron a VerdadAbierta.com que Santos Martínez quedó en libertad y desapareció en mayo de 2008. Así mismo, dijeron que pese a que su cadáver no ha aparecido, fue asesinado.
Actualmente el caso de Yolanda Cerón también se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde está en la etapa de pre-admisibilidad para su estudio. En esta instancia de la justicia internacional los representantes del caso pretenden presentarlo en conjunto con otros homicidios y dimensionar el daño que causaron los paramilitares al asesinar a una representante de la Iglesia Católica y líder comunitaria.
Legado social y comunitario
Yolanda Cerón nació en Berruecos, Nariño, el 15 de septiembre de 1958 en un hogar humilde y católico. Estudió Ciencias de la Educación y Religión en la Universidad Mariana de Pasto y en 1982 ingresó a la Compañía de María Nuestra Señora.
Inició su trabajo con las comunidades afro de Nariño a mediados de los años 80, enseñando en una escuela de Salahonda, en el municipio de Francisco Pizarro.
Desde allí, conoció de primera mano la realidad de las comunidades afro y muy pronto se vio involucrada en encontrar una solución a la situación de pobreza y en especial a la falta de tierras. En el Pacífico nariñense el trabajo de la religiosa se vio reflejado en que ayudó directamente en la titulación de 550 mil hectáreas. A pesar de su muerte, sus enseñanzas se convirtieron en semillas para que otros líderes continuaran la lucha por sus tierras. 18 años después, el trabajo que inició y no pudo terminar, le permitió acceder a casi un millón de hectáreas a las comunidades afrodescendientes de Nariño.
“Ella siempre llegaba a conversar con la gente. A ver la forma de vida que tenía la gente y cómo podía ayudarla. Luego empezó a hablarles sobre la importancia de que las comunidades estuvieran unidas. Que nos diéramos cuenta que las cosas que estaban pasando en el Urabá y (las masacres) en otras partes, con el tiempo las íbamos a tener acá. Y que sería bueno que cuando esas cosas llegaran estuviéramos preparados”, le contó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó con ella durante varios años.
Ese trabajo de reunir a las comunidades y orientarlas para que se agruparan bajo una sola organización de pendiendo sus territorios y costumbres, tuvo una gran oportunidad para hacerse realidad por medio de la Constitución Política de 1991, que permitió la titulación de tierras baldías como territorios comunitarios.
Hace 20 años la Asamblea Constituyente creó el artículo transitorio 55 que estableció que “dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá (…) una ley que les reconozca a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”.
El 27 de agosto de 1993 el Congreso de la República aprobó la Ley 70, y a partir de ésta, las comunidades étnicas iniciaron su proceso de organización y creación de consejos comunitarios. En esta esta etapa, la hermana Yolanda, integrantes de organizaciones no gubernamentales y de otros departamentos fueron clave para difundir e incentivar el uso de la Ley 70.
Entre los requisitos que debe cumplir una comunidad para la titulación colectivade un territorio, y que fueron enseñados por la líder religiosa a través de talleres y conferencias, están la creación de consejos comunitarios, la diagramación del territorio colectivo que se pretende titular, la conservación de los recursos naturales, la explotación minera, los reglamentos internos de cada comunidad y finalmente los proyectos productivos que debían ser los soportes económicos de las comunidades así formadas.
La primera organización que ayudó a conformar la hermana Yolanda fue la Asociación Campesina del Patía (Acapa), que, con la posterior entrada en vigencia de la Ley 70, se convertiría en el primer consejo comunitario en solicitar formalmente al Estado colombiano la titulación de sus territorios colectivos.
Hoy en día, ese consejo comunitario agrupa a las comunidades de los municipios de Francisco Pizarro, y las otras en Mosquera y Tumaco.
“Eso fue un trabajo árduo porque les tocaba ir de comunidad por comunidad en un territorio muy extenso. Eran 28 comunidades a las que fue una por una, socializando los objetivos para que se vincularan al proceso: hacer que ellos mismos fueran forjadores de su desarrollo y futuro, a través de la capacitación y la exigencia al Estado y los empresarios para que dejaran de saquear las riquezas naturales de los territorios”, le contó a VerdadAbierta.com una persona que vivió de cerca ese proceso.
Acapa fue el piloto para la creación de otros consejos comunitarios, que replicaron el mismo modelo de trabajo, y que se tradujeron en el Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y Frontera (en Tumaco), Organichar (El Charco), entre otros, de municipios de Mosquera, Roberto Payán y Maguí Payan.
Algunos pobladores calculan que, en vida, la hermana Yolanda Cerón ayudó a la titulación de 550 mil hectáreas para las comunidades afro. Actualmente en Nariño existen 49 consejos comunitarios. Sólo seis de ellos no han recibido la titulación de sus territorios, porque “han tenido problemas con empresarios, el Estado y grupos armados”.
