El bullicio de los jueves en Buenaventura no es inusual. Los pescadores que trabajan desde el lunes, esperando la subienda, realizan una suerte de despedida de la semana poniendo picós a alto volumen y bailando salsa en esquinas improvisadas del Puerto. A pesar del ambiente festivo, la charla política no es ajena. “Aquí ya sabemos el nombre de la siguiente administración, o más bien las tres letras”, bromea un lugareño.
Los bonaverenses asisten con desinterés a una campaña predecible que ha tenido el sello, por un lado, de una serie de escándalos que rodean la administración actual en cabeza del Partido de Integración Nacional (PIN), y por otro, de las visitas a la región del preso más famoso de Colombia, el ex senador condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez.
“El PIN no tiene candidato propio pero ya se adhirió al candidato de Cambio Radical (Héctor Copete). Tanto él como las listas al concejo y a la asamblea del PIN, han sido públicamente respaldadas por el señor Martínez en sus visitas”, dice un veedor ciudadano que pidió reserva de identidad.
En Buenaventura pocos se atreven a hablar con nombre propio pero todos son testigos de la influencia del ex congresista. Su presencia el martes no pasó desapercibida pese a que Martínez, literalmente se les voló a los medios de comunicación que le hicieron un seguimiento especial a sus 72 horas de permiso.
El parapolítico llegó al puerto entrada la tarde y se dirigió al barrio Galeón donde vive el actual alcalde de la ciudad, José Félix Ocoró Minotta para realizar un encuentro “con concejales, lideres barriales, candidatos a la Asamblea y al Concejo del PIN y del MIO, y secretarios de despacho”, le contó a Votebien una fuente que estuvo en la reunión. El desfile de camionetas y carros blindados salió en caravana casi a las 10 de la noche pero nadie confirma si en él iba el polémico Martínez.
Otra fuente más le dijo a Votebien que el encuentro se extendió hasta las 4:00 a.m. y que en ella hubo repartición de plata para los concejales, denuncia que Votebien no pudo confirmar de manera independiente.
“Este episodio ya lo habíamos vivido en julio cuando se le hizo una calle de honor al frente de la Alcaldía”, recuerda la contralora Ana Betty Arboleda una de las voces disidentes en este municipio, quien a pesar de haber llegado a ese cargo por cuenta de las cuotas que Martínez le puso en el concejo para su elección, se ha enfrentado con fiereza a esta administración.
El ex senador la denunció penalmente ante la fiscalía por injuria y calumnia, porque Arboleda ha hecho públicas las amenazas que ha recibido desde la cárcel de Barranquilla. El alcalde Ocoró Minotta también le puso una tutela (ver documento) por el derecho “al buen nombre y la honra” ya que en mayo pasado, Arboleda le solicitó al propio presidente de la República que lo suspendiera provisionalmente de su cargo.
¿La razón? La funcionaria pedía garantías para adelantar varias investigaciones fiscales relacionadas con un detrimento patrimonial de 25 mil millones de pesos en la Secretaría de Educación y un déficit de 600 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda. (Ver edicto). “Mucho del dinero del sistema general de participaciones se ha ido en pagar viáticos y fiestas”, dice la funcionaria.
Otras investigaciones son por una presunta violación a la ley de garantías en las elecciones de 2010 en las que suscribieron contratos por 700 millones de pesos, que se fueron no solo en publicidad institucional de la alcaldía, sino en gastos exagerados para la custodia de tarjetones, transporte de funcionarios de la registraduría y la policía, casi siempre dados al mismo contratista. (Ver contratos resaltados en amarillo)
Los investigados han demandado la incompetencia de Ana Betty para seguir estos casos. Esto provocó que fuera recientemente destituida e inhabilitada por la procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años, fallo de primera instancia que está impugnando.
Maquinaria imparable
A pesar de las acciones de la contraloría, nadie ha podido frenar la maquinaria del PIN aceitada para estas elecciones.
Un sobrino del alcalde, Edwin Minotta Amú, es candidato al concejo por el partido MIO, y en algunos colegios públicos los profesores usan botones del PIN. En salones y fachadas hay publicidad de candidatos al concejo por ese partido, como Wistong Segura Valencia y María Yovana Rodríguez. Más de 50 aspirantes a esa corporación –que por cierto hoy en día cuenta con ocho miembros de la bancada del PIN- ya se adhirieron públicamente a la candidatura de Héctor Copete.
Sus contendores dicen que tiene el triunfo asegurado a la alcaldía al estar apoyado por la administración actual, pues es pariente de la Secretaria de gobierno, Ledis Torres Copete. El aspirante fue asesor del ex alcalde Saulo Quiñones García, destituido e inhabilitado por 11 años por la Procuraduría, por irregularidades al suscribir convenios educativos. Estos hechos también motivaron una orden de captura contra Quiñones por el delito de peculado, detención que tuvo lugar esta semana por miembro del DAS.
Copete, quien también tiene familiares en la Procuraduría, no atendió a los repetidos llamados que Votebien hizo a su celular, pero su jefe de prensa prometió responder unas preguntas vía correo electrónico. Aún las estamos esperando.
“El PIN impone su ley en todos los órganos de control: desde la procuradora provincial judicial hasta el personero municipal. Con esas pocas garantías no se sabe quien asumirá el control el día electoral”, dice preocupado el aspirante por el partido Liberal, Bartolo Valencia Ramos, quien fue concejal entre 1998 y 2003 y candidato a la alcaldía en 2003 y 2007.
“Hay que tomar decisiones urgentes como intervenir la Registraduría, pues es fácil que manipulen los jurados delegados y testigos”, asevera Valencia, quien dice sentir que la campaña camina hacia un fraude.
Voces de sectores académicos, coinciden en que el fenómeno del PIN le ha cerrado los espacios a la democracia en el Valle y especialmente en el puerto de Buenaventura.
“El PIN es un partido sin historia ni propuestas, ni agenda ni programa, pero ha aplastado a los partidos tradicionales”, asegura Luis Alejandro Arévalo de la Universidad Javeriana de Cali, al recordar que en total en el Valle, tienen 32 alcaldías.
“El PIN es una consecuencia de fuerzas políticas que no se quieren quedar sin los recursos del Estado. Hubo una desbandada del Partido Liberal a las toldas del PIN y hay que ver hoy en día las nóminas del municipio a quien pertenecen. Es un partido impenetrable”, sostiene por su parte Florencio Candela, rector de la Universidad del Pacífico.
Votebien se comunicó con varios funcionarios del despacho del Alcalde pero finalmente ni ellos ni el primer mandatario del municipio atendieron las preguntas de esta redacción. Ocoró Minotta tiene fama de ser muy escurridizo con los medios.
Múltiples presiones
Además de la ausencia de garantías políticas, no es un secreto que Buenaventura es un epicentro de las mafias y el narcotráfico. El coronel Adolfo Martínez, comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina, le dijo a Votebien que el puerto “no ha dejado de ser un corredor estratégico por su salida al mar y es muy posible que los grupos armados quieran hacer daño en los comicios”. En lo corrido del año van 16 atentados con un saldo de 32 muertos. El último, en el que resultaron heridos dos policías, sucedió el pasado 25 de septiembre, y fue atribuido a las Farc.
Informes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de la presión de varios actores ilegales en Buenaventura: por un lado las Farc que advierten a los pobladores que se abstengan de votar por aspirantes de los partidos tradicionales, incluido el PIN y por otro los Rastrojos que actúan a través de “franquicias” u oficinas de sicariato en Buenaventura e impiden a algunos candidatos hacer campaña.
Cifras de Medicina Legal registran 172 asesinatos y 142 desapariciones hasta junio de 2011. “Hay un subregistro de desaparecidos y amenazas a líderes sociales. En la comuna 7 se están dando durísimo (sic) Rastrojos y Águilas Negras y eso nos genera temor de salir a votar”, cuenta una líder social que ha trabajado por décadas en el puerto, recibiendo población desplazada de los conflictos intraurbanos de Buenaventura y de municipios aledaños.
“Este año asesinaron a dos concejales del Polo, pero aún así decidimos participar en los comicios por primera vez”, asegura por su parte Manuel Antonio Bedoya, candidato del partido que no competía por la alcaldía hace más de doce años. El aspirante, quien dice representar a los pescadores, agricultores y sindicalistas, reconoce que “es difícil hacerle contrapeso a temas como la compra de votos”, pero cree que hay soluciones “que tenemos que impulsar desde los sectores sociales precisamente participando en las elecciones”.
Dos horas diarias de agua
En el Barrio Lleras, uno de los sectores más pobres, pero electoralmente más importantes de la zona insular de Buenaventura, ya se han hecho ofertas que van desde 60 mil hasta 200 mil pesos por el voto. “Muchos líderes no trabajan si los candidatos no les retribuyen y los pobladores no votan si no les pagan”, cuenta Rodrigo Ortega, candidato a la Junta Administradora Local de esta zona de bajamar.
Es precisamente aquí donde el Negro Martínez construyó buena parte de su fortín electoral pues en el Lleras, el parapolítico estudió y creció. En la comuna no obstante no se ve la retribución de haber tenido un representante en el capitolio, pues por años ha carecido de vías pavimentadas, alcantarillado y agua potable. Es más: los habitantes solo gozan del preciado líquido dos horas del día. Una paradoja en un municipio que recibe 45 mil millones de pesos en bonos de agua producto del contrato que se llevó Hidropacífico, y 1.24 billones de pesos en regalías.
Esa es la Buenaventura que recibe el próximo alcalde: un puerto acogido a la Ley 550 de intervención económica -que va hasta 2013-, con un desempleo del 64% y una pobreza que alcanza al 80%. Esa es la Buenaventura que han dejado varias décadas de administraciones fallidas, y que solo se puede cambiar con el poder del voto.
Votebien
