En medio del intenso conflicto armado que ha cobrado la vida de 125 de sus integrantes en los últimos diez años, ‘la Gente de la Montaña’, como se autodenominan los Awá, adelantan un levantamiento social contra quienes amenazan su supervivencia en el territorio ancestral del piedemonte costero nariñense.
Si en el Cauca los indígenas se hacen sentir, en Nariño los Awá no se quedan atrás y también se defienden de los actores que, según ellos, atentan contra su territorio, usos y costumbres.
La semana pasada se rebelaron, no contra quienes les apuntan con un arma de fuego, sino contra un nuevo factor de perturbación y despojo: la minería ilegal. Por eso, la Guardia Indígena desalojó a una empresa de minería denominada La Esperanza, en el resguardo Hojal La Turbia, en área rural de Tumaco.
“Entramos a Peña Caraño, muy cerca a la frontera con Ecuador, con el fin de ejercer autonomía dentro de nuestro territorio y exigir el retiro inmediato de todas las personas, infraestructura y maquinaria relacionada con esta mina”, aseguró uno de los miembros de la guardia.
Voceros de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, explicaron que “en la mina La Esperanza había unas 50 personas que se fueron río Mayasquer, no sin antes amenazarnos con acabarnos uno por uno. Ahora estamos en riesgo de que se produzca un desplazamiento masivo en esta zona o de otras acciones que afecten la integridad de la comunidad”.
Los Awá en Nariño están agrupados en la Unipa, con cerca de 22.000 integrantes, y Camawari, con unos 11.000 miembros, quienes comparten lo que ellos consideran un solo territorio con sus vecinos Awá ecuatorianos.
Incluso, cuando se recrudece el conflicto se desplazan hacia el país vecino a recibir asistencia en salud o a esperar que las condiciones de confrontación cesen para poder retornar, indicó la Defensora (e) del Pueblo Regional Nariño, Patricia Guerrero Cadena.
Los resguardos Awá ocupan una gran extensión territorial, carente de vías y con población muy dispersa en una geografía selvática, lo que facilita la intimidación de los actores armados y dificulta una oportuna respuesta a sus problemas.
Según el subsecretario de Gobierno de Nariño, Zavier Hernández Buelvas, hay claros indicios de exterminio hacia el pueblo Awá por parte de los grupos ilegales.
Sin embargo, la institucionalidad avanza con el Plan de Salvaguarda para este pueblo indígena, un compromiso que estableció -en el 2009- el Gobierno Nacional, luego de dos masacres ocurridas en febrero y agosto de ese año contra esta población en áreas rurales de Barbacoas y Tumaco, donde fueron asesinados más de 20 indígenas. Sólo en uno de los casos las Farc admitió la autoría.
Los Awá son escépticos sobre los avances del Plan de Salvaguarda. El vocero de la Unipa, Juan Edgardo Pai, aseguró que las soluciones dadas desde el Estado, como la mayor presencia de Fuerza Pública, motivan acciones de la subversión y las bandas criminales, como la siembra de minas antipersona, que afectan principalmente a los indígenas.
En ese sentido, el docente de la Universidad de Nariño, Freddy Pantoja Timarán, dijo que a través del Alma Mater se convocará a la institucionalidad a una “reunión de crisis” para detener la exterminación del pueblo Awá y la dramática afectación ambiental en este sector del piedemonte y litoral nariñense.
Para Ramiro Nastacuás, gobernador del Resguardo Pialapí-Pueblo Viejo (área rural de Ricaurte), “es muy difícil mantener un liderazgo cuando tenemos la presión de grupos armados, que en la noche han salido encapuchados y nos han asesinado a nuestros tres últimos gobernadores”. El líder reconoció la presencia de cultivos de coca en su territorio, pero aclaró que muchos indígenas se organizan en mingas para destruirlos.
Pero más allá del drama de subsistencia y de pequeñas parcelas de coca en algunos de esos resguardos, el territorio Awá es utilizado por los grupos ilegales como un corredor estratégico para acceder al Océano Pacífico con el producto del narcotráfico a gran escala y la intromisión de las Farc, ‘los Rastrojos’ o de cualquier otro grupo armado.
Petróleo derramado
Según los Awá, los actores armados arrojan los desechos del crudo a ríos como el Güiza, fuente hídrica del piedemonte nariñense, afectando sus reversas y la pesca.
En el corredor de Pasto-Túquerres-Tumaco, por donde pasa el Oleoducto Trasandino, los actores armados pueden, casi que a su antojo, perforar el tubo, extraer el crudo y crear refinerías para su accionar delictivo. “Así cómo no se van a sentir cómodos los delincuentes”, dijo un defensor de derechos humanos, quien no reveló su nombre.
Respecto a los delitos contra el Trasandino en Nariño, el superintendente de Oleoductos de Ecopetrol, Gerardo Iván Mesías, afirmó que en lo corrido del año se han presentado unos 150 casos de saboteo, terrorismo y extracción ilegal de crudo en esta región.
“Como Pueblo autónomo dentro de nuestro territorio, y en ejercicio del derecho propio entregado por nuestros ancestros, no consentiremos la presencia de ningún actor armado ni empresa que afecten la pervivencia física, cultural y espiritual de nuestro pueblo”, aseguraron los Awá en un comunicado de Unipa.
Allí insistieron en que ante el abandono del Estado sólo queda la protección que ellos mismos puedan brindarse a través de la Guardia Indígena, armada de valor y sus bastones de mando, símbolo de autonomía.
Tomado de Elpais.com.co
