Buenaventura vive una profunda crisis social, política y humanitaria, que pareciera no encontrar vías de solución en las políticas públicas y programas que vienen implementando los gobiernos de los últimos años, al contrario, a mayor intervención e interés en este municipio, la calidad de vida de sus habitantes, la garantía de sus derechos, el reconocimiento de sus especificidades étnico – culturales y sociales, así como el disfrute y autonomía sobre su territorio se debilitan y vulneran cada vez más.
Se identifica entre las principales dificultades del municipio, una pobreza estructural, sostenida por siglos de racismo y discriminación, sobre la cual se han enquistado problemáticas sociales complejas como el narcotráfico, la corrupción, el conflicto armado y su multiplicidad de actores; lo que ha traído como consecuencia desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos y como nueva modalidad, desapariciones forzadas, violencia sexual y reclutamiento forzado. Esta suma de elementos sigue generando prácticas ilegales que afectan la cotidianidad de sus habitantes, y terminan naturalizándose y siendo soportadas por la población.
Al hacer un análisis de los diferentes intereses que sostienen esta crisis en Buenaventura, se encuentra que todos apuntan a cambiar radicalmente las actividades tradicionales de las comunidades, el interés no se centra en la población, ni en las comunidades, o sus necesidades, el interés fundamental está en sus territorios para el desarrollo de macroproyectos, relacionados con el crecimiento portuario, la infraestructura vial, vivienda y el turismo entre otros[1]. Con el sofisma de desarrollo y modernidad y bajo el supuesto de acabar con el abandono histórico en que se han mantenido a estas comunidades, se imponen modelos económicos contrarios a la naturaleza propia de su población, transformando sus relaciones, sus espacios de vida y, en últimas, vulnerando sus derechos colectivos.
Este modelo de desarrollo atropella la normatividad, la legislación nacional y los tratados internacionales que el país ha suscrito, en el marco del reconocimiento y protección a la identidad étnica y cultural, así como a la riqueza de nuestros recursos naturales. Son ignorados la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política de Colombia, la Ley 70 de 1997 y Decretos reglamentarios, la Sentencia T-025 y Autos 004 y 005 de la Corte Constitucional, entre muchos otros.
Esta realidad hace que la situación de las y los jóvenes de Buenaventura, sea preocupante, pues se han convertido en los receptores de las acciones de los grupos armados. Las dimensiones de esta problemática se agudizan en la medida en que la población joven constituye más de la mitad de la población total de la ciudad, representan la mayor parte de la población económicamente activa, y por tanto son quienes requieren en mayor volumen empleo, educación, vivienda, salud y recreación, necesidades y espacios que no son cubiertos por el Estado; de allí la vulnerabilidad de estos jóvenes para ser seducidos por grupos armados legales o ilegales, de allí, que un porcentaje significativo de los y las jóvenes se involucren con los grupos armados con la ilusión de conseguir mejores condiciones de vida.
En este contexto de guerra el 19 de abril de 2005 doce jóvenes, entre 17 y 23 años, fueron sacados de sus casas en Punta del Este, bajo el engaño de jugar un partido de fútbol donde el equipo ganador se llevaría doscientos mil pesos ($ 200.000). Para llegar hasta el lugar donde se realizaría el encuentro deportivo, una persona que conocía a dos de los jóvenes los trasladó en motocicleta hasta el barrio vecino de Santa Cruz, allí un micro-colectivo los esperaba para llevarlos supuestamente hasta donde se realizaría el partido, sin embargo, dicho evento deportivo nunca sucedió, en cambio, dos días después los jóvenes fueron encontrados asesinados, con señales de tortura, quemaduras por ácido y tiros en el cuerpo.
Hoy 19 de abril de 2011, se cumplen seis años de este cruel hecho y las autoridades hasta el momento no han judicializado a los autores intelectuales ni materiales. Lo mismo ha sucedido con miles de muertes de jóvenes afrocolombianos y afrocolombianas que se encuentran actualmente en la impunidad. Las cifras de Medicina Legal, muestran que para el año 2006 hubo 592 asesinatos en Buenaventura, en el 2007 se presentaron 527 casos, en el 2008 el conflicto armado cobró 360 vidas y en el año 2009 los muertos por homicidios ascendieron a 321 casos, cifra dentro de la cual falta incluir 11 feminicidios. “Registros oficiales indican que entre los años 2003 y 2010 han asesinado a 1.922 personas, de las cuales 1.338 eran jóvenes entre los 15 y los 35 años, lo que representa un 67% del total de las víctimas del periodo indicado”[2].
Tampoco se puede perder de vista la estrategia de guerra que ahora se viene implementando con mayor fuerza a través de las desapariciones forzadas, como ha sido denunciando por la Personería Municipal, organizaciones sociales y comunitarias y ONGs. Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre enero y diciembre de 2010, 84 casos de desaparición fueron reportados y 73 de ellos siguen desaparecidos[3]. “La mayor parte de personas víctimas de este delito son personas entre los 20 y 40 años (…) En el año 2008 de un total de 43 denuncias recibidas en la fiscalía, 27 fueron de personas en esas edades; en el 2009, de 58 denuncias, 34 fueron dentro de este rango de edad y en el 2010, se tienen registradas 22”[4].
El conflicto armado sigue estando vigente en el territorio de Buenaventura, generando graves afectaciones a la población civil. En este contexto los y las jóvenes aparecen con un mayor nivel de vulnerabilidad tanto por su situación de marginalización estructural como por su exposición a las dinámicas del conflicto. De esta forma se convierten en las y los principales afectados por el accionar de los actores armados ilegales tanto en los barrios como en la zona rural, viéndose expuestos y expuestas a reclutamiento forzado, utilización como informantes y/o mensajeros, prestación de servicios, escudos humanos, mano de obra para actividades ilícitas, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros.
Frente a la gravedad de la situación expuesta y haciendo uso del mecanismo del derecho de petición que nos concede la Carta política, en su artículo 23 y el Código Contencioso Administrativo artículo 5, exigimos a la fuerza pública y órganos de defensa y protección de Derechos Humanos del Estado colombiano que:
- Las autoridades competentes informen a los familiares y organizaciones comunitarias y sociales, el estado actual de los casos de los doce (12) jóvenes de Punta del Este y de los otros homicidios ocurridos a jóvenes, mencionados en este documento, desde el año 2.000.
- La Defensoría del Pueblo y la Personería distrital y demás órganos competentes revisen el caso de los 12 jóvenes de Punta del Este ocurrido el 19 de Abril de 2005 y dén seguimiento y continuidad a las investigaciones adelantadas hasta el momento.
- En memoria de las y los jóvenes víctimas del conflicto armado y violencia sociopolítica en Buenaventura, el Estado colombiano brinde un espacio para la implementación de un Centro Juvenil de Emprendimiento Social, Económico, Cultural y Político y garantice sus sostenibilidad para el desarrollo de programas a favor de la población joven de este municipio.
- Construya de manera conjunta con organizaciones sociales y juveniles, un diagnóstico de la situación de las y los jóvenes hoy en Buenaventura, así como la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Acción que permita mejorar las condiciones de vida y oportunidades para este sector de la población.
- Que los organismos del Estado competentes garanticen medidas y planes de PREVENCIÓN y PROTECCIÓN para evitar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se sigan vinculando directa o indirectamente a las dinámicas implícitas al conflicto armado.
- Fundación Rostros & Huellas del Sentir Humano
- Rostro Urbano Studio – Buenaventura
- Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC
- Colectivo de Mujeres Afrocolombiana Wiwa – Buenaventura
- Articulación Antimilitarista Mambrú – Bogotá
- Fundación Cultural Hip Hop la Diáspora – Soacha (Cundinamarca)
- Comisión Diocesana de Justicia, Vida, Solidaridad y Paz de Buenaventura
- Movimiento Afrodescendiente Huellas Africanas – Buenaventura
- Proceso de Comunidades Negras – PCN
- Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana – Cepac
- Corporación Mamuncia y Cacumen – Buenaventura
- Parroquia San Pedro Apóstol – Buenaventura
- FUNDESCONDES – Buenaventura
- Pastoral Social de la Iglesia Antigua Viejos Católicos de 1870
- Hermanos Franciscanos de San Pablo Apóstol en Colombia
- Fundación Francisco y Clara de Asís – Buenaventura
Apoya
- Fundación Servicio Jesuita a Refugiado
[1] Principales macroproyectos: Puerto Industrial de Aguadulce, la expansión del Puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Centro de productividad de la Pesca, Puerto Industrial Delta del Río Dagua, Centro de Productividad de la Madera, Complejo Industrial y portuario, el Centro de Actividades Económicas- CAE, Zona de Expansión Industrial, Aeropuerto Internacional de Carga, Vía Perimetral, Terminal de Contenedores de Buenaventura TCBUEN, Macroproyecto de vivienda de interés social y nacional, Malecom, doble calzada, entre otros.
[2] Manifiesto de los jóvenes de Buenaventura. Territorio y juventud por el derecho a una vida digna. 10 de diciembre de 2010. Citado en: Buenaventura Viva, Edición noviembre-diciembre de 2010.Pp. 12
[3] Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Nota de seguimiento N° 027-10. 13 de diciembre de 2010.
[4] Manifiesto de los jóvenes de Buenaventura. Pp. 12
