El pasado 1 de diciembre de 2012 , siendo aproximadamente las 10 de la noche fue asesinado en Tumaco el líder de los derechos de las víctimas Miller Angulo con 7 tiros de arma de fuego por sicarios que se movilizaban en una moto y cuando departía en un establecimiento público cerca a la playa. Tras su deceso deja una esposa y dos hijos.
Miller Angulo y otras organizaciones, entre ellas el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, fue mencionado en una amenaza enviada por el Bloque Central de las Águilas Negras el 10 de octubre de 2010. El martes 13 de noviembre de 2012 nuevamente es mencionado en una amenaza similar enviada por correo electrónico por el mismo grupo.
Miller Angulo estuvo presente el martes 27 de noviembre en Pasto, en Reunión Técnica de Concertación entre el Gobierno Nacional y la Institucionalidad Territorial de Nariño, en el cual estuvo presente Paula Gaviria, Directora Nacional de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y una funcionaria de la Agencia Nacional de Protección, la cual declaró que se estaba dando seguridad a los líderes defensores de los derechos de las víctimas.
Es necesario recordar que el día martes 21 de febrero de 2012, el mismo día en que se instaló el Comité Departamental de Justicia Transicional en Pasto, fue enviado a los correos electrónicos de varias organizaciones y víctimas como MOVICENAR, FUNDEPAZ, CPDH, Diana Montilla y Martha Ceballos (secretaria técnica del MOVICENAR), entre otras, una amenaza del grupo ANTI RESTITUCIÓN DE NARIÑO – GAR, NARIÑO, manifestando que “las organizaciones que lleven a cabo actividades con contenido ideológico y político enfocadas en temas de restitución de tierras y derechos de las víctimas se convertirán en objetivo militar de su brazo armado”.
A la luz de estos nuevos hechos, queda una profunda preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de las víctimas así como por la de sus familiares. Asimismo, se solicita una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Este hecho reviste una particular gravedad en la medida en que, tal y como lo destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2011, “algunos de los asesinatos de defensoras y defensores ocurridos en 2011 fueron precedidos por notas de amenazas e intimidación que determinan a defensores y defensoras de derechos humanos o a sus organizaciones como objetivos de grupos paramilitares”.
Adicionalmente, cabe recordar que estas amenazas se enmarcan en el contexto de la aplicación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, lo cual evidencia la falta de garantías que enfrentan las víctimas para la exigencia de sus derechos. En particular, se lamenta que el proceso de otorgamiento efectivo de medidas de protección a los defensores de derechos humanos, implementado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), sufra graves fallas e incumplimientos, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los mismos.
Ante el recrudecimiento de las amenazas dirigidas a los defensores de derechos humanos y de las víctimas, se insta una vez más a las autoridades a velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en su contra y que asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, así como por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Fuente: Fundepaz, Unidad de Víctimas
