La Defensoría no ofreció en el informe, que publicó el martes en internet, una cifra de cuántos kilos o qué tipo de mineral se extraería anualmente por parte de esos grupos clandestinos o el volumen total de ingresos que les generaría esa actividad.
La minería ilegal, sobre todo la aurífera, “se ha convertido en una de las fuentes de financiación, no la única, pero si una de ellas” para los ilegales, dijo en diálogo telefónico el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, al destacar además que tal actividad es a su vez una de las causas de violencia y asesinatos en distintas zonas del país.
Pero además “hay que incorporar en los procesos de explotación minera prácticas de desarrollo sostenible que mitiguen al máximo el impacto producido” por ejemplo en la contaminación de fuentes hídricas, agregó.
El informe de la Defensoría, de 283 páginas, se elaboró con datos aportados por 1.010 municipios, el 90% de los que existen en el país. La información fue procesada por las defensorías regionales a lo largo de todo 2010.
La Defensoría, sin embargo, advirtió que debido precisamente a que es una actividad ilegal y clandestina, los datos pueden variar pero que calcula que en el país funcionan al menos 3.600 minas ilegales y de las cuales dependen los ingresos de unas 15.000 familias.
Esas minas pueden ser de carbón, oro y materiales destinados a la construcción, como arcilla, entre otros.
Según el Ministerio de Minas aparte de esas 3.600 minas ilegales, funcionan otras 3.000 legales y ese despacho viene desde mediados del 2010 cerrando explotaciones que no tienen licencia y sancionando con multas más severas a las legales que incumplen normas de seguridad.
Desde octubre y hasta inicios de este año han sido cerradas al menos medio centenar de minas ilegales de oro precisamente porque son parte del financiamiento de grupos ilegales, según ha dicho el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo.
“De acuerdo con la investigación… la mayor parte de las unidades de explotación minera de hecho (o ilegales) en el país, extraen materiales de construcción y en menor medida oro y el carbón”, aseguró la Defensoría en su informe.
Al menos 61% de las minas ilegales extraen materiales de construcción, 28% sacan oro, 8% carbón y 3% otros materiales, indicó la Defensoría en su reporte.
Según la Defensoría, la mayoría de esas explotaciones ilegales se ubican en siete de los 32 departamentos del país: Córdoba, en el noroeste del país, y su vecino Antioquia; Boyacá, en el este, Risaralda, Caldas y Quindío, en el centro oeste; así como en Valle del Cauca, en el suroeste colombiano.
Sobre el uso de esa minería ilegal por parte de grupos ilegales, la Defensoría indicó que por los informes recogidos en distintas zonas del país, los métodos usados para el lavado de activos son por ejemplo, la compra de maquinaría con dólares provenientes del narco, o la compra de producción de mineros locales con precios por encima de los ofrecidos por los receptores finales, es decir el Banco de la República o Banco Central, y luego presentar ese mineral como producción de una mina fachada o que no existe.
De forma adicional los grupos armados ilegales utilizan como fuente de financiación “la extorsión a los mineros… a través de la solicitud de pagos mensuales, bien sea exigiendo una parte de la producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina de que disponga el minero”, dijo la Defensoría.
Sólo de una mina ilegal de oro en la zona de Tolima, en el oeste del país, guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) obtendría unos 120 millones de pesos diarios, dijo la Defensoría citando informes de la brigada del ejército en la zona.
Colombia produjo en el 2010 poco más de 1,8 millones de onzas el año pasado, según datos del oficial Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). En cuanto al carbón, Colombia produce de entre 73 a 75 millones de toneladas al año, según la misma fuente.
Tomado de www.eluniversal.com.co
