Como se recordará, en Bojayá sucedieron los lamentables hechos del dos de mayo de 2002, donde fueron masacradas 78 personas (y no 119 como se dijo al comienzo), de las cuales hay identificadas 76 y dos permanecen desaparecidas, según la Comisión Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó. El siete de mayo de ese año, la fuerza pública retoma el lugar e inmediatamente decreta el toque de queda que se volvió permanente.
Los pobladores en voz baja se preguntan, ¿por qué el control que ejerce la Armada, la Infantería y la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea, no puede evitar la presencia de los paramilitares de las Águilas Negras que se pasean entre los dos municipios cobrando las vacunas y amenazando a los pobladores? El toque de queda viene afectando a los habitantes toda vez que las faenas de pesca y caza, propias de sus prácticas tradicionales, se realizan también en horarios nocturnos, situación que ha agudizado el hambre y la zozobra, dice Leiner Palacios, lider de la organización étnico territorial COCOMACIA.
ASESINADO AGENTE DE POLICÍA
El 4 de mayo pasado, dos días después de la conmemoración de la masacre, a eso de las 10 de la mañana, según narra una testigo, se escucharon disparos dentro del cuartel de policía. De inmediato la gente corrió asustada, “gritaban, saltaban paredes, rezaban”, pues pensaron que la guerrilla se había tomado el pueblo. Pero no, un agente de policía que había sido trasladado a Bojayá como castigo, ocho días antes, por drogadicción, le había disparado al agente Roberto Antonio Vargas Morales y lo había asesinado. La noticia no trascendió a nivel nacional, pero para los bojayaseños es de suma preocupación, ya que los policiales han estimulado el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de Bojayá. Los pobladores también se preguntan, ¿por qué si estos policías tienen problemas con la droga les permiten armas de largo alcance y por qué los trasladan a este municipio?
Bojayá está a la deriva, pues ni siquiera cuenta con la presencia del alcalde, Joaquín Palacios, y cuando está, no atiende a las personas ya que se encierra en su casa alegando problemas de la presión, manifiestan los pobladores.
La problemática de no reparación de las víctimas continúa de la mano de la marginación y la pobreza. El caserío que entregaron no cumple con las condiciones dignas, el derecho al trabajo es inexistente, el principio de no repetición de los hechos no se cumple, situación que afecta la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿De cuál seguridad democrática se hablará en Colombia, si los pobladores viven a merced de la inseguridad y la corrupción?
