La tranquilidad de los campesinos afrocolombianos del río Curbaradó, en el bajo Atrato chocoano, duró poco.
En 2010, la Corte Constitucional ordenó proteger sus vidas y sus tierras y la Fiscalía empezó a investigar a 24 palmicultores que presuntamente se aliaron con paramilitares para robar sus predios.
Sin embargo el 13 de diciembre, cientos de desconocidos de Urabá, Córdoba y varios municipios de Chocó invadieron las propiedades de familias que viven en la cuenca del Curvaradó desde hace más de 40 años.
Según la denuncia de los campesinos, publicada por la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, son más de 300 hectáreas afectadas en Las Camelias y Andalucía, veredas de Carmen del Darién, Chocó.
Los invasores ya levantaron ranchos, talaron árboles, limpiaron los predios y desviaron las quebradas para cultivarlos y ocuparlos, en tierras separadas por la comunidad de Las Camelias como reserva forestal de la biosfera. Predios que hace sólo unos años, antes de que la justicia se los restituyera a los campesinos de Las Camelias, ya habían sido trabajados por empresas palmicultoras.
“Es la misma lógica, el mismo plan que hace unos años, para no dejar que las tierras sean restituidas”, le dijo a VerdadAbierta.com un campesino de Las Camelias. A finales de los noventa los afrodescendientes de la región fueron desplazados después de sufrir episodios de violencia por parte de grupos paramilitares. Cuando regresaron, encontraron sus fincas sembradas con palma africana y con letreros de grandes empresas palmeras que declaraban su propiedad sobre esas tierras.
Aunque en 2006 el Bloque Élmer Cárdenas se desmovilizó, los ‘paras’ no se han ido. Campesinos cuentan que Jaison Salinas, alias ‘El Llanta’, de las Águilas Negras, intimida y amenaza los campesinos y controla el transporte fluvial del Atrato.
Según el reporte, ‘El Llanta’ en una reunión les prometió “parcelas navideñas” a los invasores y que el Incoder iba a legalizar las tierras que ocuparon. Una de los asistentes tomó la palabra y dijo: “el que quiera tierra debe meter el culo, (…) quién ingrese recibe un mercado durante tres meses para hacer los trabajos, recibe las semillas y todos los costos para jornalear” y añadió: “la tierra es para trabajarla, allá hay mucha tierra abandonada y el que vaya a entrar para allá debe estar dispuesto”.
Habitantes del bajo Atrato también le contaron a VerdadAbierta.com que una emisora local divulga que todo aquel que necesite tierras puede ir a Las Camelias que allá están parcelando y que les están pagando 180 mil pesos a los invasores por hectárea rozada, o sea limpiada de rastrojo y lista para ser cultivada.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, varios invasores afirmaron tener respaldo de miembros del Ejército y de una empresa bananera, amenazaron con ocupar a más grande escala y advirtieron que “si se metían con los cambuches, no respondían”. Así, se teme que puedan ser más de 500 hectáreas que terminen en manos de los repobladores.
“La situación es crítica, empezamos el año mal, de nuevo invadidos, creemos que es una nueva estrategia de los paramilitares para burlar la orden de la Corte Constitucional”, le dijo a VerdadAbierta.com un abogada bogotana que defiende los derechos de la comunidad afrocolombiana.
Los largos trámites para desalojar
Cuando hay una ocupación de la propiedad privada, los afectados la denuncian en la Inspección de Policía, que hace una comisión de inspección y ordena el desalojo, un proceso que normalmente no se demora más de tres días hábiles. En Carmen del Darién un mes no ha sido suficiente para lograr el trámite.
Sólo tres días después de las primeras invasiones el consejo comunitario de Las Camelias fue a presentar la queja ante la Inspectora de Policía del Carmen del Darién, Luz del Carmen Londoño. “La funcionaria no apareció, ni el alcalde, ni el secretario de gobierno. Los agentes de Policía dijeron que sin orden de la inspectora no podían hacer nada”, le contó a VerdadAbierta.com un campesino de Las Camelias.
Los campesinos de Las Camelias siguieron solicitando una orden de desalojo las siguientes semanas, pero en la administración les contestaron que “tenían derecho a vacaciones” o que “no tenían con que pagar el transporte hasta la comunidad”, que está a dos horas en lancha del Carmen del Darién.
En comunicación con VerdadAbierta.com, Carmen Londoño, la Inspectora de Policía, dijo que en diciembre la comunidad sólo presentó un informe de la situación, y no instauró una querella. Hasta el 30 de diciembre presentaron la denuncia y por la temporada navideña, la inspección sólo se pudo hacer el 7 de enero.
El acta de inspección ocular, conocida por VerdadAbierta.com, comprueba que predios de Las Camelias fueron ocupados ilegalmente. Según dice el representante de los repobladores: “creíamos que estas tierras eran baldíos, decidimos agruparnos y trabajar estas tierras”. La Inspectora de Policía costató la invasión, pero dijo que todavía no iba a dar una orden de desalojo, pues según ella, los repobladores «ya se estaban yendo de Las Camelias de forma voluntaria».
Por su parte el Incoder se pronunció sobre las presuntas promesas de legalización de los predios que les están haciendo a los invasores. En un comunicado dice que la toma de los predios en el bajo Atrato es fraudulenta, y que «según información de habitantes de la zona, alrededor de 300 familias están reunidas en el consejo comunitario Las Camelias esperando la adjudicación de la «parcela navideña», lo cual es un engaño».
El Instituto aclaró que: «No se pueden adelantar procesos de adjudicación sobre terrenos que no hacen parte de su patrimonio y no ostentan la calidad de tierras baldías de la nación y menos disponer de los territorios colectivos titulados que le pertenecen a las comunidades negras. Cualquier persona que entre a estos territorios lo hará como ocupante de mala fe».
La estrategia de la repoblación
Las tierras de Curbaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93, y como tal están regidas por un Consejo comunitario. Sin embargo la llegada de repobladores y propietarios de mala fe y el desplazamiento de los habitantes originales, modificó los consejos comunitarios.
Por eso, La Corte Constitucional en varios autos ha ordenado hacer un censo completo de la población de la cuenca del río Curbaradó, en Chocó para que el proceso de restitución sea transparente.
Para los campesinos del Curvaradó hay temor de que la estrategia de repoblar e invadir predios de la comunidad esté ligada al censo, que estaba previsto para mediados de 2010 pero que aún no se ha organizado. Uno de ellos le dijo a VerdadAbierta.com que las empresas agroindustriales han hecho grandes inversiones en el área, muy productiva, con abundante agua y cercana a centros de exportación.
En el auto 384 de 2010 expedido en diciembre pasado, la Corte Constitucional reitera las obligaciones del Estado para proteger los campesinos. Esta población, según constató la Corte, sufre una “grave situación de riesgo, así como de amenaza”… vienen siendo sometidas a hostigamientos, señalamientos y persecución”.
Desde que empezaron a reclamar sus tierras, a pesar de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de doce personas han sido asesinados, entre ellos Argenito Díaz, Benjamín Gómez, Walberto Hoyos. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta amenazas contra por lo menos tres líderes.
Como le dijo un campesino del Curvaradó a VerdadAbierta.com: “Las amenazas están ahí siempre, nos siguen persiguiendo, nos advirtieron: ‘si da un papayazo, los matamos’”.
Tomado de Semana.com
