El clamor de «No podemos cerrar los ojos y menos quedarnos callados ante la gravedad de lo que está sucediendo en nuestros territorios. Tampoco podemos ocultar el temor que nos embarga al ver cómo avanza la destrucción de las selvas que nos brindaron refugio y nos dan vida, alegría y libertad», las organizaciones étnicoterritoriales declaran la emergencia social debido al ecocidio que se está perpetrando en el territorio ancestral, que pondrá al borde del etnocidio a sus comunidades.
El poeta Nemesio Yupanqui lo dice, abriendo la declaración: «Pacífico mío te están vendiendo,/te estamos destruyendo que es peor,/¡ A malhaya que se rompa,/contigo mi corazón!».
Es muy grave la situación que vive el Pacífico colombiano, tal como se denuncia: «La explotación aurífera se encuentra desbordada en Zaragoza (río Dagua), con daños irreversibles al medio ambiente y ecosistemas aguas abajo y altamente perjudicial para las comunidades negras y comunidades indígenas del Medio y Bajo Dagua. Allí trabajan cerca de 300 retroexcavadoras día y noche, volteando el lecho y cambiando el curso del río. Esta situación ha sido tolerada y hasta permitida por las autoridades públicas locales, regionales y nacionales. Los muertos, los heridos, la prostitución, el alcoholismo, el encarecimiento de la vida y la llegada de nuevas y “legalizadas” empresas provocan incertidumbre y temor en la región. Esta minería se extiende como un cáncer a otros ríos del Pacífico. Una draga de gran calado trabaja en la bocana de Mallorquín. En el río Anchicayá (San Marcos) también se encuentran operando varias retroexcavadoras».
Así mismo se refieren a la política gubernamental de aspersión aérea que afecta más a los cultivos de pancoger que a los mismos cultivos de coca: «Estas (las fumigaciones) no logran controlar la producción de pasta de coca, pero si contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano».
La explotación irracional de los recursos naturales no es posible sin una omisión y permisividad de los entes ambientales: «En concreto la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) frente a atentados graves contra la naturaleza, agranda este cuadro de agravios a nuestros pueblos. La ya mencionada minería, la explotación a escala comercial del mangle, la tumba ilegal de la palma milpesos y el naidí, el derrame de petróleo en Bahía Málaga y el vertimiento de basuras a los ríos y al mar, deben ser controlados de manera urgente. La Procuraduría Judicial y Agraria y el Ministerio del Medio Ambiente, deben también tomar medidas de urgencia y actuar sin dilación.»
La ilegalidad de la explotación de recursos y la ejecución de megaproyectos de infraestructura como la construcción del Puerto de Agua Dulce, es evidente cuando no se ha hecho consulta previa a las comunidades afectadas y cuando se amenaza a los dirigentes de las organizaciones étnicoterritoriales que han denunciado estos hechos.
Grave es el proyecto de desarrollo de expansión y modernización portuaria en Buenaventura que tendrá como consecuencia inmediata el desalojo de los pobladores de los barrios de bajamar en Buenaventura. Debido a este proyecto: «Estas comunidades van a ser desalajodas y trasladadas sin tener en cuenta los estándares internacionales y sin respetar sus condiciones y derechos, ante todo, sin considerar la dinámica de río-poblado, que de romperse afectaría a toda la población de los ríos. Denunciamos igualmente que no se conocen los tipos de proyectos, los impactos que generarán y los planes de manejo para atender tales impactos».
A las organizaciones étnicoterritoriales del municipio de Buenaventura les preocupa la «Creciente militarización de los ríos. Con la llegada masiva de la coca al Pacífico y la creciente presencia de grupos armados, para el gobierno la problemática social de estas regiones entra a constituirse en un fenómeno que debe ser tratado en términos militares. Las propuestas de desarrollo económico pasan a un segundo plano, pues se trata primero de darle una solución militar al problema de la coca y de los grupos armados. El inconveniente más grande de esta política es que todos los pobladores de los ríos donde hay cultivos de uso ilícito entran a ser catalogados como potenciales auxiliadores de los grupos armados. En ese sentido vemos con mucha preocupación el control armado del territorio con acciones como la adecuación de la base militar de Bahía Málaga y la copiosa presencia de militares en los ríos. Esto viene desinstitucionalizando más la región, lo que favorece más presencias militares y más violencia de todos los grupos armados».
Sobre las políticas públicas denuncian que «Políticas públicas, planes económicos y reordenamientos jurídicos que vienen alterando la territorialidad y modificando las garantías de acceso, uso y manejo de nuestros territorios colectivos, tales como la reforma al decreto 622 de Parques y el Plan Departamental de Aguas. Se trata de iniciativas gubernamentales que no sólo violan nuestros derechos, sino que desconocen estándares internacionales que honran derechos de nuestras poblaciones, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’.»
Con un llamado a la unidad de las organizaciones afrodescendientes e indígenas, a la defensa del entorno como aporte a la defensa del planeta, y la declaración de emergencia social para el Pacífico, las 18 organizaciones étnicoterritoriales firman en el Centro Matía Mulumba, el 11 de abril de 2010:
