La masacre se remonta al 2002, cuando el bloque Elmer Cárdenas de las AUC incursionó en el municipio de Bojayá (Choco), donde las FARC tenían presencia. En medio de los combates, la guerrilla lanzó varios cilindros-bomba hacia objetivos militares de las autodefensas que estaban refugiadas en medio de la población civil. Uno de los cilindros detonó dentro de la iglesia católica donde la comunidad se guarecía de los combates: murieron 79 personas inermes y otras 114 quedaron heridas.
El evento
Tras recibir cinco grupos de víctimas en la Habana, y un día después de anunciar el cese unilateral e indefinido -aunque condicional- al fuego y a las hostilidades, la delegación de las FARC reconoció su responsabilidad en la Masacre de Bojayá, pidió perdón a las víctimas y se comprometió a esclarecer la verdad y a tomar medidas para la reparación, así como a acordar fórmulas para la no repetición con la comunidad afectada por aquella masacre.
Esa declaración reveló un cambio en el discurso y en la posición “fuerte” que hasta entonces venía manejando el grupo guerrillero, pues antes no reconocía haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Ante las declaraciones de los representantes de las FARC, el presidente Santos destacó el gesto de asumir su responsabilidad y su disposición a reparar a las víctimas, declarando que “eso es lo que esperamos de las FARC y es lo que esperamos del proceso”. Así mismo sostuvo que las víctimas “nos están dando una lección de vida”, pues demostraron mayor disposición a la reconciliación y al perdón que el ciudadano promedio que no ha vivido directamente los horrores del conflicto.
Responsabilidad compartida
Como afirma Leyner Palacios, representante de las víctimas, la responsabilidad por la masacre de Bojayá es compartida entre las FARC, los paramilitares y el Estado, ya que las AUC usaron a la comunidad como escudo, las FARC lanzaron una pipeta contra la población civil, y el Estado actuó en connivencia con los paramilitares.
– El Estado colombiano fue condenado por estos hechos en 2008 y fue obligado a indemnizar administrativamente a las víctimas y sus familiares por incumplir su deber de protección, al ignorar las dos alertas tempranas que profirió la Defensoría del Pueblo, desde ocho días antes de la masacre. El defensor Eduardo Cifuentes avisó de la incursión paramilitar y del riesgo que implicaba para la población, solicitando la intervención inmediata de las autoridades competentes, pero estas dos alarmas cayeron en oídos sordos.
– Por su parte los jefes del bloque paramilitar Elmer Cárdenas, Freddy Rendón, alias “El Aleman”. Pablo José Montalvo, alias `Alfa 11` y Luis Muentes, alias `El Calvo`, han hecho confesiones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “El Calvo” por ejemplo` aceptó que después de la explosión de la pipeta, él y sus hombres saquearon las viviendas, una conducta proscrita por el DIH. Estas confesiones permitieron al Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) construir el informe de memoria sobre estos casos en el 2010.
– En cuanto a las FARC, en marzo del 2010, 12 guerrilleros fueron condenados por los hechos, y algunos de ellos –como John Jairo Durango Valencia, Norberto Mosquera Asprilla y Octavio Torres Benítez- están recluidos en cárceles de Chocó y Antioquia. Por otro lado, como se dijo anteriormente, el pasado 18 de Diciembre el grupo guerrillero reiteró pública y formalmente sus disculpas por el error militar más grave en la historia de este grupo armado.
Perdón
Las FARC fue el primer grupo responsable de la masacre que de manera voluntaria ha pedido perdón a las víctimas, forzando al gobierno, un día después del comunicado, a reiterar públicamente su propia responsabilidad en los hechos -la cual ha sido asumida en diferentes ocasiones por el gobierno en cabeza del presidente Santos- aunque éste último no ofreció de igual manera un perdón público a las víctimas.
En la declaración, los delegados de las FARC manifiestan que “ahora cuando estamos dialogando para construir la paz con verdad y justicia, debemos expresar que sentimos un profundo pesar, que nos duele hondamente el fatal desenlace que para la población de Bojayá significó ese terrible suceso…reconocemos el hecho, expresamos nuestra desolación y pesar por el resultado y nuestro reconocimiento y empatía a las víctimas, a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos”.
La delegación admitió que este acto “no devuelve a ninguna de las personas que perecieron ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados.”, añadiendo que “estamos considerando, de acuerdo con nuestras capacidades, posibilidades y obligaciones, unas respuestas lo más integrales posibles ante nuestra deuda con la comunidad de Bojayá. Respuestas de diferente índole, para lo cual damos por abierta una nueva y más madura fase de consultas para acordar actuaciones “reparadoras y transformadoras”, a realizar con las comunidades afectadas por este hecho.”
Las víctimas, al recibir el comunicado de las FARC, se pronunciaron haciendo énfasis en que “el perdón no debe dirigirse solo a nosotros, sino a todos los pueblos afrocolombianos e indígenas de la región del Pacífico” teniendo en cuenta que, además de haber sufrido como pueblo diversas y recurrentes victimizaciones en medio del conflicto armado, han sido un grupo históricamente discriminado y por lo tanto en condición de doble y triple vulnerabilidad.
¿Qué se puede esperar luego de ésta declaración?
Tras las declaraciones, se esperaría que tal y como lo manifiestan las víctimas, las FARC, como grupo armado o futuro movimiento político, además de reconocer y adelantar actos de perdón, traduzca sus intenciones en actos concretos de enmienda, como por ejemplo, la no repetición de actos violentos y el respeto a la autonomía que como pueblos y grupos étnicos tienen sobre la propiedad, el uso de sus territorios y sus formas de gobierno tradicional; así como la puesta en marcha de diálogos con la comunidad y las acciones reparadoras que en ellos se defina.
Por otro lado, se esperaría que el Estado salde una deuda histórica que tiene con estas comunidades implementando medidas transformativas, de tal manera que tengan un efecto tanto restitutivo como correctivo, atendiendo no sólo las consecuencias de las violaciones sino sus causas mediatas e inmediatas. Al respecto, podría pensarse en medidas como la redefinición del modelo de desarrollo regional -teniendo en cuenta las expectativas de la comunidad- con el fin último de desarrollar estrategias para poder garantizar el goce real y efectivo de los derechos a la salud, educación, vivienda y trabajo de sus pobladores.
En términos generales, mientras que este reconocimiento de las FARC –y las cuestiones a las que se comprometió públicamente- puede leerse como un paso hacia la verdad y reparación material de las víctimas de la Masacre de Bojayá, el acto de perdón, puede leerse como un paso hacia la reparación simbólica, el restablecimiento del honor, dignidad y memoria colectiva de este grupo victimizado.
La declaración, revela un cambio en el discurso y la posición “fuerte” que hasta el momento venía manejando el grupo guerrillero en los diálogos de la Habana, el cual, hasta hace unas semanas no reconocía haber cometido crímenes de lesa humanidad. Como indicó De La Calle “Este gesto tiene un enorme significado, ocurre en medio de las discusiones sobre el desescalamiento del conflicto y precisamente al término de las cinco visitas de víctimas a La Habana”.
En suma, esta iniciativa, además de reflejar la voluntad por parte de las FARC de culminar exitosamente el proceso de paz frente a las víctimas y los detractores del proceso, hace parte de una estrategia del grupo armado para impulsar el proceso, luego de su primera suspensión por el secuestro del General Alzate.
* ** Investigadores de CERAC
