El comunicado de la Defensoría resalta que el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez «volvió a prender las alarmas y les formuló (a las autoridades) un urgente llamado para que refuercen las medidas encaminadas a proteger la vida e integridad de los habitantes en ese puerto del Pacífico colombiano, ante el preocupante recrudecimiento de la violencia.
Los funcionarios de Alertas Tempranas fueron informados de casos concretos de desapariciones, mueres y torturas. Continúa el comunicado: «En su visita de campo, la Defensoría del Pueblo fue informada sobre tres casos de personas secuestradas y torturadas por presuntos miembros de “Los Urabeños”, una de las cuales logró escapar de sus victimarios, en tanto que las otras dos fueron rescatadas oportunamente por las autoridades. Estos episodios pusieron al descubierto el regreso de las tristemente célebres “casas de pique” y la aplicación de métodos salvajes como la electrocución para agredir a quienes son declarados objetivo militar».
Las Defensoría llama la atención sobre el reclutamineto de adolescentes al servicio de paramilitares como los Urabeños. Cuatro adolescentes entre los 14 y 16 años fueron capturados por el Gaula y la Armada Nacional.
Los datos de violencia sobn preocupantes: «De acuerdo con la información oficial suministrada por el CTI de la Fiscalía, durante 2014 se presentaron 44 casos de desaparición, frente a 78 de 2013; en tanto que según cifras de Medicina Legal el año pasado hubo 153 homicidios en Buenaventura respecto a 195 en el 2013, lo cual si bien refleja una disminución, no implica menguar la intensidad de las estrategias en materia de seguridad y asistencia social».
Esta sistemática violencia y escalamiento del conflicto en Buenaventura ha continuado a pesar de los 21 informes de riesgo emitidos por la Defensoría sobre la situación de DDHH y de los 19 pronunciamientos del Defensor Otálora desde el 15 de novimbre de 2012.
Como ha sido denunciado reiteradamente por la Coordinación Regional del Pacífico y su Observatorio, en Buenaventura se presenta uno de las peores desalojos del territorio, sobre todo aquel en el cual se proyectan obras de infraestructura como puertos, pesqueras, hoteles, entre otros, y que han venido siendo ocupados ancestralmente por los habitantes nativos del Pacífico y Buenaventura.
De manera subrepticia las autoridades y medios de comunicación masivos han venido argumentando como única causa de estas confrontaciones entre paramilitares el control de rutas de narcotráfico, pero el testimonio de los pobladores es otro muy distinto: Afirman que las extorsiones, las muertes, las desapariciones y las casas de pique tienen como objeto crear terror para depreciar las viviendas y los barrios y obligar a la gente a abandonar «voluntariamente» su sitio de vivienda y trabajo.
El caso emblemático es el de muchas viviendas de los barrios Santafe e Inmaculada, que después de vivir en permante amenaza y terror, les fueron compradas sus viviendas a precios irrisorios para la construcción del Terminal de Contenedores TCBUEN.
