El horror de la violencia sin límites, empezando por los suicidios y las barbaries en el seno de las familias y de los condominios, no se supera con este coctel de guerra y paz, de gigantismo militar y policivo, de cárceles hacinadas, de “casa por cárcel” y demás fenómenos en crecida. Los “diálogos en medio del conflicto armado”, quedan como un parche que produce desconsuelo y desgasta aún más el espíritu de la verdadera paz, si no se toma en serio el valor de las vidas humanas de todos: soldados, policías, guerrilleros, ciudadanos civiles.
El conflicto es punto de partida para el diálogo, pero el diálogo no puede ser una cosa más al lado del conflicto armado: se requiere dar pasos concretos como la liberación de los secuestrados, la renuncia pública al secuestro, los mapas de las tumbas, las noticias sobre los desaparecidos, el desminado de los campos, el no recurso desproporcionado a la fuerza, a los fusilamientos “programados”, a la expulsión de los habitantes del territorio; en fin, el encausamiento del conflicto en el derecho humanitario.
A decir verdad, ni el Estado ni la sociedad colombiana le estamos dando la cara a la violencia contra la vida humana. No hay una decisión vigorosa y generadora de unidad social y política ante la crecida desbordante del homicidio, de la criminalidad y la implantación de micro-estados del terror, especialmente en zonas urbanas. La violencia colma todos los espacios de la vida pública y privada, degradando hasta la lúdica de un partido de balón-pie. Y los gobiernos de turno siguen administrando la violencia desde la óptica de los presupuestos en repartija, de los dividendos electorales, de la impunidad a quienes hacen fortuna con la sangre de los colombianos, de la distracción sobre las víctimas sociales y estructurales del sistema, del “embolate” con la devolución de tierras, mientras se avanza en la entrega absoluta de la soberanía sobre el subsuelo y los recursos.
¿Dónde está el ESTADO VIGOROSO en la protección de la vida y la lucha por la paz, que enfrente de verdad el modelo, ahora nuevamente en la feria electorera, de guerra interna absoluta, mientras sus líderes amasan las fortunas de la importación masiva de maquinaria minera, de bienes de uso y consumo y de toda suerte de privilegios personales, familiares y burocráticos, adquiridos con el uso corrupto del poder?
Como Obispo católico en Cali siento de veras que necesitamos definirnos todos y provocar grandes definiciones sociales y políticas. La peor política ante la avalancha contra la vida es la de la ambigüedad, lo que convierte el discurso sobre la paz en la otra cara de la misma moneda de la guerra, aunque se la disfrace de “cambio”. La ambigüedad empeora las cosas en favor de los violentos, dejando al pueblo en manos de quienes manipulan la violencia y la guerra como arma electoral. Ante tal panorama, lo más correcto sería transformar el proceso electoral que se avecina en una pieza del proceso nacional de paz. Porque necesitamos que todos rompamos cualquier vertiente contra la vida y podamos sentarnos a una mesa de diálogo, reconociendo, eso sí, nuestra cuota real y objetiva en la generación de este tejido de muerte, de este asociarse para participar en la guerra y para imponer el modelo económico por encima del derecho a la vida y a la paz.
Hago este grito por la vida, diciendo a la vez que como Iglesia lucho por la inclusión nacional en la paz con verdad sobre los hechos y responsabilidades, con justicia a través de la dinámica restaurativa y constructiva del perdón, es decir, sin revanchas y con garantías de cambio y no repetición de conductas, con compromisos colectivos.
Invito a quienes se disputan el poder político en Colombia, el ejecutivo y legislativo, a tomar en cuenta esta cruda realidad del asesinato en el País y a propiciar un giro completo, del Estado y de los gobiernos que lo administran, hacia la construcción de condiciones anti-homicidio y de protección del derecho a la vida, a la supervivencia legal y a la participación económica en el trabajo, en la producción y bienestar interno de los colombianos todos.
+Darío de Jesús Monsalve Mejía.
Arzobispo de Cali.
