Otros dos casos de personas muy cercanas a Uribe a las que se les comprueban actividades ilícitas y nexos con delincuentes que llevan a repetir la pegunta por la responsabilidad del ex mandatario en estos hechos.
En el caso de Santoyo, Uribe negó de plano que el hubiera dado alguna orden para cometer estos delitos, y pidió a la justicia norteamericana que lo investigara para corroborar su inocencia.
Como a la gente hay que creerle, hasta que no se demuestre lo contrario podemos aceptar que es cierto que Uribe no dio ninguna orden; pero ese no es el problema.
También es posible que Uribe no le haya dado la orden a Jorge Noguera, su primer director del DAS, que pusiera esa entidad al servicio de los paramilitares, o que tampoco haya ordenado a María del Pilar Hurtado que usaran el DAS para chuzar a la Corte Suprema, a líderes de la oposición o a periodistas.
Aceptemos también que no le pidió a Mancuso y sus asesinos que lo apoyaran en su campaña electoral del 2002 ni que obligaran a la gente a votar por él (como lo acaba de confesar el mismo Mancuso), y que no mandó a sus amigos parapoliticos a que firmaran el pacto de Ralito para refundar la patria y se tomaran el 35% del Congreso.
Por supuesto debe ser cierto que Uribe no organizó la sangrienta retoma del departamento de Córdoba por los paramilitares, ni todas las atrocidades cometidas a las puertas del Ubérrimo.
Nadie osaría pensar que Uribe dio la orden a oficiales del ejército que montaran falsos positivos y asesinaran a más de mil jóvenes inocentes. Puede ser que si le haya insinuado a Luis Carlos Restrepo que montara las falsas desmovilizaciones de guerrilleros, pero si él lo niega le podemos creer.
Asimismo se puede creer que Uribe no le dio la orden a Sabas Pretelt que sobornara a Yidis y Teodolindo para que votaran a favor de la reelección, ni al superintendente de Notariado que les diera notarías en pago por sus votos.
También es posible que Bernardo Moreno no hubiera recibido ninguna orden para reunirse en los sótanos de la Casa de Nari con alias ‘Job’, ni que armara montajes con Tasmania para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema.
Ni siquiera en asuntos familiares se puede acusar a Uribe de ordenar ilícitos. Seguro que él no le dijo a sus hijos que compraran terrenos baratos para que los vendieran bien caros después que su gobierno los autorizara para zonas francas; y a su hermano tampoco le debió decir que se relacionara y tuviera un hijo con una mujer hoy extraditada por narcotraficante.
Podemos creer que Uribe no dio ordenes en estos casos y en tantos otros, pero lo que no es creíble es que un presidente que conocía hasta que estaban dañados los baños de un aeropuerto regional no se hubiera enterado de todos los delitos de personas de su círculo más cercano.
Su responsabilidad es política porque él nombró a esos funcionarios y cuando fueron acusados los defendió y los mandó a cargos diplomáticos o les recomendó que se fugaran. Aquí no se trata de un elefante sino de toda una manada de dinosaurios, más grandes y cavernícolas.
