La conmoción y el miedo se apoderó de las casi 200 personas que participan en el proceso de restitución de tierras como miembros de la comunidad de las cuencas de los ríos de Curbaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó. Son líderes, adultos mayores y veedores que acompañan este procedimiento y quienes hoy lamentan la muerte de Manuel Ruiz, líder asesinado el pasado sábado y cuyo cadáver fue hallado en la noche de este martes.
El pasado viernes 23 de marzo, en horas de la tarde, Manuel, de 56 años, y su hijo Samir de Jesús Ruiz Gallo, de 15 años, fueron retenidos por los paramilitares. Según conoció Semana.com, un grupo de hombres armados los obligaron a bajarse del vehículo en el que se movilizaban desde Mutatá hacia Apartadocito, en Curbaradó. Horas después del secuestro, Manuel se comunicó con sus familiares e informó que les exigían dos millones de pesos para dejarlos en libertad, monto que debía ser llevado a un lugar de recepción y envío de giros de Mutatá.
La siguiente información que tienen las autoridades es del sábado 24 de marzo, cuando recibieron la noticia sobre su homicidio. En un documento al que tuvo acceso Semana.com, se confirma que Manuel había solicitado al Ministerio del Interior medidas de protección en tres ocasiones, la primera de ellas a mediados del 2011, la segunda a finales de ese mismo año y la última en febrero del 2012. En ninguna de las tres peticiones obtuvo respuesta, dicen sus allegados.
Este miércoles, los compañeros de Manuel que se encontraban reunidos hace días en Apartadó, Antioquia, para continuar con la culminación del tercer anillo del censo poblacional, decidieron detener sus actividades y guardar luto por su muerte.
Según testimonios de líderes que allí se encuentran, la situación ha sido muy tensa desde el pasado viernes y aumentó este miércoles cuando hacia las 8:30 de la mañana, familiares y miembros del Consejo comunitario de Curbaradó, identificaron los restos de Manuel Ruíz, quien tenía su cuerpo maltratado y un orificio de bala en el pómulo.
Minutos después, se había informado que otro cuerpo de un joven era hallado en el sitio conocido como Cañaduzales. Las autoridades presumen que los restos pertenecen a Samir Ruiz, hijo de Manuel.
Un líder amenazado
Una persona cercana a Manuel relata que él había manifestado un mes atrás que su vida estaba corriendo peligro y que las amenazas también se las estaban haciendo a su señora.
Según la comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Manuel «había sido objeto de amenazas de muerte debido a la reclamación de tierras ocupadas por los empresarios Victor Ríos, Fabián Ríos y Carlos Ríos a través de trabajadores suyos como el «Viyo» y Leonel Holguín Muescan, beneficiarios del paramilitarismo, y ocupantes de mala fe, que adelantan negocios en los territorios de las comunidades».
Otro de los líderes explica que Manuel, hasta antes de su muerte, estuvo acompañando las comisiones del Incoder. «En este proceso existen muchos intereses y hay gente que hace lo que sea para sabotear la restitución. Existen por ejemplo terratenientes que tienen su tierra y están ampliando los límites para decir que su propiedad es de 200 hectáreas y no de 50, por poner un ejemplo. Esas verificaciones son las que hacemos los líderes porque nosotros sabemos cuáles son las dimensiones reales de las fincas, quiénes son desplazados y quiénes no. Eso era lo que estaba haciendo Manuel».
«Quieren evitar la entrega del título colectivo»
Una vez conocido el asesinato de Manuel Ruiz, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que «los que lo desaparecieron quieren frenar el proceso y que no se haga la asamblea para no entregar el título colectivo, y eso es lo que tenemos que evitar», sostuvo e hizo un llamado a que la comunidad no se amedrente ante este asesinato.
Sin embargo, algunos de los líderes le reclaman al gobierno que no cuentan con las garantías suficientes y que la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio está aplicando «pañitos de agua tibia como soluciones. Son una minoría los líderes que tienen algún esquema de seguridad, el resto lo que hemos recibido es un subsidio de transporte o un celular para protegernos».
El pasado 7 de marzo, la Corte Constitucional emitió un auto como respuesta al informe presentado por el Ministerio del Interior en el que se detallaban los avances en el proceso censal de estas comunidades y sobre las acciones adelantadas hasta el momento para la realización de la Asamblea General. En el documento se le pedía a la Corte la fijación de una fecha límite para su realización y señalaba que cuanto más se dilate el proceso, más amenazas se cernirán sobre él.
Es este auto, la Corte resalta la inexistencia de un plan integral de prevención y protección y asegura que «actualmente no se responde a las situaciones de riesgo y a las consecuentes solicitudes de protección». En este sentido concluye que «sería imprudente presionar la realización de la Asamblea General, si antes no se constata un avance concreto y serio en el plan de prevención y protección que dé garantías al proceso» y ordena al Ministerio de Agricultura y al Incoder, la ampliación del territorio colectivo frente a ocupantes ilegales según corresponda, para garantizar su integralidad.
Igualmente, ordena la presentación y puesta en marcha de un «plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva de estas dos comunidades». Sin este plan implementado, «no podrá realizarse la Asamblea General eleccionaria del Consejo Mayor de la cuenca del río Curbaradó».
Tras la muerte de Manuel, los líderes, que en su mayoría también se encuentran amenazados, le hacen un llamado al Gobierno para que se les haga un acompañamiento integral y se preguntan «¿hasta cuándo las comunidades negras tenemos que seguir poniendo los muertos para que el Gobierno pueda entender que lo que denunciamos los líderes es verdad?».
