Las autoridades indígenas no vacilaron en afirmar que el gran problema se debe en que la política DE SALUD y sus normas son perversas, porque se trata de un problema estructural que no se resuelve, porque la política es contraria a la política de salud que se debe implementar con un tratamiento diferencial.
Una primera medida es anular la ley 100, la otra es reformar totalmente los programas y la política. El gobierno ha tratado de justificar, mostrando cifras económicas, activismo y censo de subsidio a afiliados y otorgados a los indígenas. Son sólo cifras que en nada apuntan a prestar una atención integral y cortar de raíz el problema de extinción física de los pueblos indígenas.
La salud en Colombia se convirtió en un negocio jugoso que beneficia a las empresas privadas de salud. Los indígenas concluimos que a mayor mortandad igual o mayor ganancia de capital; el resultado proviene de menor inversión en prevención y atención de salud en comunidades indígenas. La atención no es adecuada por lo tanto sigue subiendo el porcentaje de mortalidad y morbilidad.
