La costa Pacífica nariñense se caracteriza por su exuberante belleza, donde ríos de mar visitan el continente cada seis horas para luego dejarlo vacío con sus caracoles, cangrejos y las grandes raíces de mangle, principal ecosistema de la región: son las mareas, los relojes de movilidad de los habitantes de esta región.
Las cabeceras municipales, pueblos y casas se hallan dispuestas en las orillas de los ríos o de los esteros. La costa nariñense es un delta inmenso de aguas y territorios de gran riqueza biodiversa. Desde el aire, en vuelos comerciales, nada pareciera atormentarle, pero en tierra, las tensiones que viven sus habitantes contrastan con la tranquilidad que ofrece el verde de sus selvas. Cultivos de coca, narcotráfi co, fumigaciones, minería, actores armados, vacunas, desplazamiento, daños ambientales, problemas alimentarios y de necesidades básicas insatisfechas son parte del flagelo que atormenta a esta gente que ama siempre vivir en paz y libertad. La población y las organizaciones denuncian permanentemente la violación de sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), y sin embargo, las políticas estatales siguen priorizando la represión y el impulso de la economía extractivista.
Todos sus municipios padecen la presencia de ejércitos de ocupación: Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Iscuandé, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán. Todos, excepto, Iscuandé, pertenecen a la jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Tumaco. Y a pesar de los esfuerzos organizativos de la Comisión Vida, Justicia y Paz, de los Consejos Comunitarios, de los Cabildos Indígenas, de las parroquias y de la sociedad civil poco se ha podido resolver, pues poco ha sido el apoyo estatal. Uno de los graves problemas constatados es la fumigación aérea y el narcotráfico.
El narcotráfico y las fumigaciones aéreas
En el caso del narcotráfi co, dos preguntas a responder son: ¿Por qué persisten los cultivos de coca si a pesar de las fumigaciones se mantiene la exportación en miles de toneladas a los países consumidores? ¿Cómo es posible que aumenten los cultivos de coca, que pasaron del año 2012 de 10.733 a 13.177 en el año 2013, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (UNODC) (2), si cada corto tiempo se realizan intensas fumigaciones aéreas?
El aeropuerto de Tumaco es una zona de guerra. Se ven las avionetas, los helicópteros militares, un batallón, la policía antinarcóticos y algunas veces, hasta mercenarios estadounidenses cuyo propósito ha sido regar, desde principios de siglo, más de cinco millones de litros de glifosato de manera indiscriminada en los bosques, ríos y caseríos de la costa… y en cultivos de coca.
Muchos pobladores y hasta autoridades civiles constatan que las fumigaciones aéreas es el problema más grave que se viene presentando desde principios de siglo en la costa Pacífica. Según cuenta un miembro del Consejo Comunitario del río Sanquianga “en salud, donde cae el glifosato a la gente le da gripa y alergias, yo todavía tengo una gripa por la fumigación de la semana pasada, y eso que en la parte que yo vivo hay muy poquita coca, y así nos fumigan. Nosotros hace cinco años (2009) que fuimos desplazados por la violencia y la fumigación acabó con todo”. Por su parte el alcalde de Olaya Herrera, Teodoro Caicedo Montaño justifica la actividad de la siembra de coca: “En parte los campesinos lo hacen por el abandono del Estado”. Otro poblador afirma que como no hay apoyo para cultivar legalmente con préstamos y asesorías, la gente le ha tocado meterse a la siembra de coca. Una mujer del río Satinga nos cuenta que varias veredas fueron beneficiarias de unos proyectos productivos agrícolas, “pero de nada sirvió porque vino la fumigación y los dañó”. Esos cultivos de pancoger los sembraron cerca de sus casas y sin embargo, hasta allá llegaron las avionetas con el glifosato.
En Tumaco se presentaron propuestas de sustitución de cultivos por iniciativa de los propios pobladores que veían la relación cultivos de coca – actores armados como generadores de violencia y pérdida de gobernabilidad en su territorio. Tal es el caso de la experiencia del Sí se Puede del Consejo Comunitario Rescate Las Varas, que tiene 15 poblados donde viven 1252 familias, para un total de 6000 habitantes, poseedores de un título colectivo de 15 mil hectáreas. A partir del 2003 más del 85% de su territorio comenzó a ser afectado por los cultivos de coca.
La masacre de tres personas en el año 2008, entre ellas su máximo líder, Fruto Dionisio Quiñónez, reunió al Consejo Comunitario Rescate Las Varas y en asamblea decidió erradicar voluntariamente los cultivos de coca.
A pesar del optimismo de la organización Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, RECOMPAS, el gobierno no cumplió a cabalidad con las promesas del proyecto Sí se puede, y en este momento, de nuevo el control territorial está muy afectado en el Consejo Comunitario Rescate Las Varas. La política antidroga del Estado colombiano, por mandato del gobierno de Estados Unidos, al no proponer alternativas de inclusión y equidad en la economía legal del país, se convierte en otra declaración más de guerra a los afrocolombianos e indígenas del Pacífico.
Lo concluyente es que el Estado colombiano ha intentado resolver el problema de los cultivos de uso ilícito a la fuerza, mientras que los narcotraficantes de “alcurnia” han conformado sus ejércitos particulares y han hecho alianzas con actores armados ilegales, y de manera grave, también con miembros de la fuerza pública y políticos, situación que ha intensificado la corrupción, los desplazamientos, las muertes y el confinamiento territorial de afronariñenses, indígenas y mestizos nativos. Esta complicidad y connivencia se refleja en las pocas denuncias de las víctimas sobrevivientes ante las autoridades competentes, pues el temor a ser revictimizados es latente.
La situación minera
Hay cuatro municipios invadidos por la presencia de más de 400 retroexcavadoras: Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuandé. El daño ambiental en el bosque, la contaminación de los ríos y los cambios negativos en el tejido sociocultural son incontables. La presión de las armas está detrás de este negocio, que a sus alrededores fomenta la prostitución, el abuso sexual de niñas, la deserción escolar, la compraventa de armas, las apuestas, las amenazas y la muerte.
Históricamente Barbacoas ha sido el municipio aurífero de Nariño: tiene 12 Consejos Comunitarios, de los cuales sólo dos no tienen minería, y nueve resguardos indígenas, de los cuales ninguno tiene esta problemática. Sin embargo, las retroexcavadoras, dragas y dragones siguen navegando los ríos Telembí, Ulí, Guelmambí, Yacula, Pipalta, Telpí, Inguambí, Palí, Ñambí, Yaguapí, Sumbiambí, entre otros, se han tomado la carretera en mal estado Barbacoas-Magüí Payán y se asentaron también en Roberto Payán e Iscuandé. La minería es como un cáncer. No se va hasta que lo destruye todo. Los accidentes de los barequeros que se lanzan a la par con las retroexcavadoras en la hora que les permiten mazamorrear, ha producido decenas de heridos y varios muertos. En febrero 14 de este año más de 17 mineros heridos y varios desaparecidos dejó un desplome de una mina en Iscuandé (3), sólo para citar un ejemplo.
En el reporte del Observatorio Pacífico y Territorio sobre minería en el Pacífico se destaca que: “La siembra y erradicación de los cultivos de uso ilícito es importante para entender la actual dinámica económica de la región alrededor de la minería. Como se explica en una solicitud de permiso de explotación minera artesanal dirigida en marzo del 2013 a la Agencia Nacional Minera y al Ministerio de Minas y Energía por parte de varios Consejos Comunitarios (4):
Estas Comunidades se dedicaron en un 70% a la siembra de cultivos ilícitos y el Gobierno Nacional cumpliendo con sus programas de erradicación de estos cultivos, ha venido adelantando fumigaciones en la zona y erradicaciones manuales, por lo cual la situación económica para estas comunidades ha bajado su ingreso per cápita a un 50% y su índice de empleo de igual forma, viendo nuestros campesinos su única alternativa de regresar a la vocación tradicional minera, actividad que han desarrollado desde muchos años atrás (5).
Sigue diciendo el informe que: “Las autoridades municipales y departamentales (alcaldías, Corponariño, gobernación, etc.) a las cuales les compete garantizar los derechos y acompañar a las comunidades, son permisivas frente a la minería ilegal. Incluso, en la zona, estas instituciones son las que otorgan permisos a foráneos para que exploten los recursos mineros en los municipios. En los últimos años se ha observado que una estrategia que utilizan empresas mineras y particulares para acceder a los recursos mineros en los territorios de comunidades negras e indígenas es por medio de instituciones públicas locales (municipales o departamentales), a las cuales ofrecen la implementación de obras sociales u otro en el territorio. Con esta “promesa” logran acceder a los territorios, en los cuales terminan desviando su objetivo hacia la explotación minera. Además, las autoridades competentes no cumplen con su responsabilidad de controlar y hacer seguimiento a la actividad minera y sus impactos sociales, ambientales, culturales y organizativos en la región. Las dinámicas actuales alrededor de la minería de retroexcavadoras en la costa Pacífica nariñense conllevan a amenazas latentes para las comunidades y los Consejos Comunitarios que se resisten, ya que en muchas ocasiones han sido señaladas como cómplices directas o indirectas” (6).
Ríos Caunapí y Mira contaminados por derrame de petróleo
El río Caunapí corre paralelo a la carretera que va de Pasto a Tumaco, ya en la llanura. Allí viven más de diez mil personas que se ven afectadas directamente por el derrame de petróleo en el río. El presunto motivo es el robo del combustible directamente del oleoducto. Pero Ecopetrol no toma medidas contundentes, mientras que la fuerza pública no hace presencia en los sitios afectados.
El río Caunapí desemboca en el río Rosario y éste llega directamente a la bahía de Tumaco. El río Mira desemboca al sur de la ciudad de Tumaco y se convierte en fuente contaminante directo del mar. Son ríos que a pesar de las plantaciones de palma (cuyos impulsores dejaron una estela de violencia), todavía conservan en sus alrededores algunos metros de arborización. Lo más importante, estos ríos tienen la función de ser fuente de agua para el consumo humano, sea de cocina, baño o lavandería. El río Caunapí, por ejemplo, sirve o afecta, según sea el caso, a más de 10 mil personas que habitan sus alrededores. Uno de los consejos comunitarios más afectados por los derrames de crudo es el Consejo Comunitario Mandela del corregimiento de la Espriella donde 300 familias esperan soluciones prontas.
También afectado directamente se encuentra el Consejo Comunitario Mayor del Río Caunapí que se compone aproximadamente de 1.025 familias. Las comunidades que padecen del derrame de petróleo son: La Brava (120 familias), Cortadura (29 familias),Vuelta Villa Real (25 familias), Pueblo Nuevo (67 familias), Tanga Real (345 familias), Salto de los Clevel (30 familias), Zapotal (30 familias), Vuelta Larga (68 Familias), Lomerío (27 Familias), Dos Quebradas (84 familias), La Vega (25 familias), Vuelta del Carmen (17 familias), El Retoño (98 familias) y Nueva Creación (60 familias).
Asimismo, están afectados el Consejo Comunitario Mayor del rio Mira y Fronteras y el Consejo Comunitario Mayor del Rio Rosario con todos sus ríos y quebradas tributarias.
También con muchas afectaciones se encuentran las comunidades indígenas Inda Guacaray (300 Familias) e Inda Zabaleta (450 familias) en la parte alta, de las cuales hay un promedio de 750 a mil familias indígenas y mestizas, que pueblan alrededor del rio Inda Guacaray e Inda Zabaletas, en la parte alta de los ríos y donde se presentan derrames del crudo. Sin embargo, donde más rompen el tubo es entre las poblaciones de Llorente y Junín, en la vía Tumaco-Pasto, en la llanura.
En épocas de lluvia la situación se agudiza, pues el río Caunapí, Mira y Rosario inundan los cultivos de cacao, plátano, yuca, papachina, maíz, arroz, arboles maderables, las casas, etc. dejando en la ruina a los cultivadores, pues muchos de ellos se endeudan para sembrar. Se ven manchadas las casas, las hojas de cacao y de plátano y hasta los niños y niñas que deciden recrearse en el río. A pesar de las denuncias, la situación continúa empeorando día a día, porque interrumpe todas las funciones diarias de las familias.
Los pobladores afectados responsabilizan directamente al Estado por no realizar inversiones en el campo ni apoyo a los campesinos, y por no controlar el daño ambiental que están generando las bandas criminales, quienes al parecer no actúan solas. No sólo es el robo de los recursos petroleros mediante perforaciones a los oleoductos, sino el grave daño ambiental que afecta los derechos fundamentales al agua potable y a la alimentación de los habitantes de esta subregión de Tumaco.
De manera que la comunidad llama a los directivos de ECOPETROL, ya que los contratistas dicen que no pueden hacer nada al respecto, y al Ministerio del Medio Ambiente para que hagan una visita al río Caunapí, al río Mira y demás cauces afectados, y busquen las soluciones definitivas a tan graves problemas. La comunidad aún no entiende por qué un oleoducto que pasa paralelo por una carretera donde permanece la fuerza pública las 24 horas del día, se permite un saqueo de crudo tan frecuente. Son más de 12 años, aproximadamente, que los habitantes de la llanura de Tumaco se han visto afectados por este problema.
Los actores armados
Es evidente que la costa Pacífica nariñenese es un territorio en disputa entre guerrilla, paramilitares y fuerza pública. Desde mediados del año 2013, la guerrilla ha venido ganando terreno. En el primer semestre del 2014 en Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera, las FARC decretó un toque de queda a partir de las 10 de la noche. La situación en el río Satinga también es alarmante. Al igual que en los municipios de Mosquera y Francisco Pizarro, entre otros.
Por su parte, la ciudad de Tumaco viene padeciendo desde hace varios años violentas incursiones armadas que incluyen bombas y granadas explotadas contra policiales pero donde también ha muerto población civil. Los asesinatos de jóvenes de los barrios de bajamar y la presencia de grupos armados por el control de los mismos, sumado a una alta tasa de desempleo y mala calidad educativa, hacen de Tumaco, junto con Buenaventura y Quibdó, una de las ciudades más peligrosas de la costa Pacífica colombiana.
Resulta ejemplarizante que frente a este panorama desolador algunos pobladores de barrios, colmados de valor civil, y también de temor, pero cansados de la violencia y las extorsiones, han decidido expulsar a paramilitares alojados allí (7).
Un concejal que prefiere mantener el anonimato, narra que “mucha gente no denuncia, porque se da información a policías y soldados y de inmediato los grupos ilegales están informados; igual sucede con la fiscalía y la procuraduría donde están recibiendo dinero de grupos no estatales y narcotráfico. Entonces estamos poniendo en riesgo la vida de uno y de la familia. En la costa nariñense el número de asesinatos y desaparecidos es incalculable, hay muchas fosas comunes, otros fueron lanzados a los ríos, en los pueblos hay gente enterrada por robarle el dinero para mercar. Asimismo, hay muchas personas asesinadas que procedían del Putumayo y que los familiares todavía reclaman sus cuerpos”.
En consecuencia, los diálogos de La Habana entre las FARC y el gobierno en el marco de un proceso de paz y postconflicto, debe dejar claro qué va a pasar con la presencia de actores armados distintos a las FARC que hacen presencia en la región. De la misma manera, debe resolver el para dónde se van a ir los miembros de las FARC desmovilizados, sin que afecte la propiedad y uso de los territorios de las comunidades indígenas y afronariñenses. Son muchos los retos en la búsqueda de una paz con perspectiva territorial, por ello reafirmamos que los diálogos regionales son el camino expedito de escucha de las propuestas de la gente, y en el mismo objetivo, de la aplicación de una política de paz concertada con las comunidades.
La corrupción institucional
La situación presupuestal de las alcaldías no alcanza a resolver los problemas de sus comunidades. Pero aun sabiéndolo, prometen lo incumplible en sus campañas electorales. De allí, que los intereses de los votantes, y del grupo o grupos que eligieron al alcalde intenten cobrar sus deudas a través de contratos o nombramientos. Deudas que con el poco presupuesto asignado casi nunca pueden pagar, sobre todo si son municipios de sexta categoría. El alcalde de Olaya Herrera, Teodoro Caicedo Montaño, afirma que “un municipio como este de sexta categoría tiene un presupuesto de 15 mil millones, sin incluir regalías ni las transferencias de resguardos; en un 60% se invierte en salud. Entonces, al gobernante se le elige con una alta popularidad, pero cuando ve que el votante busca el lucro personal, y cuando ve que el presupuesto está amarrado y que hay mucha vigilancia sobre el presupuesto, entonces el mandatario pierde popularidad”.
Para el alcalde de Olaya Herrera, la cultura del no pago, a pesar del comercio pujante, impide que se cumpla con la ejecución de algunos programas y proyectos. Si bien es un municipio IVA, el gobierno exige que debe cumplir con la cuota de impuestos. En este sentido, a pesar de que nueve mil millones de pesos anuales están destinados a la salud, es precisamente en esta área donde más quejas se presentan de los pobladores y hasta el mismo alcalde.
Una de las características de la manera de hacer política electorera en Colombia es a través de la compra de votos. Y el Pacífico y la costa nariñense no son la excepción, pues es sabido que hacer grandes inversiones en campañas políticas, garantiza la elección del candidato, y por tanto, el control de las autoridades y los presupuestos.
El concejal denuncia la corrupción reinante en los municipios de la costa nariñense por parte de alcaldes que en muchos casos se hicieron elegir mediante alianzas con sectores ilegales. De allí que desde mediados del mes de julio de 2014 tanto en la costa Pacífica nariñense como en la caucana, se hayan movilizado las poblaciones contra la corrupción, el mal gobierno local y el abandono del gobierno departamental y nacional. Son movimientos cívicos pacíficos que cuentan con el apoyo de las fuerzas vivas, pues ya no soportan más, aunque han males que duren cien años y cuerpos que los resistan, como la corrupción y la violación de los DDHH, entre otros.
Esperemos que de los acuerdos entre pobladores y Estado se cumpla la mayor parte. Por lo general, se ha visto en el Pacífico que los altos funcionarios de Bogotá llegan a tomarse la foto, pero no facilitan soluciones sustanciales.
Procesos de memoria
La Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Tumaco viene desarrollando una experiencia de Memoria de la violencia llamada Casa de la Memoria de la costa Pacífica nariñense. Es un trabajo que ha merecido premios, no obstante su objetivo es para que sus líderes asesinados sigan vivos en la memoria de la historia.
Dentro de este trabajo de Memoria, comenzado por la hermana Yolanda Cerón, asesinada el 19 de septiembre de 2001, también hacen parte las semanas de la paz realizadas por la Diócesis, las maratones de memoria en la carretera Tumaco- Ricaurte donde se tiene constancia de más de 900 muertes violentas. Como lo denunció hasta su muerte la hermana Yolanda Cerón, solamente en la implementación de la palma aceitera y camaroneras fallidas, mediante el apoderamiento forzado de las tierras, al testaferro del cartel de Cali, Jairo Aparicio, se le señala de 300 muertes cometidas en el primer lustro de los años noventa. Luego entrarían con fuerza los narcotraficantes, grupos paramilitares y la guerrilla, que dominan hasta hoy el escenario territorial.
Sumado al compromiso de la Diócesis y las organizaciones etnicoterritoriales y sociales, está también el Teatro para la Paz que recrea esa memoria que saca del olvido y alienta al caminante en la búsqueda de la paz.
A manera de conclusión
Se ha presentado aquí un panorama desolador de la costa nariñense a manera de denuncia, pero también son retos que deben afrontar las organizaciones etnicoterritoriales y sociales. Desde la Coordinación Regional del Pacífico saludamos y apoyamos el movimiento cívico que está surgiendo en esta región y en el Cauca, porque además de ser un signo esperanzador, recoge elementos para la incidencia política donde las comunidades están apropiadas tanto de sus problemas como de sus compromisos. En el actual proceso de paz, es importante plantear la necesidad de los diálogos regionales de paz donde las comunidades no deleguen el sueño de la conquista del bienestar.
Notas:
* Realizador audiovisual y Comunicador de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC). Para la elaboración de este artículo contó con el apoyo decidido de las parroquias de Satinga y La Espriella y del Teatro para la Paz.
(2) Nariño no le gana la guerra al cultivo de coca. Publicado el 28 de junio de 2014. En http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/narino-le-gana-guerra-cultivo-coca.
(3) ColombiaNoticias.co. Deslizamiento en mina de Nariño deja 17 heridos y cinco desaparecidos. http://colombianoticias.co/deslizamiento-en-mina-de-narino-deja-17-heridos-y-cincodesaparecidos.
(4) Acercamiento a la problemática minera en el Pacífico colombiano. 2013. Reporte del Observatorio Pacífico y Territorio. http://www. pacificocolombia.org/documentos#57.
(5) Consejos comunitarios de Barbacoas 2013. Solicitud de zona minera tradicional de comunidades negras. Documento no publicado.
(6) Acercamiento a la problemática minera en el Pacífico colombiano. Reporte del Observatorio Pacífico y Territorio. http://www.pacificocolombia.org/documentos#57.
(7) Coordinación Regional del Pacífico y Diócesis de Tumaco. Video Cómo ir de malos a Buenos Aires. 2013. http://www.pacificocolombia.org/videos/como-ir-de-malos-a-buenos-aires/90.
Artículo tomado de la revista Territorio de Etnias 8 de la CRPC
