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Varios conflictos laborales y el incremento de amenazas a sindicalistas, oscurecen panorama en el Valle del Cauca

By diciembre 31, 1969No Comments
Varios conflictos laborales y el incremento de amenazas a sindicalistas, oscurecen panorama en el Valle del Cauca
Varios conflictos laborales y el incremento de amenazas a sindicalistas, oscurecen panorama en el Valle del Cauca

La expectativa de los corteros

En noviembre próximo los cerca de diez mil corteros de caña del Valle y del norte del Cauca, en su gran mayoría vinculados a cooperativas de trabajo asociado, renegociarán su pliego petitorio con los dueños de los ingenios, hecho éste que desde ya genera gran expectativa, dada la importancia económica del azúcar y el etanol, la cantidad de familias que viven de la actividad del corte de caña, y el antecedente del largo paro que en el 2008 protagonizaron los corteros para forzar a los ingenios a mejorar sus condiciones salariales y laborales.

Según pudimos constatar con los dirigentes de los corteros, los acuerdos del 2008, que permitieron el levantamiento del paro, en términos generales se han venido cumpliendo, aunque con algunas inconsistencias en casos puntuales, como el peso de la caña y la cantidad de corte asignado, señaló Adolfo Tigreros, asesor sindical de los corteros.

 El único ingenio que no ha cumplido es María Luisa, que se negó a igualar el precio de la tonelada, por lo que allí los corteros ganan menos que en los otros ingenios. Después acabó con las llamadas ofertas mercantiles de las cooperativas, lo que propició que los corteros estuvieran casi un mes reclamando su reintegro y poder continuar negociando. La solución que se les ofreció fue regresarlos al sistema de contratistas, en el que están ahora en condiciones más precarias que los de los otros ingenios, y sin estabilidad laboral. Prueba de ello es que recientemente el contratista despidió a 5 corteros, uno de ellos: Floro Bolívar Vallecilla, es directivo de Sinaltrainal, caso que esta organización calificó de persecución sindical.

Un aspecto que genera mucho malestar entre los corteros, es que se siguen sintiendo “tumbados” en el peso de la caña, un tema que los ingenios no han resuelto y que precisamente fue uno de los puntos que los llevó al paro del 2008. Las auditorias establecidas para verificar este punto parece que no están operando satisfactoriamente.

 Otro punto en cuestión es que ha rebajado el volumen de corte que los ingenios asignan a las cooperativas, y por tanto el lote de trabajo para los corteros ha disminuido al igual que sus ingresos. Antes cortaban tres tajos como mínimo, ahora dos. “Nos aumentaron el precio de la tonelada, pero nos rebajaron los tajos, ya trabajamos menos, o sea que quedamos en las mismas”, dice Mélido Ceballos del ingenio Providencia. Precisamente en este ingenio hubo una ocasión en que las cooperativas pararon 15 días por falta de materia prima, cuando los ingenios se comprometieron a cumplir con la cuota de corte y a garantizar la continuidad del trabajo.

 La otra gran preocupación es la mecanización del corte de la caña, que viene avanzando, porque ya hay más máquinas en los campos haciendo el trabajo que antes hacían los corteros. De ahí que los ingenios hayan incrementado el  retiro voluntario de los corteros. Se calcula que en los dos últimos años han salido unos 800 corteros de los ingenios, que no se reemplazaron.

 Atentados y amenazas

 4 casos de homicidios contra sindicalistas se han registrado este año en el Valle del Cauca, según lo denunció Wilson Sáenz, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT en esta región del país. El caso más reciente fue el de Hernán Ordoñez, fiscal del sindicato del INPEC seccional Valle, asesinado por dos sicarios desde una motocicleta. Este dirigente  fue implicado en la denuncia de posibles hechos de corrupción que se venían presentando en relación con personal directivo de la Cárcel de Mujeres en la capital del Valle, y ya  había sido objeto de amenazas y víctima de un atentado. En otros dos casos las víctimas fueron del Sutev (sindicato de educadores), y el cuarto fue un líder sindical del municipio de Jamundí, asesinado por sicarios en su propia oficina.

 A estos hechos se suma la escalada de amenazas contra dirigentes y líderes sindicales, empezando por la propia sede de la CUT Valle, donde en días pasados se presentó una pareja, hombre y mujer, que dijeron pertenecer a las Autodefensas y dejaron una nota amenazante contra el dirigente Omar Romero. Dos semanas después, dentro del baño de la misma sede, apareció un panfleto de las “Águilas Negras” con amenazas a toda la junta directiva de la CUT Valle. Además, en esa misma época varios encapuchados merodearon de madrugada en los alrededores de esta sede sindical, y hubo asimismo amenazas telefónicas contra Álvaro Vega, presidente de la CUT Valle, quien incluso fue objeto de un seguimiento de hombres en motos.

 Un caso crítico es el de Rosario Franco, educadora afiliada al Sutev y vicepresidenta de la CUT Valle, quien denunció amenazas no sólo contra ella sino también contra su familia, por lo que tuvo que cambiar de residencia. Un momento crítico lo vivió una tarde que una persona armada se paró a su lado.

 Por su parte, Sinaltrainal sucursal Bugalagrande denunció amenazas contra los dirigentes Honofre Esquivel y Héctor Jairo Paz, ambos trabajadores de la multinacional Nestlé. Este último, miembro de la Comisión de Reclamos del sindicato, fue perseguido por dos hombres en una moto, quienes desistieron de atentar contra su vida al advertir el esquema de seguridad que días antes le había suministrado el Gobierno a raíz de la recepción de panfletos firmados por “Los Rastrojos”. Dos días después recibió en su residencia un sufragio con amenazas contra él y su familia, lo mismo que Honofre Esquivel, por lo que ambos tienen sus hijos desplazados.

 A esto se suma el precario esquema de protección que tienen los directivos amenazados. Según la CUT Valle, son apenas 3 agentes para cuidar 10 directivos, de tal suerte que cada uno goza de protección apenas una semana al mes. El resto del tiempo están desprotegidos. Además, los escoltas asignados son contratistas del DAS, a quienes no les pagan puntualmente y deben utilizar vehículos en pésimo estado; como tampoco les asignan tiquetes aéreos cuando deben viajar fuera de la ciudad.

 Según la CUT, en el norte del Valle la situación se ha tornado difícil para los líderes sociales y docentes sindicalizados, especialmente en Cartago, donde quienes se atreven a reclamar por la violación de derechos laborales por parte de la administración municipal, son blanco de amenazas.

 En diciembre pasado fue asesinada una educadora dirigente de la Secretaría de la Mujer de Sutev Cartago; y en lo que va del año 6 sindicalistas fueron amenazados en Cartago y Ansermanuevo por un grupo autodenominado “Los 12 del patíbulo”. Entre ellos figura Fernando Loaiza, de la junta directiva de Sutev Cartago; y Hernando Montoya Guevara, destacado líder social y además coordinador de la CUT para la zona norte del Valle, amenazado por denunciar graves situaciones de corrupción en la región.

 Renuncias irregulares, despidos  y chantajes

 La CUT Valle denunció a varias empresas que propician la renuncia de trabajadores de manera irregular y bajo chantaje. No sólo los hacen renunciar y los liquidan por debajo de lo establecido por la ley, sino que les hacen firmar documentos en los que también renuncian a cualquier reclamación.

 “Existe una política generalizada de los mal llamados ´arreglos voluntarios´ que estas empresas quieren imponer en el Valle del Cauca. Así en el 2009 lograron sacar más de 3.000 trabajadores y casi 40 directivos sindicales”, dijo Álvaro Vega, presidente de la CUT Valle.

 Un caso patente se dio en la empresa Nestlé, Bugalagrande, donde 31 empleados de la vigilancia, con antigüedades de hasta 20 y 25 años, fueron obligaron a firmar carta de renuncia con fecha anterior, y junto con ésta la carta de la empresa aceptándoles la renuncia. Pero además un acta de conciliación ante el Ministerio, en la cual concilian condiciones por debajo de lo establecido por la ley, algo que, aparte de ilegal, no tiene precedentes.

 Situaciones similares, según la CUT Valle, se han presentado en empresas como Calzado Maravilla, Grupo Moda, Punto Sport, Alimentos Yupi, Coca cola y otras del sector comercio y servicios. Y como muchos de esos despedidos hacen parte de sindicatos, tal  práctica obra el efecto de desmembración de las organizaciones sindicales.

También es común el despido de trabajadores sindicalizados, incluso con fuero de directivos. Ocurrió en la Caja de Compensación Familiar del Valle, Confandi, donde por afiliarse a Sinaltrainal, sindicato de industria, la gerencia despidió a un grupo de trabajadores, algunos de la directiva. Según la CUT Valle, en estos casos el Ministerio de la Protección Social no hace nada para defender el derecho de libertad sindical, y cuando lo hace actúa de manera parcializada.

Contra la privatización de Emcali

 El Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali, ha sido una de las organizaciones que han liderado la oposición a la privatización del componente de Telecomunicaciones de Emcali, y a la venta de la empresa generadora de energía eléctrica Termoemcali, para lo cual no sólo ha realizado actividades de información, denuncia y movilización ciudadana (como la masiva concentración realizada el 30 de junio en la Plazoleta del CAM en Cali), sino también acciones populares y de tipo jurídico.

“Gracias a la lucha unificada entre el movimiento sindical y los sectores sociales, hemos logrado resistir los embates del modelo neoliberal que ha pretendido privatizar a Emcali, pese a que en todos los espacios posibles se ha demostrado la viabilidad de esta empresa industrial y comercial del Estado. En los diez años que lleva el proceso privatizador han sido innumerables las confrontaciones con el gobierno, y ha habido decenas de compañeros despedidos, amenazados y algunos asesinados”, señaló Jorge Iván Vélez C., presidente de Sintraemcali, organización que agrupa a 1.900 de los 2.330 trabajadores que tiene Emcali.

La lucha, dijo, es por la devolución inmediata y sin condiciones de Emcali, y para impedir la subasta del 49% del componente telecomunicaciones, negocio éste con el que por medio billón de pesos se pretende vender a una reconocida empresa multinacional una infraestructura cuyo patrimonio supera los 2 billones de pesos.

“Es necesario elevar nuestra denuncia y llamar a la solidaridad para acompañar la defensa de Emcali, porque esta pelea no es sólo de los trabajadores, es de todos los caleños y colombianos”, agregó el directivo, quien denunció lo que llamó un contubernio entre el gobierno nacional, la alcaldía de Cali, el sector financiero y el concejo municipal para lograr a toda costa que Emcali pase a manos del capital privado, lo cual encarecerá más las tarifas de los servicios públicos y deteriorará la calidad de vida de los caleños.

 Por otra parte, Sintraemcali ganó el pulso judicial que venía sosteniendo con la empresa en torno a algunos derechos de operatividad sindical. El  Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali ratificó la decisión de ordenarle a la gerencia de Emcali devolver los permisos sindicales que ésta había suspendido. Asimismo le ordena reintegrar los recursos retenidos de los aportes sindicales y no involucrarse en los asuntos internos del sindicato.

El caso Sidelpa

En los estrados judiciales sigue su curso el conflicto que enfrenta a Sidelpa S.A. con el sindicato y sus trabajadores; conflicto que ha frenado el proceso de liquidación de esta siderúrgica, filial del grupo Gerdau de Brasil.

Como se sabe, en junio de 2009 Sidelpa S.A. entró en liquidación alegando quiebra económica, no sin antes ofrecerles a sus 256 trabajadores un plan de retiro voluntario con indemnización. Todos lo aceptaron, excepto Álvaro Vega y Eduard Gustavo Portilla, ambos de la junta directiva del sindicato y a la vez dirigentes de la CUT Valle, quienes solicitaron reubicación en otra empresa del grupo y el respeto a todos sus derechos convencionales; solicitud que la empresa no sólo rechazó sino que entabló demanda para levantarles el fuero sindical y proceder a su despido. Este proceso se adelanta en un juzgado de Cali.

De otro lado, ambos directivos demandaron a la empresa ante el Ministerio de la Protección Social por considerar que el cierre de la empresa fue una maniobra para acabar con el sindicado y la convención colectiva de los trabajadores; pues no otra explicación tiene que a la planta le sigan haciendo mantenimiento y aseo y siga intacta casi un año después de cerrada; e incluso sigan utilizando los patios de chatarra en procesos productivos, lo cual es irregular en un proceso liquidatorio. Lo otro que no se entiende es que la empresa haya justificado su cierre por quiebra económica, cuando sí tuvo recursos para indemnizar a los trabajadores por más de $30 mil millones. El fallo del Ministerio favoreció al sindicato y Sidelpa fue sancionada con multa de 20 salarios mínimos.

Por su parte, la mitad de los trabajadores que conciliaron su retiro decidieron hacer una acción de grupo contra la empresa, argumentando que el cierre fue ilegal y ellos fueron presionados a conciliar.

 Los transportadores protestan

 Otro conflicto de índole laboral que aún no se soluciona en la capital del Valle, tiene que ver con los transportadores de las diferentes empresas de servicio público de la ciudad de Cali, quienes vienen siendo desplazados por el nuevo transporte Masivo MIO.

Según un vocero de los transportadores, ellos en ningún momento se oponen al desarrollo de la ciudad, pero no aceptan que se cancelen las rutas que vienen siendo atendidas por ello y no se les indemnice, y ni siquiera se les dé la posibilidad de poder acceder a generar un ingreso para el sustento de sus familias. “Esta situación va generar en la ciudad más desempleo y desintegración social porque son alrededor de 5 mil familias las que quedaran desprotegidas de la salud, vivienda y el derecho al  trabajo”, señaló el vocero.

El pasado 9 de julio los transportadores realizaron una movilización de protesta en Cali, en la cual también participaron estudiantes de entidades públicas que le exigen al MIO tarifa preferencial.

Problemas en la Gobernación y en Kraft

Sintragobernaciones denunció que las y los trabajadores de la Gobernación del Valle entraron al sexto mes sin recibir el reajuste salarial correspondiente al 2010, que es del 5% para el personal profesional, técnico y asistencial, y de 2% para los asesores y directivos. Adicionalmente se fijó el compromiso de pagarles el retroactivo, pero estos compromisos quedaron solo en palabras.

 Por su parte, la Junta Directiva de Sinaltrainal Palmira denunció que la multinacional Kraft atropella a los trabajadores y viola la Convención Colectiva firmada con el sindicato. Para tal efecto, realizaron una jornada de denuncia en las instalaciones de Kraft en la Zona Franca del Pacífico.

TOMADO DE ENS Y TRABAJO DECENTE Y VIDA DIGNA

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