En el expediente criminal de Álvaro Uribe hay dos delitos que se están convirtiendo en la espada de Damocles de la justicia colombiana e internacional contra el pronto ex Presidente. El 9 y 13 de julio del presente, Uribe fue acusado por primera vez directamente por los casos de espionaje telefónico y seguimiento a personalidades de la alta política colombiana.
La acusación fue hecha, nada menos, que por el ex Director General del Área de Inteligencia de la policía secreta del régimen, «DAS», Fernando Alonso Tabares Molina. Siendo la justicia colombiana una honrosa excepción a la mayoría de las justicias clasistas corruptas de América Latina, es muy posible que esta vez Uribe no se escape de la responsabilidad de haber creado un proto-Estado paramilitar-narco, a la sombra del Estado oficial; coordinado desde la Presidencia y el DAS.
Más grave aún es que el 22 de julio del presente, diputados y senadores del Congreso de la República, junto con 21 parlamentarios europeos y representantes de organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, constataron en el municipio de la Macarena, Departamento del Meta, un cementerio clandestino con, posiblemente, unas 1.500 víctimas de la Fuerza Armada de Colombia y sus aparatos paramilitares.
La fosa común se encuentra al lado de una brigada del Ejército que ha recibido apoyo del Plan Colombia. La reacción de Uribe al descubrimiento consistió en su habitual método de amenazar e intimidar. Esas acusaciones, dijo, las estan haciendo «voceros del terrorismo para poderse recuperar». Se le olvidó que con los parlamentarios europeos, sus métodos terroristas no van a funcionar.
Hoy día está claro que la ejecución del «Plan Colombia» por Uribe, es una cadena interminable de crímenes de lesa humanidad, moldeada según el modelo de holocausto de Washington en Vietnam, con su Operation Phoenix, que asesinó a 75.000 cuadros vietnamitas; el body count, es decir, la matanza de civiles en beneficio de soldados y oficiales, que en Colombia reaparece —con una tasa de impunidad del 98.5%— como la política de «falsos positivos»; la «separación del pez del agua», o sea, del guerrillero de la población campesina, que ha producido más de cuatro millones de desplazados y refugiados en Colombia; finalmente, el vano intento bélico de destruir la retaguardia del Movimiento de Liberación Nacional (Vietminh) que llevó a la invasión militar de Laos y Camboya y, en Colombia, a la intervención militar contra Ecuador y la planeada agresión contra Venezuela.
Paso a paso, esos crímenes saldrán del anonimato creado por el poder oligárquico colombiano y alcanzarán a sus autores, tal como está sucediendo con los asesinos militares y policíacos del Cono Sur. Santos ya tiene una orden de captura en su contra en Ecuador, desde el 26 de abril del 2010, que sólo podrá neutralizar a través de un arreglo político. Si no llega a ese «quid pro quo», quedará desprotegido jurídicamente una vez que deje la Presidencia.
Cuando el dictador Pinochet dejó la presidencia chilena, en 1990, pasaron ocho largos años antes de que fuera detenido en Londres. No cabe duda, de que el futuro carcelario de Uribe y Santos se resolverá en un plazo mucho más corto. Sin embargo, la diferencia clave entre ambos radica en que a Santos le quedan cuatro años para salvarse, mientras que Uribe se quedará en diez días desamparado institucionalmente. Por eso, la estrategia de Santos para salvar su pellejo será un arreglo político interno y con los vecinos, que incluiría un indulto para los violadores de derechos humanos de las últimas décadas.
Uribe ya no tiene esta oportunidad. De ahí, que busca su salvación en un peligroso escenario de conflicto y guerra, que coincide estructuralmente con los intereses de Washington. Cuál de las dos estrategias se impondrá, dependerá de una serie de factores internacionales (Irán, Corea), de la firmeza de los gobiernos progresistas latinoamericanos frente a Washington y de la actitud de los pueblos latinoamericanos.
Tomado de Prensa Ecuménica
