Esta vez las noticias llegan del municipio del Carmen del Darién, un joven municipio enclavado en la parte norte del departamento del Chocó, al noroccidente de Colombia
Su población, en su mayoría negra, no llega a los seis mil habitantes. De ellos, unas mil doscientas personas son indígenas, agrupados en tres resguardos, uno de ellos el resguardo de Uradá – Jiguamiandó.
Son justamente sus comunidades: “Alto Guayabal, Jaibia Coredocito, Bidokera Ancadia, Nuevo Cañaveral, Ibudó y Padadó Apartadocito, en especial la de Ibudó, quienes informan que desde ayer (29 de julio) siendo las 2:15 de la tarde, un avión de la Fuerza Aérea inició un proceso de fumigación de los cultivos de uso ilícito por la quebrada la Arenosa (Ibudó) y los alrededores de la comunidad, fumigando incluso montaña adentro donde no había cultivos ilícitos pero si de pan coger”, según lo denuncia la Orewa, la organización indígena más representativa de ese departamento.
Se lee en la denuncia de la Orewa coadyuvada por la ONIC, que “a la fecha las comunidades no tienen abastos de agua, por lo que tienen que consumir las aguas contaminadas de la quebrada con el consiguiente riesgo de enfermedad en especial los niños y las mujeres embarazadas”.
¿Dónde quedan entonces esos artículos de la constitución que reconocen los territorios indígenas, sus autoridades, sus estructuras de gobierno, su autonomía territorial, en fin, ese marco de derechos que protegen y salvaguardan estas poblaciones?
Dice el comunicado que “Las autoridades colombianas realizan estas acciones a sabiendas que el resguardo Urada –Jiguamiandó tiene Medidas Cautelares de Comisión Interamericana de Derechos Humano (C.I.D.H.), desde el año 2.010”.
En el blog “diario embera”, con fecha 2 de abril del 2012, se lee: “En Jiguamiandó comunidades indígenas del resguardo Urada descubren plantaciones de coca en sus territorios y en tierras de las comunidades Afrodescendientes”. Esto significa que fueron los indígenas quienes descubrieron las plantaciones de coca, no las fuerzas armadas colombianas. Doce hectáreas cultivadas con coca son las que contabilizaron los indígenas en la cuenca del río Jiguamiandó, dentro de su territorio, de las 19 mil que poseen. Y agregan que en los territorios colectivos de la comunidad afrodescendiente las plantaciones de coca alcanzan las 73 hectáreas.
Pero los indígenas no sólo denunciaron hace más de un año la ubicación de los cultivos ilícitos. También dieron a las fuerzas armadas la ubicación de sus cultivos de pancoger: “se encuentran a 10, 20 y 30 minutos, de la comunidad Ibudó en la cabecera de la quebrada Ibudó, La Arenosa, Jiguamiandó, donde las comunidades consumen el agua; por lo tanto, esto trae grandes consecuencias de enfermedad para las personas de las comunidades, en especial los niños”, refiriéndose a la fumigación aérea.
Agregan los indígenas que “La brigada 17 del ejército conoce desde el año pasado la existencia de estos cultivos”, al tiempo que denuncian que (estos cultivos) “han (sic) patrullados por ellos y por lo menos en dos ocasiones han dormido dentro de las plantaciones y han sido testigos directos de la recolección y de la selección que hacen de la hoja”.
Es más, leemos en el comunicado que “a las comunidades de la región se les ha dicho en Pavarandó que los cultivos que se están implementando en el lugar son de personas vinculadas o beneficiarias de los paramilitares. Se dice que quien está directamente responsable de esta siembra en predios de nuestras comunidades es José Porta, quien se mueve en Pavarandó”. Bien vale la pena saber que ha pasado con estas denuncias.
Por eso no se debe desestimar la preocupación de la ONIC, máxime las recientes amenazas que pesan sobre “las autoridades indígenas tradicionales y líderes de este resguardo….. por parte de los dueños de los cultivos de coca y los grupos ilegales de la región, que han dicho que si el gobierno ejecuta acciones de erradicación de los cultivos de coca, ellos tomaran represalias contra nuestros compañeros a quienes señalan como responsables de las acciones del gobierno contra los cultivos de uso ilícitos”.
Y no es que los indígenas se opongan a la erradicación de cultivos ilícitos. En abril de 2012, las comunidades Indígenas del Resguardo Urada-Jiguamiandó reclamaban del gobierno el apoyo “para erradicar esta problemática que se ha venido presentando dentro del resguardo”, al tiempo que manifestaban su rechazo total a la fumigación aérea y la siembra de los cultivos de hoja de coca dentro y alrededor del resguardo.
Sea del caso anotar, señala el comunicado del 30 de julio, “que las fumigaciones de cultivo de uso ilícito irrespetando el territorio, generando profundas afectaciones en la comunidad en general y desconociendo los impactos negativos que esto conlleva para el Medio Ambiente, se constituyen en una flagrante vulneración de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y reflejan el desconocimiento de instrumentos y estándares que nacional e internacionalmente reglamentan y restringen este ejercicio”.
Más grave aún, una sentencia de la Corte Constitucional, la T- 769/09, confirmada el 9 de marzo de 2012, señala que las autoridades deben informar “a las autoridades indígenas las veces que el ejército vaya a entrar dentro del territorio, para así informarle a toda la comunidad y por lo tanto, tener ciertas precauciones de seguridad”. El día primero de abril de 2012 se realizó la verificación con la presencia de las seis comunidades del resguardo Urada-Jiguamiandó, resguardo humanitario ambiental SO BIA DRUA, protegido por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de derechos humanos. (CIDH)
¿Hasta cuándo las organizaciones indígenas tendrán que producir comunicados, lanzar alertas al mundo, a ver si “desde afuera”, sus llamados encuentran el eco necesario para que las entidades estatales colombianas, competentes para resolver estas denuncias, actúen?
Mientras eso sucede, este medio tendrá que repetir con los indígenas este clamor de ayuda humanitaria para proteger los derechos de unas 26 familias que agrupan unas 111 personas.
Seguramente llegarán las brigadas de salud, los tanques de agua potable, la asistencia alimentaria. ¿Pero cuando llegará un estado coherente, respetuoso de los derechos de estos pueblos y de los requerimientos de los organismos internacionales? Cuando será ese cuando que nuestros gobernantes entiendan que temas como gobierno propio, autonomía territorial, jurisdicción propia, etc., no son un mero eufemismo, y que detrás de cada autoridad indígena existe una representación de gobierno legítimo al que hay que respetar y consultar?
El día que nuestras autoridades civiles, políticas y militares entiendan esto, podremos decir que la constitución no es un derecho de papel y cuantas demandas y cuantos dolores de cabeza nos quitaremos de encima.
Ya es hora de que el Ministro de Defensa entienda que los resguardos indígenas hacen parte de las entidades territoriales de la nación, que tienen dolientes, que allí habitan personas, que allí hay autoridad. ¿Si fueron los indígenas quienes acudieron en su ayuda, porque los fumigan como si se tratara de una operación de exterminio?
Y Señor Procurador, estas comunidades indígenas que también hacen parte de los 34 pueblos indígenas en peligro de extinción, están buscando quien defienda sus derechos. ¿Será usted acaso?
