En lo político. El año 2011 fue un año electoral para gobernaciones y alcaldías. Amenazas, asesinatos, riesgo de fraude, trasteos y compra de votos fueron las denuncias más comunes. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 544 municipios presentaron riesgo de fraude electoral, de los cuales 241 tenían doble riesgo en lo político y en la violencia(1). Según el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo(2), los municipios de mayor riesgo en el Pacífico fueron: Chocó, 12 de 31 municipios; Buenaventura en el Valle del Cauca; los tres municipios del Cauca litoral y los once de Nariño que están en el radio de acción de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. El hecho más condenable fue el asesinato del candidato(3) de Magüí Payán (Nariño), 16 días antes de las elecciones y que a la postre resultó ganador.
En los municipios del Pacífico hubo millonarias inversiones en campañas políticas. La manera de recuperarlas, entre otras, es a través de los dineros de regalías por minería y contratos, lo que significa que no van a bajar los niveles de corrupción. Algo a resaltar fue la pérdida de la alcaldía de Buenaventura por parte de Copete, candidato avalado por el parapolítico y presidiario exsenador Juan Carlos Martínez, y el ascenso de Zulia Mena en Quibdó, una mujer apoyada por Cambio Radical pero formada en los procesos étnicoterritoriales, que derrotó a los dos hermanos Sánchez Montes de Oca presos por parapolítica y corrupción. En este sentido, se puede decir que el voto de opinión jugó un papel importante. En la mayoría de municipios no hubo continuidad de los partidos en el poder, sin embargo las estructuras de clientela y corrupción no se ve que vayan a sanar.
En lo económico. En el Pacífico colombiano la apuesta gubernamental sigue siendo el extractivismo, a través del saqueo de los minerales, los hidrocarburos, la madera, la riqueza ictiológica y la biodiversidad. En minería, el gobierno impulsa la llamada locomotora minera que ha otorgado miles de hectáreas(4) a empresas multinacionales (entre las cuales están la Anglo Gold Ashanti y La Muriel Mining Corporation); en madera, la multinacional REM canadiense proyecta explotar en Bahía Solano (Chocó) 300 mil árboles en 44 mil hectáreas; sin embargo, espera ampliar la explotación a 800 mil hectáreas. La situación de los pescadores (principalmente artesanales) es crítica por la presencia de barcos foráneos que están arrasando con la pesca en el Pacífico.
La relación entre la política local y la política minera gubernamental presenta algunas tensiones. Por un lado, el gobierno le apuesta a la gran minería, mientras que a muchos alcaldes y algunos funcionarios les conviene la minería de retroexcavadora, con la cual les es más fácil negociar y obtener réditos. En el caso del Chocó la Asociación de Mineros ha realizado protestas y movilizaciones para que se les reconozca y formalice su actividad y no estar estigmatizados como ilegales, tal como hace el gobierno nacional. Al lado de la minería el negocio de la pasta de coca continúa expandiéndose; las soluciones estatales siguen siendo las fumigaciones. De otro lado, la coca, la minería, la explotación forestal y los contratos de alcaldías, gobernaciones y de obras de infraestructura son los grandes financiadores de los actores armados legales e ilegales y son foco de corrupción.
Conflicto armado. Las guerrillas de las FARC y el ELN, han realizado acciones armadas conjuntas en los departamentos del Cauca y Nariño, obligando a los nuevos grupos armados ilegales, y a los grupos armados irregulares articulados al narcotráfico a desplegarse hacia las zonas de piedemonte, caseríos secundarios, y núcleos de población principal. La guerrilla determinó declarar como objetivo de ataque a los aspirantes y candidatos que privilegian la defensa de las políticas gubernamentales motivo por el cual restringirán en sus aéreas de influencia el proselitismo político de los partidos tradicionales. De igual forma, están desarrollando acciones de retaliación contra los alcaldes, concejales, y diputados regionales por plasmar en sus territorios la política de Seguridad Nacional, sustentada en el incremento del pie de fuerza, y la militarización de sus municipios y departamentos(5).
La muerte en total indefensión de Alfonso Cano, líder de las FARC, muestra la actitud negociadora del gobierno que le apuesta no al diálogo, sino a la rendición.
El crecimiento de los grupos paramilitares (mal llamados bandas criminales), a todo lo largo del Pacífico ha generado desplazamiento, confinamiento y amenazas. Grave situación es la que se presenta en Timbiquí y Guapi (Cauca), en Satinga, Mosquera y Tumaco (Nariño) y los municipios del río San Juan en el Chocó. La complicidad con la fuerza pública es evidente, situación que sigue generando ilegitimidad estatal dentro de la población civil.
Lo social. A pesar de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), informó que el desempleo en marzo de 2011 se ubicó en 10,8 por ciento, en el Pacífico esa situación no se nota. En Buenaventura y Tumaco la falta de empleo es desesperante, situación que causa que muchas personas se vinculen a actividades ilícitas o a los grupos armados; Quibdó presenta la tasa más alta de desempleo con el 23.5%, muy por encima del promedio nacional. En los demás municipios la situación es mucho peor.
Políticas estatales. En el 2011, se aprobó la ley de víctimas y restitución de tierras. Las mesas que se establecieron con las comunidades negras e indígenas estuvieron marcadas por presiones y divisiones. Las organizaciones negras no lograron consolidar objetivos comunes, profundizando sus divisiones, situación que aprovecharon los negociadores gubernamentales para imponer la reglamentación de ley de víctimas para esta etnia. Sigue las tensiones fuertes de las organizaciones de base con la Consultiva de Alto Nivel que ha limitado su papel a avalar las políticas gubernamentales. Las organizaciones indígenas son más monolíticas en su interlocución con el gobierno.
Con importantes sentencias, la Corte Constitucional amplió el concepto de Consulta Previa para las minorías étnicas. Sin embargo el decreto 1320 de 1998 con el cual el gobierno reglamentó la Consulta Previa, no ha sido modificado situación que coloca a las comunidades en desventaja frente a los megaproyectos. El otorgamiento del título colectivo a la COCOMOPOCA fue un triunfo del trabajo de incidencia, sin embargo se constata que de las 75 hectáreas tituladas, 55 mil están concesionadas a la multinacional Anglo Gold Ashanti. Las comunidades están a la espera de cómo va a ser el proceso de consulta previa.
En conclusión, la región del Pacífico está en la mira de las multinacionales apoyadas por la política del gobierno nacional, a la vez que se encuentra sitiada por la presencia y accionar de los actores armados ilegales. Esta situación tiene una contradicción con las decisiones de la Corte Constitucional que amplía los derechos a las minorías étnicas, pero que se han quedado en el papel. Las organizaciones fortalecen su trabajo de incidencia y resistencia, aunque no logran superar la dispersión.
NOTAS
(1) http://www.semana.com/nacion/tamano-del-riesgo-electoral-pais-segun-moe/162534-3.aspx
(2) http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/riesgoElectoral2011.pdf
(3) Luis Gonzalo Marínez Quiñones (qepd). Con Marínez son ya 38 los candidatos y personas vinculadas con la campaña electoral 2011que fueron asesinados en Colombia en lo que va del año, según los registros de la Misión de Observación Electoral (MOE).
(4) Hasta 2009 se habían otorgado 138 títulos mineros en territorios colectivos de comunidades negras en el Pacífico con un total de 255.750 hectáreas al interior de los territorios. En el departamento del Chocó hasta agosto de 2010 se habían otorgado 157 títulos y 1527 solicitudes mineras
(5) http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/riesgoElectoral2011.pdf
