«Eso no se ha cumplido, y desde hace tres meses venimos insistiendo ante los ministerios del Interior y Media Ambiente pero no ha sido posible, por eso la decisión de tomarnos las instalaciones del macropoyecto», dijo Orlando Valencia, representante legal del Consejo de Zacarías.
El macroproyecto de vivienda con dineros de las caletas de `chupeta` se vienen ejecutando en la urbanización San Antonio donde se pretenden reubicar más de 3.500 familias asentadas en la parte de baja mar de la parte insular de Buenaventura.
Se estima que para este año se deben entregar las primeras viviendas, pero este bloqueo seguramente incidirá en la terminación de las obras.
Definiciones de tipo jurídico, cambios de diseño, trámites de la licencia de aprovechamiento forestal, cumplimiento de requerimientos de las comunidades nativas asentadas en la zona dentro de la aplicación de la Ley 70 de 1993 ó de Comunidades Negras, entre otros aspectos, han incidido en la celeridad del mismo.
A esto se le suma que se ha tenido que desarrollar la concertación con las más de 17.000 personas que serán reubicadas de sus viviendas de baja mar, donde han vivido toda su vida, a unas nuevas construcciones para lo cual se requirió de un proceso de socialización nada fácil.
«Este macroproyecto, por su ubicación, por las personas que va a favorecer, es algo novedoso que no se había realizando en el país», precisó el alcalde José Félix Ocoró.
La nueva urbanización contará con un Megacolegio para lo cual el Ministerio de Educación aportará 3.000 millones de pesos. Un gran porcentaje de los futuros inquilinos están trabajando en la obra.
Los terrenos avaluados en 10.000 millones de pesos, fueron aportados por el municipio de Buenaventura.