La construcción de Nuevo Bellavista lejos del río Atrato, la no culminación de algunas obras físicas, las graves deficiencias en el centro de salud, la falta de servicios públicos domiciliarios, la escasez de proyectos productivos y la presencia aún de grupos armados ilegales, hace que la vida de los habitantes de la cabecera municipal de Bojayá sea, según ellos, más precaria que antes de la masacre del 2 de mayo de 2002.
Tres años después de que el Gobierno Nacional hiciera la entrega de la nueva cabecera municipal de Bojayá, con una inversión cercana a los 34.000 millones de pesos y con la que se tenía la intención de reparar a esta comunidad que resultó afectada por la masacre, sus pobladores muestran sus inconformidades pues aseguran que todo quedó a medias y muchas de las promesas por cumplir.
Grandes deudas
Una de esas es la no interconexión eléctrica, por lo que esta comunidad pasa la mayoría del día y de la noche sin fluido eléctrico y las pocas familias que tienen el privilegio de contar con este servicio es gracias a que poseen plantas eléctricas. Lo mismo sucede con el agua potable, causando graves enfermedades entre la comunidad, especialmente con los niños; sin embargo, las cuentas de servicios públicos aparecieron tras la inauguración de la construcción.
Además, líderes sociales indican que pese a contar con grandes extensiones de terreno, no existen proyectos productivos que permitan que las 34 comunidades allí asentadas generen sus propios recursos; “reconocemos que la reconstrucción ha sido significativa porque mejoró las condiciones de vivienda, pero ninguno tienen escrituras porque no se ha definido la situación del terreno. Además, en este pueblo es muy difícil sobrevivir porque no hay en qué trabajar pues no existen condiciones para desarrollar actividades como las había antes”, aseguró Leiner Palacios Asprilla, director de la Corporación Cocomacia, de Bojayá.
Al parecer, la falta de concertación con la comunidad en la construcción del nuevo poblado provocó que éste no cumpliera con los requerimientos ni supliera las necesidades de sus habitantes. “Lo que se ve ahora es el nuevo pueblo que se construyó con mucho dinero, pero no fue dedición de la población ni de las victimas, sino una decisión de políticos, por lo que no se cumplió con la reparación del daño causado por el conflicto sino que se sirvió a otros intereses”, aseguró Uli Colguis, de la Comisión Vida, Justicia y Paz.
Advertencia
Además, la lejanía del pueblo con el río Atrato provocó que esta comunidad haya perdido sus costumbres y actividades productivas que giraban alrededor de este importante afluente, dificultando aún más las condiciones económicas. “Esta gente trabaja para sobrevivir día a día pero no cuenta con proyectos para generar desarrollo y si eso no se corrige pronto, puede generarse un desplazamiento masivo, aunque ya se presenta gota a gota, pues algunos manifiestan que no hay motivos para quedarse acá”, aseguró Luis Carlos Hinojosa, director de la Pastoral Social de Quibdó.
Estas conclusiones son ratificadas en el informe que entregó el pasado 18 de noviembre el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que se asegura que Bojayá es un caso emblemático “para saber qué no se debe hacer en un proceso de reparación a las comunidades afectadas por el conflicto armado, pues más que inversión en infraestructura, las poblaciones necesitan es apoyo para recuperar su vida emocional, comunitaria y productiva, y eso no se dio en Bellavista”, aseguró Martha Nubia Bello, relatora del informe ‘Bojayá: una guerra sin límites’.
Ahora los habitantes de Bojayá, especialmente los de Bellavista, solicitan que el Gobierno Nacional cumpla con sus promesas y así lograr recuperar la economía y la alegría que caracteriza a las comunidades negras, y las cuales se perdieron definitivamente tras la masacre de aquel 2 de mayo de 2002, incluso, organizaciones sociales recomiendan que la solución puede estar en la recuperación física del viejo Bellavista. Además esperan que se investigue si hubo o no corrupción en el manejo de los recursos invertidos.
