A nivel nacional se ha conocido poco a poco algunos de los hechos más sobresalientes de los últimos días: la voladura de por lo menos ocho torres de energía (los días 10, 16 y 18 de agosto) con la consecuencia de que los cuatro municipios costeros de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí y Tumaco, es decir, una población de más de 250.000 habitantes, quedaron sin el fluido eléctrico; el municipio de Tumaco sufre el apagón ya por 12 días. En los campos minados sembrados alrededor de las torres derribadas en el Resguardo Indígena Awá Inda Sabaleta perdieron la vida cuatro personas civiles y un militar; unas siete personas quedaron gravemente heridas. Los trabajos de reparación de las torres tuvieron que ser suspendidos por falta de seguridad durante varios días y dos comunidades indígenas Awá, Pilvicito y Nortal, quedaron confinadas por el peligro de campos minados.
La falta de energía ha agravado más la situación de los servicios de salud y educación que de por sí son débiles: El bombeo de agua en la ciudad de Tumaco colapsó, se declaró la emergencia sanitaria en el sistema hospitalario, los centros educativos suspendieron clases y se adelantaron las vacaciones de octubre. Los precios de la canasta familiar aumentaron.
Se conoció a nivel nacional también la voladura de varios tramos del oleoducto Transandino (el día 9 de agosto un tramo en el municipio de Mallama; en la noche del 18 al 19 de agosto un tramo en el Km 96 de la carretera Tumaco-Pasto y otro tramo en la vereda Ensillada, municipio de Ricaurte), causando la contaminación de los ríos Güisa, Guelmambí, Ispí y Saundé, que bañan los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco.
Estos hechos públicos lastimosamente sólo son la punta del “iceberg” de la situación de conflicto y violencia en nuestra región:
Como Diócesis queremos poner en conocimiento además nuestra gran preocupación por la tasa tan alta de homicidios: en el mes de julio se registraron en el municipio de Tumaco oficialmente 32 muertes violentas. Sin embargo, sabemos que solamente en una de las parroquias de la zona carretera los actores armados ilegales asesinaron en un mes entre junio y julio más de 25 personas y tuvieron que desplazarse forzosamente un sinnúmero de pobladores.
Sigue la presión sobre pequeños y grandes comerciantes a través de la extorsión generalizada, lo que ha obligado a muchos a abandonar la zona, por el miedo de que también en su negocio estalle una bomba.
Además, desde el atentado a la estación de policía de Tumaco sufrido en el mes de febrero, han continuado los artefactos explosivos lanzados en contra de las instalaciones de la Fuerza Pública (como el día 17 de agosto contra la Cuarta Brigada), aumentando la zozobra en sus alrededores.
Por la ausencia de la energía eléctrica se incrementó aún más la inseguridad en los barrios y en las veredas de la zona, donde los diferentes actores armados ilegales siguen haciendo su control territorial sangriento.
Este tipo de hechos no son nuevos. Los venimos sufriendo desde gobiernos anteriores. Lo que se evidencia cada vez más es que las soluciones son demasiado ocasionales, inmediatistas y limitadas para salir de las consecutivas emergencias. Este conflicto social y armado no se puede solucionar sólo con respuestas bélicas. Por lo tanto, AL GOBIERNO NACIONAL le pedimos que sus respuestas sean enfocadas a promover procesos sostenidos de desarrollo comunitario, teniendo en cuenta la visión de esta población, y que permitan recuperar la esperanza en un futuro posible.
A LA GUERRILLA DE LAS FARC-EP le exhortamos que respeten el Derecho Internacional Humanitario y le recordamos que son los más pobres del pueblo quienes más sufren por sus acciones: el pequeño pescador quien está obligado a vender su producto al primer postor y a precios más bajos; la madre cabeza de familia quien se rebusca el diario vivir porque ya no puede vender sus bolos o helados en las puertas de las escuelas; la conchera que no encuentra comprador para su producto con el peligro de que éste se dañe; el campesino o indígena confinado que no puede trabajar en su finca; el contratista de la empresa eléctrica que tiene que exponer su vida en el arreglo de las torres derribadas dejando a su familia angustiada; los niños y niñas que pierden clases y la única comida que algunos reciben en los restaurantes escolares; los empleados de los negocios y la ciudadanía en general quienes tienen que invertir bastante dinero para poner a funcionar una planta eléctrica; la madre de familia enferma que ve postergada su atención médica.
A TODOS LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES que por la lucha por el control territorial y de la economía ilegal mantienen cautivos a barrios y comunidades enteras, que respeten la convivencia del diario vivir de las comunidades de la Costa Pacífica Nariñense, que no involucren a la población civil y sobre todo: que respeten la vida, que es sagrada.
Hacemos memoria de las víctimas de la violencia de este mes de agosto en el municipio de Tumaco:
Ago 1: Asesinado con arma de fuego Manuel Antonio Moya Cifuentes, de 37 años.
Ago 8: Asesinado con arma de fuego un hombre sin identificar y heridas dos personas más
Ago 9: Asesinado con arma de fuego Luis Evaristo Tello, 40 años, padre de cinco hijos
Ago 9: Asesinado con arma de fuego Junior Jair Angulo Andrade, mototaxista, 22 años
Ago 10: Asesinado por una mina antipersona José Melandro Pai Pascal, 17 años, indígena Awá. Afectados física y psicológicamente: Alberto Pai, Eduardo Pai y Jhon Alexander Pérez Pantoja. Dos comunidades indígenas, Pilvicito y Nortal, confinadas.
Ago 11: Asesinado Eliécer Chalar Cortés, de 16 años
Ago 12: Muerto por mina antipersona un soldado profesional sin identificar y herido otro soldado
Ago 14: Asesinado con arma de fuego el estudiante Carlos Isaac España Solís, de 18 años
Ago 15: Muertos por una mina antipersona 3 trabajadores de Cedenar: Arcelino Chávez Hoyos, 34 años, Ángel Arbey Ordóñez Andrade, 27 años y el indígena Silvio Antidio Loza. Quedan heridas cuatro personas más, entre ellos los indígenas Awá Santiago Pascal y Aldinebar Rodríguez.
Ago 16: Asesinada Neysi Maribel García Ramírez, 35 años; heridas de gravedad las mujeres Claudia Teresa Cabezas Quintero, 21 años, y Yureidys Canticús Guevara, 24 años.
Asesinada una mujer sin identificar en la vereda Buchely
Ago 18: Asesinado Alexis Mina, 29 años
La palabra de Jesucristo “Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10,10) vale también para estos pueblos afro, indígenas y mestizos de la Costa Pacífica Nariñense y exige esforzarnos a todos a avanzar en esta dirección.
Diócesis de Tumaco, el 22 de agosto de 2012
