1. Manifestamos nuestro apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y de las comunidades locales, respecto a su legítima potestad de exigir sus derechos frente a las situaciones en las que los crean vulnerados.
2. A los organizadores del paro les solicitamos disponer lo necesario para que las manifestaciones públicas transcurran en ambiente de paz y de orden, respetando los derechos de la población que los acoge, estableciendo claros canales de comunicación con las personas vinculadas a la protesta, con la sociedad civil y con los órganos estatales.
3. Al gobierno nacional le pedimos implementar un diálogo sincero y oportuno en el que se escuche a los manifestantes, y se tomen acciones concretas con miras a resolver sus inquietudes en cuanto a la normatividad clara para la pequeña y mediana minería, lo mismo que sus preocupaciones y temores legítimos sobre la futura presencia de multinacionales en territorio de Comunidades Afros e Indígenas que tienen títulos colectivos.
4. Hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares para que continúen vigilantes sobre el desarrollo del paro, apoyando los legítimos derechos de la sociedad chocoana; y a las autoridades judiciales a que sancionen los desórdenes que se presenten.
5. A los Medios de Comunicación Social, locales y nacionales, los invitamos a hacer un desplieque informativo de manera objetiva, sin centrarse solamente en los hechos extremos, sino con cubrimiento integral de las noticias del paro y su contexto.
6. A los habitantes de Quibdó y de otras poblaciones en donde se sienten de manera más fuerte las consecuencias del paro minero, los invitamos a conservar la cordura y no responder agresivamente, expresando pacíficamente su rechazo a las acciones de vandalismo.
La Diócesis de Quibdó continuará en su labor de servicio a la comunidad y de acompañamiento a los más pobres, que en este caso son las comunidades afros, indígenas y mestizas que han sufrido el saqueo de los recursos del territorio por parte de distintos actores. Es nuestra misión promover el cambio de estructuras injustas en la sociedad, y velar para que la paz se conserve y se logren condiciones de vida digna para los habitantes del Chocó. Estamos dispuestos a seguir participando en los diálogos de concertación entre los promotores del paro, las instancias gubernamentales, las poblaciones y las organizaciones étnicoterritoriales afectadas por las protestas y por las consecuencias de la minería que se realiza de forma no amigable con el medioambiente.
Igualmente, unidos a la Conferencia Episcopal Colombiana, advertimos sobre la necesidad de ejercer una explotación minera adecuada, que esté en consonancia con un desarrollo verdaderamente humano, que respete el medio ambiente y que se realice en armonía con la vida y los derechos colectivos de las comunidades locales.
