Según el concepto del Ministerio Público, los líderes comunitarios sufren serias amenazas contra su vida y labor por parte de los grupos alzados en armas, que tienen intereses oscuros para evitar que las víctimas recuperen las tierras que les fueron arrebatadas por la violencia.
En este sentido, señala la Procuraduría, las comunidades de los cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó en el Chocó son los que más riesgo corren, puesto que en dichos lugares se han emprendido los primeros trabajos para la restitución de tierras ordenadas por el Gobierno dentro del marco de la ley de víctimas.
“La Procuraduría exhorta a las distintas instituciones del Gobierno que les atañe el tema, para que presenten y pongan en marcha el plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para estas dos comunidades”, precisa uno de los apartes de la carta enviada en los últimos días.
Igualmente, le solicitó a los organismos estatales para que cumplan con los requisitos presentados por la Corte Constitucional con el fin de ejecutar el plan de protección para estas poblaciones, “buscando que se garantice la seguridad para la asamblea de consejo comunitario y la sostenibilidad del proceso de restitución material de los territorios colectivos a las comunidades negras mencionadas”.
Para la Procuraduría, hechos como el asesinato de Manuel Ruiz Torregrosa y su hijo Samir Ruiz, líderes de las comunidades negras de Apartadorcito, en la cuenca del rio Curbaradó, Chocó, y miembros del Comité de Censo, no pueden volver a registrarse.
La mayoría de las tierras del Chocó que son objeto de restitución, fueron despojadas a mediados de los años noventa por grupos paramilitares y posteriormente fueron ocupadas por empresas dedicadas a cultivos de palma, banano y a la ganadería.
