Del 22 al 24 de octubre de 2012, el Grupo de Trabajo por Colombia, conformado por organizaciones Caritas de Europa y el Secretariado Nacional de Pastoral Social /Caritas Colombiana, visitó el Departamento de Chocó, principalmente los municipios de Quibdó y Atrato (Yuto). Durante esta visita, tuvimos la oportunidad de dialogar con las Diócesis de Itsmina, Apartadó, Quibdó, líderes y lideresas del Consejo Comunitario del Alto Atrato- COCOMOPOCA y otras organizaciones de la sociedad civil a nivel local y departamental.
Como resultado de este encuentro, queremos resaltar la importante labor que vienen desarrollando los consejos comunitarios de Cocomacia, Cocomopoca y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, en la promoción y garantía de los derechos humanos y la defensa del territorio de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó.
Vemos como positiva la titulación colectiva de 73 mil hectáreas de tierra a la comunidad de COCOMOPOCA, después de 11 años de trabajo de líderes y lideresas, quienes con el apoyo constante de la Iglesia a través de la Diócesis de Quibdó, han logrado el reconocimiento de su territorio, ocupado ancestralmente. No obstante, nos preocupa la concesión del 75% (equivalente a 55 mil hectáreas) del territorio recientemente titulado de COCOMOPOCA a multinacionales extractivas para la explotación de recursos minerales,sin la debida consulta previa a las comunidades asentadas en el territorio, impidiendo la proyección de su plan de etnodesarrollo y vulnerando el derecho a la autodeterminación de este pueblo y su posibilidad de llevar adelante proyectos agrícolas, de sostenibilidad alimentaria y generación de ingresos y medios de vida.
A causa de la actividad minera, se presentan graves afectaciones a la salud de la población, aumento de los índices de prostitución y drogadicción en niños, niñas y adolescentes, amenazas a líderes y liderezas, aumento de la deserción escolar y graves problemas que afectan el medio ambiente, como el uso de cianuro y mercurio para la extracción de oro, y la deforestación.
Es preocupante el clima generalizado de violencia en las Diócesis de Istmina, Apartadó y Quibdó por el aumento y constante accionar de los grupos armados ilegales y su relación con la explotación ilegal de recursos naturales y minerales; generando descomposición del tejido social, principalmente en la población joven de la región, que por falta de oportunidades, educativas y laborales, se vinculan a dichos grupos, aumentando los círculos de violencia y el desarrollo de economías ilegales como el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos. Como resultado de esta situación, se sigue generando el desplazamiento de un gran número de personas quienes no han encontrado en las entidades del gobierno el apoyo adecuado y oportuno para atender las necesidades generadas por la crisis humanitaria que se presenta en la región.
Considerando estas situaciones, hacemos las siguientes recomendaciones:
Al Estado colombiano:
- Promover las medidas necesarias para hacer efectiva la protección de las comunidades y la atención y reparación integral a las víctimas de la violencia y acompañar a las instituciones encargadas.
- Asegurar que el desarrollo de la política economía extractiva en el país, no vaya en contravía de los planes de etnodesarrollo de las comunidades afro-descendientes e indígenas y el derecho de dichas comunidades a la consulta previa. Igualmente, garantizar la inclusión de estos planes en la política pública local.
- Asegurar una adecuada regulación de las prácticas para la extracción de recursos naturales y minerales, que garantice que las empresas extractivas respeten los derechos humanos de las comunidades en Colombia para cumplir con su compromiso de implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidades sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
A la comunidad Internacional:
- Generar y apoyar espacios nacionales e internacionales de reflexión en torno al tema de víctimas del conflicto armado colombiano.
- Promover una adecuada regulación de las prácticas para la extracción de recursos naturales y minerales, que garantice que las empresas extractivas respeten los derechos humanos de las comunidades donde llevan a cabo su actividad, según los Principios Rectores de las Naciones Unidades y la Resolución 169 de la OIT.
- Promover e incentivar iniciativas de máxima transparencia para la extracción, producción y comercialización de recursos naturales y minerales.
- Continuar su trabajo de apoyo por la efectiva y oportuna realización de la consulta previa, libre, plena e informada a las comunidades donde se están llevando a cabo actividades de explotación de recursos naturales y minerales.
Grupo de Trabajo por Colombia: CAFOD-Cáritas Inglaterra y Gales, Cáritas Alemania, CORDAID-Cáritas Holanda, TROCAIRE-Cáritas Irlanda, SCIAF – Cáritas Escocia, Cáritas Luxemburgo, Cáritas Española, Cáritas Noruega y Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana.
