La citación pretende hacer un llamado para que se verifique y se investigue a profundidad la cifra real sobre el número de cadáveres que se encuentran sepultados sin identificación clara, las causas de los decesos y las actuaciones de la fuerza pública en este caso.
La denuncia sobre la existencia de este cementerio clandestino fue presentada el pasado 22 de julio de 2010 en una Audiencia de Derechos Humanos que contó con el acompañamiento de una numerosa delegación nacional e internacional integrada por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España, dos de Estados Unidos, varios abogados y dirigentes de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del Congreso de la República y representantes del gobierno colombiano, quienes pudieron comprobar la existencia de este cementerio clandestino. La misión también constató que en las tumbas no había «ninguna identificación distinta a unas tabletas de madera con unos números, en los que aparecen los años y otro tipo de datos».
Cerca de 800 campesinos provenientes de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y el Departamento del Caquetá, asistieron a la Audiencia, y varios de ellos presentaron testimonio sobre las múltiples violaciones de derechos humanos de que vienen siendo objeto en la región y confirmaron las 253 denuncias sobre “falsos positivos” y 79 de desapariciones forzadas.
La Fiscalía General de la Nación logró identificar a 41 de los muertos, entre las que se cuentan 4 personas reportadas como desaparecidas.
En esta fosa podrían haber sido sepultadas víctimas de los mal llamados “falsos positivos”.
