La carta destaca cómo cada día se agudiza la crisis humanitaria en Quibdó, capital del departamento, ciudad donde en los últimos 15 años han llegado más de 30 mil desplazados por el conflicto armado que vive Colombia, a vivir en condiciones lamentables, sin que se les garantice los derechos fundamentales. Asimismo, los firmantes de la carta denuncian la presencia de los actores armados que han llevado la guerra a las calles y barrios empobrecidos de Quibdó, creando barreras invisibles de control territorial.
En uno de sus apartes, los denunciantes manifiestan:
«Es preocupante cómo la vida, especialmente la de los jóvenes, se ve cada día más amenazada y en peligro, sólo en los cuatro últimos meses de este año, distintos actores armados han provocado la muerte a más de 40 personas en la ciudad de Quibdó, la mayoría jóvenes, lo que compromete la legitimidad del Estado en la medida que la fuerza pública no es capaz de cumplir con el deber de proteger a la población de la acción violenta , máxime cuando son hechos tan repetidos y frecuentes.
Esta realidad ha generado desplazamientos, gota a gota, de muchos jóvenes a otras regiones del país, por las amenazas de los actores armados que controlan barrios enteros al punto de establecer en su interior fronteras invisibles».
Por su parte, el centro de Quibdó se ha convertido en un escenario de asesinatos, amenazas y cobro de vacunas. Ya han sido varios las personas que son alcanzadas por disparos realizados desde motos, o personas víctimas de artefactos explosivos. El miedo ronda a los pobladores quibdoseños, que se sienten desprotegidos y a merced de los grupos violentos.
En el departamento la situación también se agudiza, como lo denuncia la Diócesis de Quibdó en un comunicado fechado el primero de marzo de 2012: «Es preocupante el incremento de los asesinatos y ataques contra la población civil en los campos y centros urbanos, a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública quienes en muchas ocasiones se instalan y permanecen en medio de las comunidades y sus territorios, infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario» .
La llegada del narcotráfico ha enrarecido más el ambiente pues en muchos casos ha minado la confianza entre vecinos, ya que los agentes mafiosos han impuesto sus criterios a sangre y fuego, dominando distintos sectores. Se ven grupos armados y compradores de pasta de coca circulando tranquilamente por los ríos, al igual que los insumos y precursores químicos, también se ve a la fuerza pública ejerciendo supuestos controles, especialmente a los campesinos o viajeros ajenos al conflicto, sin que nada les suceda a los verdaderos infractores.
La solución inmediatista del gobierno frente al impacto del narcotráfico ha sido las fumigación aérea, que ha provocado más desolación y más hambre, pues como se ha demostrado hasta la saciedad, son los cultivos de pancoger los más afectados.
Las organizaciones del Chocó solicitan al Presidente que «ordene a las instituciones y entes de control se tomen las medidas pertinentes y conducentes para que cesen cuanto antes todas las irregularidades planteadas; además, se garantice el goce y disfrute de nuestros derechos y no queden en la impunidad tantos crímenes».
Los firmantes de la carta son la Diócesis de Quibdó, Foro Interétnico Solidaridad Choco, Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina integral del Atrato – COCOMACIA, Consejo Comunitario Mayor de la organización Popular Campesina del Alto Atrato – COCOMOPOCA, Asociación de Desplazados de desplazados Dos de Mayo, Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Ruta Pacifica de Mujeres y Movimientos de Víctimas.