De acuerdo con la información recogida por la Oficina, un grupo de hombres armados reportados como miembros del ELN, tomó como rehenes a la señora María Angélica González Carreño, coordinadora del “Programa de Atención a Comunidades en Riesgo” de la Vicepresidencia de la República y a las profesionales vinculadas con la “Fundación Progresar”, señoras Nohora Guerrero, Lizbeth Jaime y Mónica Duarte Rodríguez, los días 8 y 9 de julio, respectivamente.
Javier Hernández Valencia, Representante encargado de la Oficina, manifestó que “la toma de rehenes es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, absolutamente prohibida por los Convenios de Ginebra y constituye un crimen de guerra, de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional; exigimos al grupo armado ilegal la liberación inmediata y sin condiciones de las defensoras de derechos humanos”.
Tal como lo señaló la Alta Comisionada en su último Informe Anual, la Oficina “reitera el llamado a todas las partes del conflicto a aceptar y acatar en su integridad el derecho internacional humanitario, respetando, sin excepciones, la vida, la integridad, los bienes y la autonomía de la población civil (…); e insiste en que los grupos armados ilegales liberen inmediatamente y sin condiciones a todas las personas secuestradas”.
La Oficina seguirá apoyando y acompañando a las entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil que realizan trabajo humanitario con las comunidades ubicadas en lugares remotos, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, en el marco del espíritu de las recomendaciones de la Oficina y de los esfuerzos de todos los colombianos y colombianas por lograr la plena vigencia de los derechos humanos.
La Oficina expresa su solidaridad a las familias de las víctimas y a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
