“Duele en el alma las atrocidades del gobierno contra nuestra vida, los animalitos y todo lo que produce”, manifestó un líder comunitario de la Regional COCOCAUCA en la zona.
Es inexplicable que pasen esas cosas cuando las comunidades del rio Jolí en el Consejo comunitario, llevan más de dos años en un proceso autónomo de sustitución de cultivos ilícitos y la recuperación de la comida de plátanos y bananos. Con esas iniciativas se empezaba a fortalecer la economía local y abasteciendo al área urbana de López de Micay.
Es una crueldad contra nuestra etnia, máxime cuando el 8 de abril la creciente invernal devastó parte de los cultivos de pancoger, por otra parte la minería ilegal penetró desde mediados del 2011 y ha destruido áreas destinada a cultivos agrícolas; y de remate la acción nefasta con la aspersión aérea con glifosato que pareciera tiene intenciones negrofilas del gobierno en contra de las comunidades afrocolombianas del Pacífico.
En la actualidad hay serias afectaciones de niños, niñas, adultos mayores, mujeres en embarazo, jóvenes y adultos, y en general la salud y la vida de las comunidades.
Con estos hechos se violan los derechos propios como grupo étnico, también el artículo 81 de la constitución nacional que expresa: “queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares…” insistiremos que Colombia debe respetar sus acuerdos internacionales sobre la materia cuando es el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio.
Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional el respeto a la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones entre ellas las fumigaciones; se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.
