Manifiesto dirigido a:
Relatores de las Naciones Unidas, Director de la FAO, Doctor Juan Camilo Restrepo – Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctora Teresita Beltrán Ospina – Gerente general del ICA, Procurador General de la Nación: Delegada de asuntos ambientales y agrarios, Defensoría del Pueblo: Delegada ambiental
Las organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas, sociales, ambientales y ciudadanos en general, nos unimos a la campaña mundial por las Semillas Libres y manifestamos nuestra indignación por las políticas y normas de semillas expedidas por el gobierno colombiano, las cuales se han impuesto en el marco de los Tratados de Libre Comercio y que están llevando al agro colombiano a una profunda crisis.
La política de los gobiernos ha estado orientada hacia el fomento de grandes proyectos minero-energéticos, de infraestructura y agroindustriales, que han profundizado la inequidad, la expulsión de poblaciones locales y el aniquilamiento de las economías rurales y de la soberanía y la autonomía alimentaria. En el campo colombiano cada vez hay más millones de campesinos, indígenas y afros sumidos en la pobreza y unos pocos terratenientes que acaparan la tierra, lo que nos ha convertido en uno de los países más inequitativos del mundo.
Las semillas son parte esencial de la vida; ellas son el resultado del trabajo colectivo de miles de generaciones de agricultores y agricultoras, desde épocas ancestrales, quienes crearon ese inmenso arco iros de colores, formas y sabores que hoy llegaron a nuestras manos, para que se las entreguemos a las generaciones futuras. Para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas las semillas han sido el fundamento de su cultura, de sus sistemas productivos. Es por ello que los agricultores tienen el derecho al libre acceso, a la producción, a guardar, intercambiar y vender las semillas. Las semillas nativas y criollas, se constituyen en el seguro que tiene la humanidad para enfrentar la profunda crisis de la agricultura frente al cambio climático.
Las semillas son la base de la libertad de los alimentos, ya que son el primer eslabón en la cadena alimentaria. Sin semillas libres de propiedad intelectual y sin el control local de sus territorios, no es viable la soberanía y autonomía alimentaria de toda la población y tampoco es posible que las comunidades vivan dignamente en el campo y en paz. La libertad de las semillas se ve amenazada por la biopiratería y las patentes que crean monopolios y vuelve ilegal que los agricultores guarden e intercambien sus semillas; y también por las semillas transgénicas que contaminan nuestros cultivos, cerrando así la opción de alimentos libres de transgénicos.
En Colombia las leyes que vulneran la Libertad de las Semillas son:
- El artículo 4 de la Ley 1032 de 2006 que criminaliza a los agricultores por sembrar semillas de las empresas sin autorización y también las semillas “similarmente confundibles” a una semilla protegida legalmente.
- La Resolución 970 de 2010 del ICA, es un instrumento para perseguir, volver ilegal y criminalizar el uso de semillas nativas y criollas por los agricultores y exige que solo se pueden utilizar semillas certificadas y registradas.
- Ley 1518 de 2012 que aprueba el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 91, le permite a las empresas apropiarse de las semillas, puesto que define como “obtentor” a “La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”; permite una protección similar a una patente y desconoce los “derechos de los agricultores” al impedirles la resiembra, uso, intercambio y comercialización.
- El Decreto 4525 de 2005 de bioseguridad, permite sin los debidos controles, la liberación comercial de cultivos y alimentos transgénicos y la contaminación de las semillas nativas y criollas.
Las organizaciones locales y sociales de Colombia consideramos que estas leyes y normas de semillas son ilegítimas e inconstitucionales, porque violan los derechos humanos fundamentales de las comunidades rurales, los convenios internacionales suscritos por Colombia, como el convenio 169 de la OIT y las leyes que protegen los derechos de las comunidades étnicas y la soberanía alimentaria nacional. Igualmente violan los derechos que tenemos los colombianos sobre el patrimonio genético de la nación y los consumidores urbanos perdemos los derechos a una alimentación sana y biodiversa que nos proporcionan las semillas que están en manos de los agricultores.
Por todos los argumentos expuestos, las organizaciones locales y sociales de Colombia, manifestamos:
Nuestro Rechazo al control corporativo sobre la vida, a todas las formas de propiedad intelectual sobre las semillas, a los organismos vivos y su conocimiento asociado, la biopiratería, las semillas transgénicas, las leyes ilegitimas que criminalizan el libre flujo y multiplicación de las semillas. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético y cultural de los colombianos y especialmente los derechos colectivos las comunidades indígenas y campesinas sobre su biodiversidad y también el derecho de los ciudadanos a una alimentación libre y soberana.
Consideramos ilegales todas las normas que operan en Colombia que pretenden regular el uso de semillas, en el marco de la UPOV 91, del decreto 345 de la CAN, el artículo 4 de la ley 1032 de 2006, y la resolución 970 de 2010. De otra parte, todas estas normas han sido proferidas sin realizar la consulta previa informada con poblaciones étnicas. No vamos a reconocer ninguna ley que otorga de manera ilegítima la propiedad privada de las semillas y el control monopólico a las empresas de las semillas, puesto que estas son patrimonios colectivos de los pueblos.
Rechazamos los decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores que el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y 2011 se decomisó 1.167.225 kilogramos de semillas. Les notificamos que por cada semilla que nos decomisen, haremos que estas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.
Saludamos el proceso de negociación que actualmente adelanta el gobierno colombiano con las Farc y el Eln y esperamos que finalmente se pueda acabar con esta cruel guerra que tanto daño le ha costado al país. Creemos que la paz solo se logrará si existe la voluntad política de todas las partes para realizar cambios que resuelvan problemas estructurales, en donde se involucre en los acuerdos de paz especialmente a la población afectada por la guerra.
No es fortuito que uno de los temas iniciales y centrales en la agenda de negociación actual, sea el tema agrario y de tierras. Consideramos que entre los temas centrales en la negociación se debería incluir una verdadera reforma agraria, que permita a las poblaciones campesinas, indígenas y afro vivan dignamente y en paz en sus territorios; y una política de fortalecimiento de la soberanía y autonomía alimentaria para el campo y la ciudad. En este contexto, se deben reconocer los derechos colectivos y el control local de los territorios, que incluya los recursos naturales allí existentes, la tierra, el agua, los bosque y las semillas como fundamento de los sistemas productivos de la agricultura familiar y comunitaria. Es por ello que consideramos que el tema de las semillas debería ser incluido en el actual proceso de negociación de paz.
Exigimos políticas públicas a favor de sistemas vivos de semillas campesinas, que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control, que promuevan las semillas reproducibles y locales, que favorezcan la agroecología, el acceso a la tierra y el cuidado de los suelos, y también deben promover la investigación participativa controlada por los campesinos. Estas políticas deben prohibir la privatización y acabar con los monopolios de las semillas por la industria y no deben promover las semillas no reproducibles como los híbridos y tampoco los transgénicos.
Hacemos un llamado a las comunidades indígenas, afro y campesinas de Colombia a conservar, proteger, desarrollar y compartir nuestras semillas; esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad. Continuaremos trabajando dentro de nuestros propios sistemas campesinos de semillas, los cuales han asegurado la biodiversidad y alimentado a la humanidad y lo continuarán haciendo ante la crisis climática actual.
Igualmente llamamos a la ciudadanía en general que habita las ciudades, para que realice acciones por la defensa del derecho a la alimentación y reivindique la soberanía alimentaria nacional. Actualmente, las comunidades rurales en Colombia producen más del 60% de los alimentos que se consumen en las grandes ciudades; en ese sentido, la privatización y penalización del uso de las semillas, pone en riesgo el derecho a la alimentación de los colombianos.
Las semillas en manos de los agricultores son un eslabón fundamental para que las poblaciones rurales y urbanas garanticemos nuestra soberanía y autonomía alimentaria. Es por ello que los agricultores estamos guardando las semillas, no solo para nosotros sino también para nuestros hijos; puesto que las semillas como lo reafirma la Vía Campesina son patrimonio de las comunidades campesinas y afrocolombianas y de los pueblos indígenas al servicio de la humanidad.
Bogotá, Octubre de 2012
