En su segundo informe sobre la situación de los niños y el conflicto armado en Colombia, durante enero del 2009 y agosto del 2011, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se refirió a las «graves violaciones de las que son objeto los niños en Colombia», como el reclutamiento y la utilización por grupos armados, las muertes y las mutilaciones, los actos de violencia sexual, los secuestros, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación del acceso humanitario.
En el documento la ONU realiza unas recomendaciones al Gobierno para reforzar las medidas de protección de los niños afectados por el conflicto armado.
Se exige al Gobierno avanzar más en la «separación efectiva y sistemática de los niños de los grupos armados no estatales» y dar prioridad a este punto en un posible diálogo de paz. El informe subraya que debe existir una atención especial a la población afrocolombiana y a los pueblos indígenas.
En los casos en que los niños fueron separados de grupos armados, el organismo pide al Gobierno redoblar su esfuerzo para reunificar las familias, mejorar los servicios de protección a los niños, apoyar la reintegración y exigir cuentas por los delitos cometidos contra los menores de edad.
«Los niños que han sido separados de grupos que el Gobierno considera criminales no deben ser remitidos al sistema de justicia penal y, por el contrario, deben ser tratados como víctimas y gozar de la misma protección de los niños que hayan sido separados de grupos guerrilleros», indica el informe, que pide a los grupos armados darle fin al uso de las minas antipersonal y facilitar su remoción.
El organismo recuerda que las partes en el conflicto armado deben respetar la labor de las organizaciones humanitarias.
Con respecto a la impunidad, el organismo pide un avance más rápido al comparecer ante la justicia a los responsables de cometer graves violaciones de los derechos de los niños. «Hasta la fecha, sólo se ha dictado una sentencia en relación con el reclutamiento de niños», dice.
«Ni las fuerzas de seguridad del Estado ni los grupos armados no estatales deben evadir la rendición de cuentas», agrega.
Para Naciones Unidas, el Gobierno debe reforzar urgentemente las medidas que buscan darles fin a las ejecuciones extrajudiciales.
«Estoy profundamente preocupado por las persistentes violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas por grupos armados», anota el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien añade que el Gobierno debe velar porque las autoridades militares elaboren una política de tolerancia cero en relación con la violencia y la explotación sexuales, cometidas por los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía.
En ese sentido, también se recuerda a las fuerzas de seguridad colombianas las prohibiciones de utilizar a los niños para tareas de inteligencia militar y mantenerlos detenidos cuando se han desvinculado de grupos armados. El organismo indica que estos menores de edad deben ser entregados a los servicios civiles de protección en un plazo de 36 horas.
El secretario general pide a las autoridades estatales responder adecuada y oportunamente los informes de riesgos del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El acceso a la educación y a la salud también es foco de atención. La ONU rechaza la utilización militar de las escuelas y los hospitales, y solicita reforzar la prevención del desplazamiento de los niños y la aplicación de programas si llegan a ser víctimas de este flagelo. Durante el período del informe se registraron 294.470 nuevos desplazados internos, el 51 por ciento de ellos menores de edad.
Finalmente, el organismo subraya que «la mejor manera de proteger a los niños es mediante la paz». En ese sentido, pide hacer lo posible para alcanzar una solución pacífica al conflicto armado.
Las recomendaciones de Naciones Unidas parten del análisis realizado por el organismo sobre las violaciones «graves» a los derechos de los niños. El organismo cita ejemplos reales obtenidos por el equipo investigador de la ONU.
Reclutamiento y utilización de niños
Se advierte un aumento de casos. El informe asegura que las guerrillas tienden a reclutar niños principalmente en zonas rurales, mientras otros grupos armados como los `Rastrojos` y los `Urabeños`, los reclutan en su mayoría en áreas urbanas.
Se señala cómo la población más vulnerable los niños de origen indígena y afrocolombiano de Caquetá, Cauca, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Nariño y Vaupés. «En el 2010, al menos 16 menores indígenas fueron reclutados por el ELN en Chocó», indica el informe.
El documento expone que el reclutamiento comienza a los 9 o los 10 años de edad. Algunos niños, a sus 8 años, también son amenazados con ser reclutados.
Entre enero del 2009 y agosto del 2011 se registrados 343 casos de reclutamiento y utilización de los niños en 23 de los 32 departamentos del país.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen reclutando en 121 municipios de 22 departamentos.
En enero del 2010, «durante el bombardeo de campamentos de las FARC por parte de las Fuerzas Militares en Putumayo, un niño de 10 años relacionado con las FARC resultó muerto». En mayo del 2011, en un municipio de Antioquia, 15 niños fueron reclutados por las FARC y 13 por el Ejército Nacional de Liberación (ELN), en dos incidentes distintos.
El informe asegura que las FARC llevan un censo de menores para luego reclutarlos. En Antioquia, Chocó y Putumayo este grupo guerrillero ha realizado reuniones en las comunidades, en las que cuentan el número de menores de edad y les anuncian su regreso para reclutar a los niños mayores de 8 años.
«Las FARC utilizan a los niños para fabricar y colocar minas terrestres, comprar medicinas y realizar tareas de inteligencia». También se dio el caso en que un menor fue utilizado como “terrorista suicida”, en marzo del 2010, en Nariño, cuando las FARC usaron a un niño de 12 años para portar explosivos.
El ELN reclutó y utilizó a niños en 55 municipios de ocho departamentos. En enero del 2009, en Antioquia, 30 niños, entre 10 y 17 años fueron reclutados a petición del ELN por los `Rastrojos’.
«Se llevaron a cabo campañas de reclutamiento en las escuelas con el objetivo de convencer a los niños para que colaboraran como informantes o se alistaran en los grupos armados», agrega el informe.
El organismo también menciona el reclutamiento por parte de los `Rastrojos`, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), los `Paisas` y los `Urabeños`. Se relata, por ejemplo que, «en abril del 2010 , en Antioquia, unos 30 niños fueron reclutados por los `Rastrojos’ y vendidos al ELN».
Los niños también son utilizados por las Fuerzas Militares para tareas de inteligencia, en contravención del Código Penal de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia.
«En febrero y marzo del 2009, en Valle del Cauca, miembros del Ejército Nacional ofrecieron comida a unos niños para obtener información sobre la presencia de grupos armados en las zonas rurales», explica el documento al advertir que esta acción pone en peligro la seguridad de los niños al exponerlos a las represalias de otros grupos armados.
En ese mismo sentido, Naciones Unidas se muestra preocupada por los casos en que las Fuerzas Militares interrogan a los niños liberados por grupos armados no estatales o que han huido.
Cabe recordar que también está prohibido el uso de los niños en programas cívico-militares; por lo anterior, la ONU rechaza el vigente programa Club Lancitas. Así mismo, el organismo está en desacuerdo con lo ocurrido en Arauca, en diciembre del 2009, cuando 600 niños de entre 6 y 12 años, participaron en el programa «Vacaciones recreativas extremas», donde visitaron las brigadas militares e interactuaron con los soldados.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en el 2008, unas 2.600 familias desplazadas denunciaron el reclutamiento como causa de su desplazamiento.
Muerte y mutilación de niños
Según el informe, durante los combates, como consecuencia de los ataques indiscriminados, las minas terrestres y las municiones sin detonar, «se sigue matando y mutilando a niños». Los grupos armados no estatales como las FARC y el ELN fueron los autores de la mayoría de los casos en 10 departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo y Santander.
«En noviembre del 2009, los `Rastrojos’ mataron a dos niñas de 14 y 15 años por negarse a matar al alcalde de un municipio de Antioquia», relata el informe.
De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en los años 2009 y 2010, 330 personas, incluidos 27 niños, murieron en 68 masacres. Entre enero y junio del 2011 el Observatorio informó que a octubre del 2011 se habían perpetrado 32 masacres más.
Con respecto al número de ejecuciones extrajudiciales, Naciones Unidas recuerda que en marzo del 2010, en Huila, un niño reclutado por las FARC que había resultado herido en enfrentamientos con las Fuerzas Militares, «fue presuntamente ejecutado más tarde por miembros de esas fuerzas».
Por su parte, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, entre enero del 2009 y agosto del 2011, asegura que 16 menores de edad fueron víctimas de las municiones sin detonar y las minas terrestres, colocadas principalmente por las FARC y el ELN.
«En agosto del 2010, en Arauca, un menor de 12 años perdió las dos piernas en un accidente provocado por una mina terrestre. Posteriormente, las FARC cobraron dinero a su familia para sufragar la mina», cuenta el organismo.
Violencia sexual contra niños
Naciones Unidas advierte que «no existe una recopilación sistemática de información ni registros oficiales del número de casos de violencia sexual», los cuales, según la ONU, «siguen sin denunciarse» por miedo a represalias, falta de confianza en los sistemas de justicia del Estado o desconocimiento de los procedimientos.
El informe apunta que las niñas reclutadas por los grupos armados no estatales son víctimas de repetidos actos de violencia sexual y se les obliga a abortar si quedan embarazadas. «Se les obliga a usar métodos anticonceptivos inapropiados para la salud», agrega el documento.
«En agosto del 2010, en Meta, una adolescente de 14 años fue asesinada por miembros del ERPAC después de ser torturada, violada y mutilada por sus agresores, quienes le cortaron los senos», cita el informe.
Otro desgarrador caso se vivió en marzo del 2011, en Nariño, cuando «una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de los `Rastrojos`, quienes finalmente la mataron delante de la comunidad y advirtieron que ese sería el procedimiento de represalia que seguirían contra quienes presentaran denuncias».
El organismo advierte que el conflicto armado también ha puesto a los niños en peligro de sufrir explotación sexual. También se han recibido denuncias de casos de violencia sexual perpetrada por miembros de las Fuerzas Militares y la policía.
«En agosto del 2009, en Guaviare, una niña indígena de 5 años fue víctima de abusos sexuales presuntamente cometidos por un integrante de las Fuerzas Militares», relata el informe.
Ataques contra escuelas y hospitales
Naciones Unidas documentó casos donde las escuelas fueron atacadas durante los enfrentamientos entre Fuerzas Militares y grupos armados no estatales. En junio del 2010, explotó en una escuela rural una bomba presuntamente dirigida a las Fuerzas Militares. Unos meses antes, en septiembre del 2009, se denunció un ataque de las FARC contra un hospital en Cauca.
Ese mismo año, en mayo, un niño de 11 años murió en el patio de una escuela como consecuencia de una bala perdida disparada presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares.
El informe anota que los ataques también van dirigidos a los maestros. Ante está situación, los niños abandonan la escuela y «las escuelas cierran sus puertas».
De acuerdo con el Observatorio, en el 2010 fueron asesinados 22 profesores. Otros docentes recibieron amenazas por liderar iniciativas comunitarias de rechazo a la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños.
También se señala que las minas antipersonal y otras municiones explosivas son abandonadas en las escuelas o cerca de los planteles. Así se vivió en el Valle del Cauca en mayo del 2011, cuando las FARC dejaron un campo minado que obligó a suspender las clases durante más de seis meses.
El informe denunció varios casos de escuelas ocupadas por las Fuerzas Militares y unidades militares ubicadas cerca de las instituciones. En Cauca, 300 niños quedaron atrapados en un enfrentamiento, debido a que las Fuerzas Militares instalaron sus carpas en la cancha de fútbol.
La ONU también denunció amenazas contra el personal médico y restricciones a la prestación de los servicios de salud.
Denegación de acceso humanitario
Con respecto al acceso a la asistencia humanitaria en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, la ONU advierte restricciones.
«El Plan Nacional de Consolidación ha puesto en peligro el acceso de la asistencia humanitaria”, indica el informe, que cita un caso en Antioquia. En junio del 2009, las FARC «amenazaron con atacar a una comunidad rural si aceptaba los beneficios de las actividades realizadas por las Fuerzas Militares».
Según la ONU, el aislamiento de las comunidades «afecta desproporcionadamente a los niños y las poblaciones indígenas».
«Las FARC impusieron ‘paros armados’ que prohibían la libre circulación de bienes y personas (…) en Arauca, Chocó y Putumayo», situación que evitó que varias comunidades tuvieran acceso a la asistencia humanitaria.
También se advierte sobre restricciones a la circulación debido a las actividades de las Fuerzas Militares. «Los puestos de control instalados por las Fuerzas Militares han restringido la cantidad de alimentos, gasolina y fertilizantes que la población civil puede transportar a las comunidades rurales en ciertas zonas de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca», argumenta el informe.
Secuestros
El informe reconoce que la información sobre secuestros en niños es «muy limitada»:
Entre los casos documentados están: en noviembre del 2009, en Antioquia, las FARC secuestraron a un niño de 13 años. En mayo del 2010, en Guaviare, escaparon dos miembros de las FARC y se llevaron con ellos a una niña de 15 años a quien el grupo había mantenido secuestrada durante seis meses. Finalmente, en mayo del 2011, en Nariño, una niña indígena de 14 años hermana de un líder comunitario, fue secuestrada y torturada durante cuatro días, presuntamente por miembros de los `Rastrojos`.
De acuerdo con estadísticas del Gobierno, citadas por el informe, entre los años 2009 y 2010, 495 personas fueron secuestradas, de las cuales 51 eran niños.
Finalmente, el informe de Naciones Unidas reconoce los esfuerzos y los avances del Gobierno para proteger a los niños.
– Se esforzó por prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales y tomar medidas al respecto.
– Adoptó medidas para elaborar un marco de políticas públicas orientado a la inclusión de los derechos de los niños.
– El Plan Nacional de Desarrollo y su visión para proteger los grupos vulnerables.
– El programa para la protección y la reintegración de los niños separados de los grupos armados no estatales, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y apoyado por la ONU. Entre enero del 2009 y agosto del 2011, participaron 881 niños. El problema radica en que los niños separados de las llamadas bandas criminales no reciben la misma atención.
– El capítulo de la Ley de víctimas y restitución de tierras referido a la atención a los huérfanos y los niños que han sido víctimas del reclutamiento y las minas antipersonal.
– Los programas de capacitación de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los niños y el derecho internacional humanitario.
– El Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal para el periodo 2009-2019.
Lea el informe completo aquí.
