El Pueblo Indígena Emberá ha estado inmerso históricamente, contra su voluntad, en la dinámica del conflicto armado, muestra de ello es la afectación del desplazamiento forzado, fumigaciones a cultivos de uso ilícito, la explotación de recursos naturales y construcción de obras de infraestructura y en general, la implementación de mega-proyectos que afectan su integridad física, cultural y territorial. A ello se suma la brecha existente entre el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y su goce efectivo, ya que a pesar de los avances normativos, persisten violaciones a derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
En el caso del pueblo Embera, la situación de derechos humanos es crítica, ello, debido al impacto del conflicto armado, la desnutrición, pobreza, y las barreras para el acceso a servicios sociales del Estado. En mayo de 2010, la ASOREWA denunció la muerte de 11 niños emberá en Chocó, quienes presentaban un cuadro clínico de gripa, diarrea, vómito y desnutrición. De igual modo, esta organización regional denunció que entre septiembre de 2009 y marzo de 2010, 85 indígenas emberá, casi todos niños, habrían muerto por falta de atención en salud. En 2010 murieron unos cinco niños emberá, pese a la gestión de organizaciones como la ONIC y con posterioridad CODHES, para buscar salidas a la crisis emberá en la capital. Por su parte Asorewa denunció que entre septiembre de 2009 y marzo de 2010, 85 indígenas emberá, casi todos niños, habrían muerto por falta de atención en salud.
Esta situación “ha llevado a los emberá al desarraigo cultural, espiritual y al deterioro social… hoy varios miembros y comunidades emberá se encuentran en ciudades del país en una situación crítica de mendicidad, que se convierte en factor de pérdida de autonomía y gobernabilidad en el marco de la justicia propia y que puede llegar a situaciones graves como drogadicción y prostitución”, tal como se evidencio en el II Congreso Embera realizado en 2010.
En diversas ocasiones el pueblo Embera se ha movilizado para exigir la garantía de sus derechos, muestra de ello es la reciente toma de la EPS CAPRECOM en Quibdó y la Vía Quibdó-Medellín para exigir garantía del derecho a la Salud, la integridad territorial, acceso a educación y garantía de sus derechos y autonomía.
Lo anterior, acentúa el riesgo de exterminio físico y cultural del pueblo Embera, el cual, cuenta con medidas de protección específica en el marco de la segunda orden del auto 004 de 2009 atinente a los planes de Salvaguarda étnica. En esta misma providencia, la Corte declaró “que los pueblos indígenas de Colombia… están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas” y agregó que “el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere”. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011, la Corte Constitucional expidió el auto Embera, orientado a recoger material probatorio y determinar la respuesta de las entidades estatales y los entes territoriales en materia de atención a las familias en situación de desplazamiento pertenecientes a este pueblo indígena.
Pueblo Emberá en Bogotá, el rostro de las víctimas del conflicto
Familias Embera Katío y Chamí de los departamentos de Risaralda y Chocó, se han desplazado de su territorio y varias de ellas se encuentran en ciudades como Pereira, Bogotá, Medellín, Armenia y Cali, entre otras. En el caso de Bogotá, existen familias que llevan 11 años viviendo en la ciudad, algunas sin recibir ningún tipo de atención adecuada, oportuna y diferencial por parte del Estado. En el marco del decreto 412, el Distrito dispuso dos albergues para la atención de las comunidades Katío y Chamí, sin embargo, a la fecha, varias familias permanecen en pagadiarios de los barrios San Bernardo y la Favorita.
Cabe resaltar que, la problemática cada día es más compleja y las esperanzas de restablecimiento son lejanas, teniendo en cuenta que se requieren recursos para establecer programas que logren llegar a la raíz del problema. Si bien algunas familias Emberá están vinculados a programas nutricionales, de salud y educación del Distrito, y otros viven de las artesanías que venden, su situación de mendicidad, pobreza y marginación está lejos de resolverse.
Respuesta del Gobierno
La respuesta Estatal ha sido insuficiente, descoordinada y carente de enfoque diferencial y aunque se han implementado acciones, el goce efectivo de derechos de las comunidades Embera no ha tenido lugar. En distintas ocasiones el gobierno nacional ha asumido compromisos con las familias Embera en situación de desplazamiento y con comunidades que permanecen en sus territorios, y los retornos que han tenido lugar no han cumplido con las condiciones de dignidad, voluntariedad, seguridad y sostenibilidad, tal como lo establecen los principios rectores de desplazamientos internos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Recientemente el gobierno nacional, asumió compromisos en el marco del plan de retorno del pueblo Embera Katío del Alto Andagueda. el 27 de marzo del presente año, la Unidad de Víctimas trazó una ruta para el retorno y definió un cronograma, según el cual, la protocolización del plan de retorno debió producirse en el mes de mayo. A la fecha el gobierno no ha dado una respuesta clara, y por el contrario el proceso de retorno ha sufrido dilaciones. Por esta razón solicitamos:
Al gobierno Nacional
Se dé cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades Embera Katío y Chamí. Y se garanticen sus derechos.
Se instale una mesa de diálogo en el que el Gobierno nacional, las instituciones responsables como la Unidad de Atención a Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, INCODER, gobernadores de los departamentos de Chocó y Risaralda y los alcaldes de los municipios de Bagadó (Chocó), Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda), organismos de control y demás entidades e instituciones responsables, así como agencias internacionales Organizaciones Indígenas y Organizaciones de Derechos Humanos, con el Pueblo Embera, retomen los compromisos adquiridos con el Pueblo Embera en aras de materializar de forma rápida, oportuna y garantista los procesos de retorno y reubicación teniendo en cuenta los criterios de dignidad, voluntariedad y seguridad.
Se respeten los derechos de quienes han salido a manifestarse y se salvaguarde la integridad de niños, niñas, mujeres en embarazo y lactantes, adultos mayores y en general de todos y cada uno de los que en ejercicio de los parámetros constitucionales han salido de forma pacífica a reivindicar sus derechos y visibilizar sus vulneraciones.
Se garantice que la fuerza pública no vulnerará física y psicológicamente a las familias Embera que el día de hoy marchan buscando reivindicar sus derechos.
A los organismos de Control
El pueblo emberá hace un llamado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que se les permita su libre ejercicio a la protesta y se les respete su integridad toda vez que en la toma se encuentran niños indefensos y mujeres embarazadas cansadas del incumplimiento del gobierno
Que en el marco de sus deberes constitucionales, velen por la garantía de derechos en el entendido de generar escenarios idóneos para consolidar los procesos de retorno y reubicación del Pueblo Embera.
Organización Nacional Indígena de Colombia
Contactos:
Lisandro Nacabera, Emberá Chamí, 3113283357,
Juan Carlos Murillo, Emberá Katío, 3186340797
Luis Fernando Arias Secretario General ONIC 321 2302511
Luis Evelis Andrade Casama, 3158572995.
Ismael Paredes, prensa, 3133432162,
