Los desaparecidos en el estero San Antonio
Equipo Agenda Regional Eclesial de Paz
El pasado 19 de octubre de 2020, familiares de víctimas de desaparición forzada y representantes de organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se decretaran medidas cautelares sobre el Estero San Antonio, localizado en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. En la actualidad el Estero está siendo intervenido por una obra de dragado de mantenimiento de 4,5 km de extensión, 6 metros de ancho y 4 metros de profundidad. En este lugar se presume que están los cuerpos de personas dadas por desaparecidas o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que sus familias siguen buscando para aliviar el dolor de su pérdida.
Las medidas cautelares son un instrumento que permite proteger los derechos de los familiares de las víctimas de personas dadas por desaparecidas en el marco o con ocasión del conflicto. Pese a que la JEP aún no abre el caso de desaparición forzada y que existe la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) como entidad encargada de la búsqueda, el Tribunal entiende que en el marco de su mandato de hacer realidad el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, es necesario y urgente dar respuesta sobre lo ocurrido a las víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición. En el marco de la justicia transicional, y teniendo en cuenta el carácter complementario y dialogante del SIVJRNR, es fundamental aunar esfuerzos para dar respuesta frente a un crimen atroz que afecta y tortura a miles de familias en el país.
Las medidas cautelares están siendo adelantadas por la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (SAR) y se iniciaron a solicitud del Movice en 17 lugares del país, pero en la actualidad la JEP ha abocado conocimiento en tres lugares más, además el Grupo de Análisis e Información (GRAI) también está documentando los casos de desaparición forzada en el caso 02, que prioriza la situación territorial en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), el caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá, y el caso 05, que prioriza la situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. En estas tres regiones se han podido identificar cientos de casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y reclutamientos forzados, entre otras modalidades de agresión.
Las organizaciones de familiares y de derechos humanos han solicitado a la SAR que las medidas cautelares sean de carácter preventivo, conservativas, anticipativas o suspensivas, para evitar riesgos o daños inevitables que alteren la búsqueda y el hallazgo de las víctimas que pueda adelantar posteriormente la UBPD. Sabemos que el país está lleno de fosas, lugares clandestinos de enterramientos y cementerios donde los perpetradores han dejado a sus víctimas y que hasta antes de la firma del Acuerdo de Paz no hubo voluntad para su búsqueda. La preocupación es que en estos mismos lugares se están adelantado obras de infraestructura, megaproyectos, proyectos minero energéticos, entre otros, sin ninguna consideración por los derechos de las víctimas. Casos como Hidroituango, la mega obra que permitió inundar el río Cauca sepultando para siempre la esperanza de hallazgo de las víctimas, es apenas uno de los ejemplos que no se puede volver a repetir.
¿Por qué el Estero San Antonio?
El departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los más afectados por la violencia no solo en el marco del conflicto armado sino como consecuencia de los intereses y disputas territoriales por el control del narcotráfico, los recursos no renovables, la biodiversidad, entre otros. El Registro Único de Victimas de la UARIV[1] da cuenta de 540.803 víctimas directas, de las cuales 8.822 corresponden a casos de desaparición forzada. En el caso del Distrito de Buenaventura se registran 296.685 víctimas, 2.180 son desapariciones forzadas. Por su parte el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el informe “Buenaventura un puerto sin comunidad” registra 475 personas desaparecidas forzadamente entre los años 1996 y 2013. Sin embargo, estos datos representan un subregistro frente a la magnitud de los hechos denunciados por las organizaciones de víctimas y agravado por la estrategia de borrar datos —como lo denunció recientemente el Equipo de Desaparición[2] al referirse a las bases de datos del CNMH, la Unidad de Víctimas y la Fiscalía General de la Nación (FGN).
El ya mencionado informe sobre Buenaventura[3] muestra como la violencia se ha ensañado con la población. Paramilitares, militares, policías, narcotraficantes, guerrilla, políticos, empresarios, han vulnerado todos los derechos de las comunidades, han desconocido la autonomía y los derechos étnico territoriales de los pueblos afrodescendientes e indígenas, han sometido a la población solo para obtener beneficios económicos del Puerto. Todo ello bajo la mirada complaciente o indiferente de gobiernos locales y nacionales. Prácticas como los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura se cometieron antes de la firma del Acuerdo de Paz y se siguen dando en total impunidad. Las casas de los barrios más pobres son utilizadas como casas de pique, es decir, como casas de terror para asesinar cruelmente a habitantes considerados “indeseables” por diversas circunstancias o atentar contra lideresas o líderes sociales. Muchos de los cuerpos de las víctimas han terminado en los Esteros como una forma de garantizar la impunidad. El Estero San Antonio es uno de esos lugares.
El Estero de San Antonio está ubicado en el costado este de la bahía de Buenaventura y el sector sureste de la Isla de Cascajal bordeando las Comunas siete, ocho, once y doce del distrito. Organizaciones sociales, étnicas y eclesiales han denunciado ante la FGN y organismos internacionales los desmembramientos y otras prácticas de terror y el hecho de que muchos de los cuerpos han sido arrojados en este lugar. Igual práctica se ha dado en el Estero el Aguacatal y la isla Pájaro o La Calavera, sitios que guardan la memoria de centenares personas asesinadas y desaparecidas en forma sistemática por los grupos paramilitares. Testimonios de familias dan cuenta de que allí fueron llevadas las víctimas para ser asesinadas o los cuerpos de personas ya muertas para ser arrojados al lugar para generar terror y garantizar la impunidad.
Pese a la realidad antes descrita las autoridades judiciales no han desplegado acciones concretas para esclarecer qué pasó con las víctimas y encontrar sus cuerpos. Por el contrario, este año se inició el dragado del Estero, desconociendo la petición de búsqueda de las víctimas hecha por las familias y organizaciones sociales.
En el 2019 el contrato del Plan de dragado bajo número 1687-2019, fue autorizado pese a ni siquiera contar con la licencia ambiental de la Dirección General Marítima y EPA por lo que debió ser suspendida. El pasado 30 de junio de 2020 inició el dragado cuyo mantenimiento está a cargo de INVIAS y la empresa Dredging International Services Cyprus LTDA- sucursal Colombia, pero el contrato volvió a ser suspendido el 30 de noviembre de 2020. Pese a la suspensión, la preocupación de las familias y organizaciones se mantiene ya que la obra implica el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras que seguramente van a afectar posibles cuerpos o estructuras óseas que se encuentren en el lugar.
La solicitud presentada a la JEP se fundamenta en “el riesgo inminente de pérdida o destrucción de los cuerpos o estructuras óseas, lo que transgrede los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral; entendiendo que en casos de desaparición el derecho a la verdad integra el derecho a la búsqueda efectiva, la recuperación del desaparecido o cuerpo y la restitución en condiciones de dignidad y respeto a las creencias y costumbres de los familiares.” Por ello, se busca que se decrete una medida de protección para evitar un daño y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias. Es necesario que la obra sea suspendida hasta tanto no se implemente un Plan de Búsqueda liderado por la UBPD en articulación con la JEP, la FGN y otras entidades competentes.
Alrededor de treinta organizaciones étnicas, sociales y eclesiales, entre las que se encuentra la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), han realizado con las familias acciones de memoria para respaldar la petición de búsqueda. En noviembre realizaron un recorrido humanitario y sembraron cruces en los posibles lugares donde reposan los cuerpos de las víctimas, como una forma de sensibilizar y llamar la atención sobre la urgencia de la protección del lugar.
El pasado 11 de diciembre de 2020, la JEP expidió el Auto AI 029 de 2020, en el cual concede a los solicitantes un plazo de treinta (30) días hábiles para que complementen su solicitud de medidas cautelares, brindando mayor información sobre los peticionarios, las víctimas y los lugares. Las organizaciones harán llegar dicha información confiando en que la JEP haga realidad el principio de centralidad de las víctimas, garantizando que los mecanismos transicionales devuelvan la esperanza a las familias que no pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
[1] Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.
[2] Equipo de Desaparicionforzada.co liderado por Fidel Mingorance, Francisco Gómez Nadal y Erik Arellana Bautista.
[3] Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenaventura: un puerto sin comunidad. Bogotá, CNMH, 2015.
