La ambiciosa apuesta del Gobierno de restituir dos millones de hectáreas a campesinos despojados de sus propiedades, tendrá desarrollo en dos de los proyectos prioritarios: la ley de tierras y la ley de víctimas.
De esta forma, el Gobierno pareció dirimir el pulso político entre dos de los partidos políticos de la coalición que tenían posturas distintas frente a estas iniciativas.
El Conservador pedía que la ley de tierras fuera independiente de la de víctimas, mientras que el Liberal defendía la tesis de que la restitución debía estar incluida en los mecanismos de reparación a las víctimas.
Finalmente, y tal como lo explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ambas iniciativas tendrán un componente que le brinde mecanismos “rápidos y expeditos” a quienes, por culpa de la violencia, han sido despojados de sus predios.
Los alcances
En la tarde de este martes, en la presidencia de la Cámara de Representantes, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, radicó el proyecto de ley de tierras, cuatro días después de que fuera presentado por el propio presidente Juan Manuel Santos en Barrancabermeja, Santander.
Restrepo explicó que la iniciativa prioritaria de su cartera es un proyecto de ley integral, que no sólo se concentrará en los mecanismos de restitución, sino en una apuesta mayor por democratizar la propiedad rural en Colombia.
Los primeros capítulos de este proyecto se concentran en la ambiciosa apuesta de devolverle a los despojados sus tierras, y para ello contempla una serie de mecanismos con los que el Gobierno pretende retornar a sus verdaderos dueños 500 mil hectáreas anuales.
El proyecto contempla la tipificación de los delitos de despojo y testaferrato y crea la jurisdicción agraria especializada en restitución.
Y en ese contexto, según explicó el ministro Restrepo, una de las disposiciones novedosas será la de “invertir la prueba de la carga” para demostrar la propiedad de los predios.
Esto significa que no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades la pertenencia de sus tierras, sino que será el Estado el que asuma esa función.
Para que ese procedimiento sea expedito, el proyecto obliga a los empresarios a demostrarles a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio son legítimos.
La iniciativa contempla fondos de compensación en caso de que las tierras estén en manos de empresarios que la hayan adquirido de buena fe. Esa compensación será pagada en plazo diferido y en títulos de deuda pública TES.
El proyecto de ley crea la Unidad Administrativa Especial de gestión para la restitución de tierras, por un periodo de diez años, que se encargará de administrar y conservar el registro de predios despojados.
El cronograma
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, atendió la petición del Gobierno de darle prioridad a esta iniciativa, y se comprometió con un calendario que haga realidad esta ley que requiere cuatro debates. La meta es que la iniciativa empiece a ser aplicada a partir de enero de 2011.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien explicó que la ley de víctimas también incluirá un capítulo concentrado en desplazados y sus formas de restitución, anticipó que ya quedó pactado un cronograma para discutir estas iniciativas.
En las siguientes dos semanas se evacuarán los proyectos de facultades para la reestructuración de ministerios y la ley de ordenamiento territorial. La intensión es que antes de terminar el mes de septiembre esta iniciativa que busca la restitución de tierras empiece a ser discutida por la Cámara de Representantes.
