Pocas veces se había visto una agenda legislativa tan cargada hacia un sector en particular. Al Congreso han llegado varios proyectos de ley relacionados con el sector minero-energético que aspiran a que las grandes compañías retribuyan en una mayor proporción al país y a que el Estado las controle más.
El debate sobre las multinacionales y la explotación de los recursos minero-energéticos no es nuevo y se presenta en todas partes del mundo. En Colombia ha cobrado mayor intensidad últimamente por varias razones, entre ellas porque es el sector que está obteniendo mejores ganancias, por lo cual todo el mundo espera que aporte más para el desarrollo del país.
También las noticias sobre la prórroga del contrato para explotar níquel en Cerro Matoso, a cargo de la angloaustraliana BHP Billiton y las protestas por el bajo compromiso social de la multinacional despertaron indignación nacional y avivaron el debate sobre si el sector está pagando los impuestos justos. Por lo demás, los efectos devastadores que deja a su paso la minería ilegal -también la legal sin controles- ha hecho que los ambientalistas enfilen baterías contra esta `locomotora`.
En medio del ambiente tan caldeado, lo conveniente es tener cabeza fría y desideologizar el debate para encontrar un punto medio en que el todos salgan satisfechos: las regiones productoras y el país reciban mayores recursos, pero también que no se espante la inversión privada. Como dijo el exministro de Hacienda Rudolf Hommes en su columna de Portafolio la semana pasada, una oposición irracional a la minería puede culminar en algo peor. Según el columnista, «si se insiste en el radicalismo ambiental o les duplican los impuestos a los mineros grandes, como algunos pretenden que se haga, con seguridad se van con su inversión a otra parte». Es mejor para el país, señala Hommes, tratar de retenerlos y obligarlos a que hagan más por las comunidades, la capacitación, el empleo local y el medio ambiente, que quedar sin minería o en manos de mineros piratas sin control.
No hay que olvidar que, en el momento, este es el sector que está impulsando la economía. Con 31.260 millones de dólares, en 2011 generó el 55 por ciento de las exportaciones del país. El año pasado creció 14,5 por ciento y representó el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble de hace una década. De los 13.200 millones de dólares de inversión extranjera que llegaron en 2011 a Colombia, el 60 por ciento, es decir 7.700 millones, se dirigieron a este sector. Entre regalías e impuestos paga más de 15 billones de pesos. «Tenemos que cuidar esta `locomotora` porque es la que más prosperidad nos está dando. Colombia no podría estar ofreciendo programas sociales si no tuviera el sector minero-energético. El crecimiento tributario está asociado al minero energético», dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas , quien viene de ocupar la cartera de Minas y Energía.
Cascada de proyectos
Con las iniciativas que esperan trámite en el Congreso, el sector está preocupado, pues lo toca en materia de regalías, impuestos y hasta en el tema laboral. El proyecto de los representantes a la Cámara Simón Gaviria y Jaime Rodríguez establece un impuesto de industria y comercio a las petroleras y mineras, con una tarifa entre 3 y 10 por mil -que definirían los concejos municipales-, que podría generar recaudos adicionales para las regiones entre 100.000 millones y un billón de pesos por año.
Simón Gaviria sostiene que esta es una baja carga impositiva si se tiene en cuenta que mientras un trabajador paga en impuestos el 5,7 por ciento de sus ingresos, en promedio, una empresa minera apenas tributa el 4 por ciento. «No queremos desestimular el crecimiento del sector minero pero sí nos proponemos estar alertas para que la distribución de la riqueza que genera sea lo más equitativa posible».
Otra iniciativa del representante Rodríguez propone establecer una compensación económica para las regiones, que deberá pactarse obligatoriamente en los nuevos contratos petroleros y mineros, correspondiente al 4 por ciento de la producción bruta en boca de pozo. Estos recursos se destinarán a financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las regiones.
A este paquete se suman dos proyectos más del representante del Putumayo Luis Fernando Ochoa que buscan en materia laboral aumentar la participación de la mano de obra local en las compañías petroleras y mineras. La idea es que el 80 por ciento de los bienes y servicios así como la mano de obra no calificada que contraten las empresas tiene que ser de las regiones productoras.
Una de las mayores críticas al sector es que, dadas las elevadas exenciones y deducciones -las compañías pueden descontar del impuesto de renta lo que pagan por regalías-, las empresas terminan pagando una tasa de tributación baja.
Este debate no se presenta sólo en Colombia. Chile aprobó recientemente un incremento del 5 al 14 por ciento en las regalías para el sector; en Perú el debate está al rojo vivo y quieren copiar el modelo vecino; Israel aumentó a comienzos de este año del 20 al 50 por ciento los gravámenes para la explotación de petróleo y gas mientras que en Sudáfrica se debate un impuesto de renta del 50 por ciento para el sector minero.
Las multinacionales, por supuesto, aseguran que aportan lo justo. Sostienen que más que nuevos impuestos lo que se necesita es una mejor ejecución de los recursos y un mayor control por parte de las entidades fiscalizadoras.
Esta cascada de gravámenes y nuevas regulaciones tiene muy nerviosos a mineros y petroleros. Para la directora del Sector de la Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez, las expectativas en producción, tributación y regalías se estarían arriesgando, en un escenario de cambio de reglas de juego.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo Alejandro Martínez, por su parte, dice que con estas iniciativas se vuelve incierto el futuro del negocio. Recuerda que en la actualidad por cada barril nuevo de petróleo que se descubre en el país el Estado tiene una participación del 70 por ciento, pero con las iniciativas que cursan en el Congreso se pasaría a un 91 por ciento, con lo que se afectaría la competitividad de Colombia para atraer inversión. Sería como retroceder a la década de los ochenta cuando aumentó sustancialmente la carga impositiva y se estancó la producción.
Algunos analistas, como el presidente de Anif, Sergio Clavijo, consideran que se debería establecer una tributación para la minería similar a la de petróleo. A mayor producción, mayor regalía y hacen énfasis en revisar el esquema para el oro. El senador Juan Mario Laserna sostiene que mientras las regalías de la sal son del 12 por ciento las del oro son apenas del 4 por ciento.
El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, no es partidario de cambiar el sistema de regalías e impuestos para el petróleo, en momentos en que el país busca aumentar el nivel de reservas que alcanzan para 7 años. Frente a los gravámenes al sector minero afirma que se está estudiando el tema y que su discusión se dará en el Congreso.
El debate está planteado. En las próximas semanas el Congreso tendrá que decidir con cabeza fría qué es lo que más le conviene al país para incentivar la inversión en la `locomotora` que está rodando a mejor marcha y para que no resulten pagando justos por pecadores en un país donde la minería ilegal está en todas partes y causa un daño inmenso. Como dice el ministro de Hacienda, el crecimiento de este sector requiere que se cumplan muchas condiciones, entre ellas agilizar los trámites ambientales; garantizar condiciones de seguridad y que las empresas que invierten encuentren condicione de estabilidad jurídica. Ojalá que no se termine matando la gallina de los huevos de oro.
