La verdad del pueblo negro: un reconocimiento necesario
Equipo Agenda Regional Eclesial de Paz
No hay hombres pescadores
solo hombres pescados
que aparecen muertos
por cualquier manglar
con la lengua afuera y dedos cortados
porque dijo algo que era de guardar.
Irreconocibles porque les echaron
químicos que usan para procesar.
Y como consecuencia de esos malos cambios
en nuestro paraíso se acabó la paz.
(Coca por coco – Herencia de Timbiquí)
La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV) realizó el 11 de diciembre de 2020 el Encuentro por la Verdad “Reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal: hechos e impactos del conflicto armado, aportes a la construcción de paz y nación”, el cual evidenció la sistematicidad de la violencia cometida contra la población y sus territorios ancestrales.
De acuerdo con la información del DANE[1] la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal suma 4.671.160, lo que representa el 9,34% del total nacional. Estas comunidades están ubicadas en el 97,68% de los municipios del país y en alrededor de 64 municipios la población afrodescendiente es mayor al 50%, particularmente en la región del Pacífico. La mayoría vive en condiciones de extrema pobreza, paradójicamente en territorios ancestrales de grandes riquezas disputadas por grupos ilegales, políticos y empresarios nacionales e internacionales.
El despojo se sigue dando pese al logro de la Ley 70 de 1993. Gran parte de los 204 títulos colectivos de comunidades negras que existen en la actualidad se encuentran invadidos de cultivos de uso ilícito o con presencia de paramilitares, guerrilla y la Fuerza Pública, que ponen en riesgo la existencia física y cultural de estos pueblos. La CEV reconoce como parte de la verdad el etnocidio que se ha cometido contra este grupo étnico, que ha sido denunciado por las organizaciones étnicas territoriales y que se expresa en el racismo estructural, la pobreza extrema y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado.
Para la Comisión de la Verdad el racismo y la discriminación racial se pone en evidencia al analizar las múltiples violencias expresadas, por ejemplo, en las cifras estadísticas sobre necesidades básicas insatisfechas: El 82 por ciento de los territorios colectivos de comunidades negras no cuenta con servicios de acueducto y el 49 por ciento carece de acceso a energía eléctrica; el 30,17 por ciento se encuentra con rezago escolar. El DANE registra que la pobreza multidimensional es superior al 30 por ciento en las cabeceras municipales y al 50 por ciento en las zonas rurales, solo el 29,9 por ciento de las familias tiene conexión a internet. Esta situación se ha visto agravada por el impacto de la pandemia del Covid-19 donde no se cuenta con la cobertura ni infraestructura hospitalaria para atender a las personas que resulten infectadas.
En cuanto al impacto de la guerra, las cifras de victimización son ejemplo de cómo la violencia se ensañó en los territorios afrodescendientes. Hasta octubre del 2020 la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas contaba con un registro de 1.144.486 víctimas directas que representa el 38,38 por ciento de las víctimas inscritas a nivel nacional. “Además, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, hay tres periodos en los que un hecho victimizante como el desplazamiento forzado se incrementó afectando a estos grupos étnicos: 2000-2002; 2007-2008 y 2013-2014. Según la misma entidad, con fecha de corte al 30 de septiembre del 2020, mientras el 15% de las personas que no reportaron etnicidad fueron desplazadas de su territorio, el 98% de los palenqueros y el 37,5% de los negros/afrocolombianos del país han sido desplazados por la violencia”. Las cifras oficiales dan cuenta que entre 1985 y 2020 fueron desplazadas 1.100.525 personas afrocolombianas, de las cuales 6.488 eran palenqueras y 8.384 raizales.
Pese a que la firma del Acuerdo de Paz significó una mejora humanitaria en los territorios de comunidades negras entre los años 2016 y 2017, la falta de cumplimiento del mismo por parte del gobierno nacional ha llevado a que la situación se vuelva a agravar y las comunidades estén sufriendo nuevamente el horror de la guerra. Entre 2017 y 2020 la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera suma 129.421 personas agredidas según los datos del Registro Único de Víctimas. Solo en el 2020 se contabilizan 16.539 víctimas, la mayoría de los casos por asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas y amenazas a líderes y lideresas sociales.
La CEV coincide con las denuncias hechas por la Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico (CIVP) en señalar la gravedad de la situación por las agresiones contra lideresas y líderes sociales, particularmente en la región del Pacífico en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Durante el 2020 se conocieron los casos de LEYNER PALACIOS ASPRILLA, secretario general de la CIVP y actual Comisionado de la Verdad, además de las amenazas contra ADRIEL RUIZ GALVAN defensor de derechos humanos de Buenaventura.
Según la CEV “de los 217 líderes sociales asesinados entre 2015 y 2019, solo en 2017 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) reportó que 77 eran afrodescendientes. En este mismo sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que la mayoría de los homicidios de líderes sociales pertenecientes a pueblos negros ocurrieron en Cauca y Nariño. Entre 2001 y 2016, se generaron 4.208 alertas tempranas por parte de comunidades negras y afrocolombianas. Las principales razones fueron: desplazamiento forzado, homicidios selectivos, amenazas, masacres y reclutamiento forzado. Los dos departamentos más afectados fueron Chocó (1.683 alertas) y Nariño (1.077 alertas)”[2].
La CEV comienza a reconocer la verdad sobre el racismo estructural y la discriminación racial que han legitimado el despojo histórico del territorio ancestral de las comunidades afrocolombianas, generando no solo daños individuales, sino daños culturales, políticos, espirituales y territoriales. Por ello es fundamental que la Comisión de la Verdad reconozca en su informe final que los megaproyectos de economía extractivista, agroindustriales, turísticos, portuarios y de infraestructura en general implementados por empresarios nacionales e internacionales, con el aval y apoyo de los gobiernos nacionales, se han impuesto sobre los pueblos en forma autoritaria, y la mayoría de las ocasiones, contando con el apoyo de estructuras paramilitares que impusieron a sangre y fuego el control territorial por encima de la autonomía y autogobierno de los Consejos Comunitarios. La verdad implica que se conozca el papel de los empresarios y políticos que han sometido al pueblo negro a la miseria y la negación de sus derechos. Las palabras del Comisionado Leyner Palacios en el acto de reconocimiento fueron claras al respecto:
“Los casos que acabamos de ver nos muestran que el desarrollo ha estado a espaldas de nuestros derechos. El desarrollo no ha tenido una visión de inclusión desde los territorios y una visión desde la cultura. Colombia nos dio la espalda y ese desarrollo ha estado unido al conflicto armado y a una especie de contubernio para la muerte. Hacernos minoría también ha sido otra de las políticas para invisibilizarnos…El conflicto armado se desarrolló y se sigue desarrollando en las comunidades negras y ha dejado instalado el narcotráfico, la minería y una serie de prácticas de desarrollo que no incluyen nuestros derechos. El conflicto armado después de haber pasado por nuestras tierras, nos ha dejado sin tierras”.
La verdad también implica reconocer que los pueblos afrodescendientes siguen viviendo la tragedia de la guerra y el despojo de sus territorios. Las economías legales e ilegales se disputan los bienes comunes que antes fueron protegidos por las comunidades. La confrontación se ha incrementado por el accionar de narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y Fuerza Pública que se disputan el control territorial para beneficiarse de sus riquezas. Los megaproyectos siguen siendo una amenaza porque el gobierno nacional insiste en obras como: el Puerto Tribugá o el puerto Charambirá, los proyectos minero-energéticos en todo el Pacífico, la explotación de carbón, entre muchos otros.
Saber la verdad del etnocidio que ha vivido el pueblo afrocolombiano es fundamental para avanzar hacia las garantías de no repetición. La verdad debe permitir que empresarios, políticos, gobernantes y otros actores, reconozcan sus responsabilidades y se comprometan a respetar los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras. Solo si se acepta su autonomía, su autogobierno y los planes de etnodesarrollo, los pueblos negros podrán disfrutar de los derechos que la guerra y la imposición del desarrollo les han negado.
[1] Departamento Nacional de Estadística. Datos del año 2019.
[2] Comisión de la Verdad. El racismo y la discriminación intensificaron la violencia en contra del pueblo negro. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocimiento-verdad-pueblo-negro-racismo-discriminacion-intensificaron-violencia
