Las dos decisiones se produjeron a escasos días de que la Corte Suprema de Justicia en un fallo histórico dejara sin valor los fallos absolutorios proferidos en 1991, a favor de los jefes paramilitares Henry Loaiza Ceballos, alias “El Alacrán”, Diego Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, el mayor (r) del Ejército, Alirio Urueña Jaramillo, y Diego Rodríguez Vásquez. Estas decisiones confirman que la Masacre de Trujillo, al igual que otros crímenes cometidos en la misma época, fue perpetrada por una estructura que funcionaba como aparato organizado de poder en la que miembros de grupos paramilitares, de la policía Nacional y del Ejército actuaban conjuntamente para la comisión de graves delitos y que “ la preponderante posición que ocupan en ellos uno o varios sujetos, los convierte en autores mediatos de los delitos que ejecutan sus miembros”.
En el primer fallo además, el Juzgado, ordenó investigar al paramilitar Henry Loaiza Ceballos, alias “El Alacrán” y al narcotráficante Iván Urdinola, por los mismos hechos por los que fue condenado el mayor Urueña.
En este caso, la condena impuesta, se produjo a raíz de los asesinatos de los hermanos Cano Valencia, Rubel Ider, José Abel, José Dornel y por el trabajador que los acompañaba, Ricardo Burbano Delgado, ocurridos el 23 de marzo de 1990, en la finca La Argelia, ubicada en la vereda La Sonora del corregimiento Andinapolis, del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Ese viernes 23 de marzo de 1990, según cuenta la madre de las víctimas, el mismo grupo de soldados que el martes 20 había estado en su casa, requiriendo a sus hijos, y requisando su casa, los mismos que en la mañana del 23, habían solicitado en préstamo unas cucharas para el almuerzo, las cuales después devolvieron, fueron los que llegaron en horas de la noche, “Por ahí a las ocho, nueve de la noche y luego que termináramos de rezar y apagáramos la luz, entraron derribando de un golpe todas las puertas, asesinando a sangre fría a mis hijos y al trabajador”
Para el juzgado, estos hechos, no se pueden tomar en forma aislada, sino deben leerse a la luz de “la totalidad de las muertes reportadas durante dicho lapso de tiempo, donde las personas eran asesinadas, masacradas, descuartizadas, desaparecidas ubicadas posteriormente flotando en el río Cauca, y que todos estos hechos obedecieron a un solo designio como era la limpieza que se estaba llevando a cabo en dicha zona, específicamente en lo relacionado con acabar con los eventuales auxiliadores de la guerrilla”.
El Juzgado precisó que, no hay que desconocer el papel desarrollado por el jefe paramilitar Henry Loaiza alias el “alacrán”, que según varios testimonios que reposan en el proceso, era el financiador de los grupos paramilitares junto con Diego Montoya e Iván Urdinola, y quienes se reunían en la finca Las Violetas, de propiedad de propiedad de Montoya, con el mayor Urueña para planear los asesinatos. “Nosotros ahí nos dimos cuenta que iban a matar gente a las que señalaban como colaboradores de la guerrilla, y decían que lo que había en la Sonora era el 80% guerrilleros, esto lo decía el ejército que se mantenía por toda la zona y en la finca, entre los que había uno que mandaba allí que no se si era cabo o que, solo sé que hablaba duro y daba órdenes de apellido Urueña y decía riéndose que tenían que ir a matar a todos esos h. guerrilleros”
De igual forma indican los testimonios, que el mayor Urueña era quien dirigía las torturas, y las hacía “colocándoles a las víctimas un chorro de agua con manguera en la nariz y en la boca y luego las metía en un costal, utilizando soplete para tales torturas e incluso motosierra para darle muerte a los campesinos aprehendidos”
Orden de captura contra teniente José Fernando Berrio
Los cientos de asesinatos cometidos en la época, que tienen carácter de delitos de lesa humanidad, por su carácter de sistematicidad y generalidad, fueron ejecutados, no solo por el Ejército, en la parte rural, sino también en las zonas urbanas con participación de la policía nacional, motivo por el cual, la Fiscalía 17, decidió ordenar la captura, del comandante del puesto de Policía de Trujillo, Teniente José Fernando Berrio Velásquez.
A este funcionario público se le vincula al proceso específicamente por la desaparición de dos hermanos y un trabajador de profesión ebanistas, Hervey y José Erley Vargas Londoño y José Alirio Granada Vélez quienes, por los mismos días de los asesinatos cometidos en la parte rural, 2 de abril de 1990, fueron obligados a salir de su taller, ubicado en la esquina de la plaza principal de Trujillo, a escasos metros donde funcionaba la estación de policía, por un grupo de hombres que se transportaban en un campero Toyota, azul oscuro con cabina blanco, quienes, minutos antes habían retenido en otra ebanistería cercana, a José Agustín Lozano Calderón y a Orlando Vargas Londoño, éste último hermano de Hervey y José Erley
Según uno de los testigos que participó en los hechos “a estas cinco personas retenidas en Trujillo, las sometieron al mismo proceso de tortura y muerte que a los retenidos el día anterior, en la finca ubicada entre Salónica y Andinápolis”, participando en estos hechos el mayor Urueña, Diego Montoya, Henry Loaiza y alias “el Tío”.
Para la Fiscalía es claro que durante el tiempo que Berrio Velásquez fungió como comandante de la estación de policía – entre el 29 de agosto de 1989 y el 24 de mayo de 1990 – “la violencia desatada en el municipio de Trujillo –Valle – cobró la vida de varias personas y la desaparición de otras, trágico balance presuntamente facilitado por la actitud indiferentes y permisiva de la autoridad policial local.”
De modo que pese a los deberes que el cargo le imponía y a la situación de violencia que imperaba en el municipio, el procesado Berrio Velásquez “se sustrajo a sus obligaciones y permitió con su actitud omisiva que actores armados campearan sin Dios ni ley en la localidad” permitiendo incluso – como lo reseñan las diligencias, “Que hombres a su mando actuarán en connivencia con la horda criminal que mantenía atemorizada la población, bajo la mirada cómplice de quien tenía el deber constitucional de evitarlo”.
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Para el Colectivo de Abogados y los familiares de las víctimas, estas decisiones constituyen un importante paso en la obtención de justicia y el esclarecimiento histórico de los hechos violentos de Trujillo. Se espera que nuevas decisiones se produzcan, pero sobre todo, que se adopten medidas urgentes e inmediatas para evitar que hechos similares sigan ocurriendo en el departamento del Valle. Esa es la esperanza y exigencia de los familiares de las aproximadamente 342 víctimas, quienes se reunieron el pasado fin de semana en un espacio para dignificar la memoria de las víctimas, entre ellas la del padre Tiberio Fernández Mafla, asesinado el 19 de abril de 1990.
